La intriga

Por FERNANDO BRAVO

rionegro@smandes.com.ar

Difícil imaginar intrigas tecnológicas en el Concejo Deliberante de una ciudad que orilla las 30.000 almas, en la bucólica tranquilidad de un valle rodeado de bosques, cerros y cascadas. Pero ocurren.

Por cierto, no se trata de espionaje sofisticado ni artilugios holliwoodenses. No hay individuos con camaritas en el nudo de la corbata, ni cigarreras que se convierten en un deslumbrante aparato analizador de claves.

La confección del estatuto del empleado municipal, del nuevo reescalafonamiento y sus normas anexas, fue tarea de largo aliento en San Martín de los Andes, no exenta de presiones y un cierto caos de procedimiento.

Es un texto de 40 carrillas y 163 artículos, a los que se agregan simulaciones sobre salarios, estudio y compilación de las normativas precedentes para su readecuación. Tal fárrago fue analizado en poco menos de un año, con marchas y contramarchas.

Tanto es así, que las modificaciones sobre el texto se hacían sin tiempo para una transcripción definitiva que recogiera los cambios, conforme avanzaban las negociaciones entre Ejecutivo, Legislativo y municipales.

Por ese motivo, los miembros de la mesa se encontraban por momentos con copias distintas entre sí; unas conteniendo artículos que no habían sido incorporados a las otras, e incluso algunos que ni siquiera habían sido tratados por el pleno de los negociadores. Ante semejante «Babel» se imponía el orden.

Días antes de su tratamiento final y durante varias horas, los paritarios se ocuparon de peinar cada artículo hasta volcar todos a un documento único.

Ese escrito fue puesto en un archivo de la computadora del asesor legal del Concejo Deliberante y, desde ese momento, todo nuevo cambio era incluido en él, como documento base.

A estas alturas, conviene señalar que el abogado es, previo concurso, director del Digesto Municipal; proviene del MPN y se desempeña a la vez como asesor del Concejo, cobrando por esa función añadida una bonificación. El nombramiento como asesor se hizo en 2004, por ordenanza particular del Deliberante.

En las normativas anexas que consagrarían al nuevo estatuto y escalafón, como se apuntó, debía incluirse la derogación de varias disposiciones precedentes, para su posterior readecuamiento. Entre ellas, los adicionales por función.

El caso es que la ordenanza que designó al asesor nunca fue tratada durante las negociaciones y, en consecuencia, no figuraba en el listado a derogar.

Pero a horas de la sesión especial que trataría el estatuto, manos anónimas se metieron en la red informática del Concejo y accedieron al disco que contenía su copia fiel y unificada. Incluyeron, sin consentimiento del Legislativo, la ordenanza de nombramiento del asesor Guillermo Calvo, que de él se trata…

Era apenas un número de cuatro dígitos y una barra inclinada seguida del año de aprobación. ¿Quién podía advertir ese detalle entre millares de caracteres? Por cierto, no los concejales, que aprobaron el texto y, así, dispusieron el cese de funciones de Calvo sin saberlo.

Para algunos, la derogación está bien por tratarse de una bonificación que debe readecuarse a la luz del nuevo estatuto. Para otros, se necesitaba un explícito consentimiento para derogar una ordenanza particular. Para todos, la intrusión en los archivos informáticos y la modificación de un proyecto de ordenanza sin conocimiento de los ediles, es un hecho grave. Y trascendió porque Calvo, de buenas a primeras, se encontró cesado.

De seguro habrá una investigación administrativa, pero cabe preguntarse si no habrá otros «cambios» desconocidos en esa norma o en cualquier otra… ¿Menuda intriga, verdad?