La Justicia deberá analizar el reclamo por la suba de tarifas eléctricas

BUENOS AIRES (DyN).- La Justicia tendrá que atender el reclamo del defensor del Pueblo de la Nación para frenar el aumento en las tarifas de electricidad, según se deriva de un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ratificó la legitimidad del «ombudsman» para representar a los afectados.

Para la Cámara, no hay dudas de que la Defensoría del Pueblo está habilitada para accionar en nombre de los afectados porque las resoluciones impugnadas «habilitan el incremento del costo de la energía eléctrica para usuarios residenciales y aprueba los valores de los nuevos cuadros tarifarios de las empresas Edenor, Edesur y Edelap».

«La cuestión sustancial se relaciona con un aspecto sustancial de los derechos de los usuarios del servicio público de la distribución de energía eléctrica, tal como es lo atinente al valor de la tarifas», razonó el tribunal.

De esta manera, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dio tierra con la resolución que había dictado el miércoles pasado la jueza subrogante Cecilia Gilardi de Negre y que había generado la indignación del defensor Eduardo Mondino.

Hace diez días, el Estado nacional dispuso los aumentos en las tarifas eléctricas que, en algunos casos harían llegado a más del mil por ciento, según denunció la Defensoría en la Justicia, tras calificar a los aumentos de «arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de justicia contenidos en la Constitución Nacional».

La Defensoría exigió que se impidiera a las empresas cortar la energía ante la falta de pago y pidió la nulidad de las resoluciones 1169/08 y 745/05 de la Secretaría de Energía, y sus modificatorias 797/08, 1170/08 y las 628/08 y 654/08 dictadas por el ENRE (Ente Nacional Regulador de Electricidad)», tras entender que esas normas generan «facturaciones que contienen valores irrazonables desde el punto de vista económico».

Pero la jueza Gilardi rechazó el amparo al desconocer la legitimidad del «ombudsman» para plantear una acción colectiva a favor de todos los usuarios porque sólo se estarían afectado a una parte de ellos. Ahora, sin resolver el fondo de la cuestión, los camaristas dieron el aval a la Defensoría para intervenir.