La imitación de la ley de Ficha Limpia
La sociedad argentina se encuentra hastiada al observar que, en la conformación de las listas de los partidos políticos para las diferentes candidaturas propuestas en las elecciones generales, se encuentran alistados algunos candidatos que han sido procesados y/o están en vías de afrontar procesos judiciales, por haber participado en graves hechos de corrupción.
Ante situaciones similares, el gobierno de Brasil aprobó en mayo del 2010 una ley mediante la cual impide a los condenados en dos (2) instancias judiciales presentarse como candidato de un determinado partido político. Del mismo modo, la mencionada norma impide postularse para ocupar cualquier cargo público. En la iniciativa mencionada, su autor (el juez Dr. Marlon Reis) impulsó el proyecto gracias al apoyo de 1.300.000 firmas de brasileños que respaldaron la iniciativa parlamentaria. Para Brasil, y a partir de febrero de 2012, la ley fue considerada constitucional, validada mediante dictamen de la Corte Suprema Federal de ese país. A decir verdad, esta herramienta legislativa se convirtió en un búmeran para el expresidente Lula Da Silva porque él mismo apoyó su sanción y en la actualidad la ley apunta en su contra.
Por ello, el hecho de copiar lo bueno, provechoso, prudente y considerado no nos debería afligir a los argentinos, por lo contrario, deberíamos imitar el ejemplo del vecino país.
En nuestra República se reclama a voz viva practicar gestos políticos concretos que induzcan a la transparencia de la función pública y la sanción de una norma similar a la ley brasileña, que generaría la oxigenación necesaria dentro del sector político. Con la aplicación de la norma solamente accederían al poder candidatos más probos y menos corruptos. A la ley de Ficha Limpia, como se la denomina popularmente, habría que adicionarle un ESI (examen de suficiencia intelectual) con el que un candidato a diputado nacional o senador debería acreditar acabados conocimientos sobre Historia Nacional y Derecho Civil, posibilitando el desempeño idóneo de la función, lo más criteriosamente posible.
Por último, el temor a la imitación no nos debería coartar la posibilidad de disponer de una herramienta legislativa que permita al gobierno de turno jerarquizar la difícil tarea de legislar eficientemente, sin generar sospechas en una sociedad cuya desconfianza -hacia sus representantes- se presenta en forma permanente, continua y generalizada. Ello no la exime de que accedan al poder personas corruptas, pero al menos no podrían hacerlo aquellos ciudadanos que ya hayan sido procesados. En la Comisión de Justicia del Congreso nacional -con muy buen criterio- se consideró un proyecto similar al de Brasil pero lamentablemente, debido al tiempo transcurrido, ha perdido su estado parlamentario.
*Docente, exconcejal del PJ en Viedma
