La Justicia controvertida

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Quienes hemos dedicado nuestras vidas a la actividad judicial en sus distintos fueros –en mi caso 42 años– no podemos dejar de sentirnos afectados por la total descalificación de los jueces y del Poder Judicial en todas sus instancias recientemente a raíz de la confrontación del gobierno con el Grupo Clarín (ley de Medios) y las absoluciones en la causa vinculada con la desaparición de Marita Verón. Se imputa corrupción y/o captación de los jueces por el poder político, por los grupos de poder económico o por las mafias vinculadas con la trata, el narcotráfico o los negociados ilegítimos. La creación de los consejos de la Magistratura tanto en el orden nacional como en la mayoría de las provincias no parece haber mejorado la calidad institucional, por lo que muchos propician la designación de los jueces por voto popular y/o la concreción de los juicios por jurados, contemplados en la Constitución nacional desde 1853. Debo admitir que algo de lo que se afirma es real, pero no puede generalizarse para descalificar radicalmente a un poder del Estado cuya independencia y efectividad son decisivas para la vigencia de una auténtica democracia. Desde mi ingreso a la Justicia, cuando las remuneraciones no eran altas, el dinero fluía en la profesión libre y no había tanta plétora de abogados, he convivido con muchos jueces vocacionales y comprometidos con la defensa de los derechos, aun durante regímenes militares, que dedican sus vidas a tales nobles designios. En cuanto a los mecanismos para la designación de los magistrados, juzgo que ningún sistema garantiza un buen resultado: todo depende de la buena fe de los operadores. Lo más importante en los juicios es la dilucidación de las cuestiones fácticas (los hechos), que se deriva de la apreciación de las pruebas (generalmente contradictorias o insuficientes), cometido que no puede derivarse a personas sin la preparación técnica y científica suficiente o cuya imparcialidad y honestidad no resulten asegurables (tal el caso de los jurados compuestos por ciudadanos comunes elegidos al azar), fácilmente manipulables por la habilidad estratégica de los abogados de la acusación y de la defensa. La increíble comisión de delitos graves cuyo incremento se percibe diariamente con la lectura de los periódicos y en los noticieros radiales y televisivos genera indignación y la exigencia popular de que a cada crimen se responda con condenas ejemplares, y si los condenados son realmente culpables, mejor. En mi experiencia personal, el poder político siempre ha intentado influir en la designación de magistrados, pero por la participación de las “corporaciones” de jueces y abogados del foro muchas veces se han compensado las presiones derivando en la promoción de funcionarios aptos, sobre todo cuando se han valorado adecuadamente los antecedentes de desempeño en la carrera judicial (que muchos descalifican pero que en la práctica dan validez al dicho “en la cancha se ven los pingos”): quien ha sido un buen secretario, defensor, fiscal o juez de primera instancia muy probablemente será un buen juez de cámara. En Neuquén, por la composición del Consejo de la Magistratura –conforme el proyecto Prieto– la Asociación de Magistrados está excluida, por lo que sólo deciden los abogados del foro y los representantes de la Legislatura (¿corporaciones?), entre los que suelen prevalecer personas vinculadas con el partido gobernante. Se dice que los jueces “no pueden gobernar” impidiendo la vigencia de leyes sancionadas por el Congreso elegido democráticamente. La Justicia no puede entrar a evaluar los criterios de conveniencia y oportunidad tomados en cuenta por el Poder Legislativo al dictar sus leyes, pero sí debe juzgar en la medida en que se afectan derechos constitucionales o supraconstitucionales, tales como los tratados y convenciones internacionales a los que ha adherido la Nación. El control de constitucionalidad es la función primordial del Poder Judicial. ¿Podemos ignorar que lo relativo a la ley de Medios tiene que ver con la confrontación política entre el gobierno y el llamado Grupo Clarín? ¿Que la delincuencia tiene relación directa con la falta de empleo e inclusión social de los jóvenes y adolescentes, así como con la ludopatía (promocionada con la constante habilitación de casinos a lo largo del país), el narcotráfico y la trata de personas, que provienen –en buena medida– del exterior y no son eficazmente reprimidos por las fuerzas de seguridad? ¿Que las cárceles están sobrecargadas y no ejercen ningún tratamiento de rehabilitación social, capacitación o asistencia pospenitenciaria para evitar la reincidencia? Concluyo que no debemos demonizar a los jueces por consecuencias de circunstancias políticas y sociales que los exceden, que debemos procurar “despolitizar” la Justicia, proveerla de medios técnicos y científicos adecuados y sostener que ningún magistrado debe decidir teniendo en miras satisfacer a la opinión pública aunque las pruebas carezcan de entidad suficiente. La situación caótica que vivenciamos diariamente no es imputable a la Justicia sino viceversa. (*) Excamarista civil. Neuquén

LORENZO WALDEMAR GARCÍA (*)