La Justicia prohíbe usar locales públicos para el referéndum catalán

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó ayer a la Policía que impida la utilización de locales públicos para los preparativos del referéndum soberanista unilateral previsto para el domingo en esa región de España y que los cierre ese día.

La magistrada que instruye las querellas interpuestas contra el Ejecutivo de la región española por la convocatoria y organización de la consulta acordó en un auto al que tuvo acceso DPA “adoptar todas las medidas que impidan la consecución del referéndum”, cuya celebración fue prohibida “de facto” por la Justicia española.

Por su parte el líder regional de Cataluña, Carles Puigdemont, declaró ayer que las medidas de las autoridades de Madrid contra el referéndum independentista sólo servirán para aumentar la concurrencia. En una entrevista con la AP, Puigdemont criticó a la Comisión Europea, acusándola de prestar “oídos sordos” a los anhelos de los catalanes por realizar la consulta.

La jueza pidió que se impida usar locales públicos para la preparación de la votación y ordenó su cierre a partir del 1 de octubre, incluyendo aquellos “que se utilicen como infraestructura logística” durante esa jornada.

“También se requisará todo el material que estuviera en disposición de introducirse o fuera habido dentro de dichos locales o edificios”, dispuso la magistrada en su escrito. La jueza ordenó, además, a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía catalana
–los Mossos d’Esquadra– “actuar conjuntamente para el cumplimiento de lo ordenado”.

Con este auto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asume la investigación sobre el referéndum catalán. La magistrada ordenó a la Fiscalía “cesar en las diligencias, actuaciones e instrucciones” relacionadas con la consulta. El ministerio público había ordenado el martes a la Policía el precinto de las sedes de votación.

Los locales electorales están en el punto de mira a tres días de la fecha fijada por el Gobierno regional de Cataluña para la celebración de un referéndum unilateral sobre la independencia cuya convocatoria fue anulada recientemente por el Tribunal Constitucional a instancias de un recurso interpuesto por el Gobierno español de Mariano Rajoy.

A raíz de la orden de precinto por parte de la Fiscalía, los Mossos d’Esquadra advirtieron de posibles consecuencias de “seguridad ciudadana” y “riesgo de alteraciones del orden público”. Así lo trasladó el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, al fiscal superior de Cataluña y así lo expresó posteriormente el cuerpo de seguridad en su cuenta de Twitter.

El líder regional de Cataluña, Carles Puigdemont, dijo que las medidas contra el referéndum sólo servirán para aumentar la concurrencia.