La Justicia se defiende
Parecería que se han equivocado los convencidos de que los jueces suelen procurar congraciarse con el gobierno de turno homenajeándolo con fallos amistosos o archivando causas que podrían perjudicarlo, como las vinculadas con el crecimiento asombroso del patrimonio de la familia Kirchner. Según la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Poder Judicial es una “corporación”, una que, para más señas, debería ser “democratizada” para que se reconcilie con “la sociedad”. La burda simplificación así supuesta preocupa tanto al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que se sintió obligado a recordarle que “no somos una corporación sino un poder del Estado, porque no defendemos intereses personales sino que defendemos las libertades de los ciudadanos frente a los poderes económicos y los otros poderes del Estado”. En términos generales, Lorenzetti estará en lo cierto, pero es poco probable que su intento de reivindicar la autonomía de la Justicia cambie la postura de Cristina. Aunque la filosofía política de la presidenta es corporativista, ella sabe que, para sus seguidores, la palabra “corporación” tiene connotaciones tan negativas como “establishment”, “oligarquía” o incluso “sinarquía”, de suerte que la emplea para descalificar a quienes quiere desprestigiar, dando a entender que son integrantes de una especie de asociación ilícita conspirativa. Sea como fuere, no cabe duda de que, gracias a Cristina, se ha puesto de moda la idea de que es urgente “democratizar” el sistema judicial del país, lo que, de acuerdo común, supondría importar la práctica netamente anglosajona del juicio por jurado que se ha visto popularizado por Hollywood. El que Cristina, que hace poco se ensañó con Papá Noel porque “no es un personaje nuestro sino uno trasplantado a nuestra cultura”, en su opinión por los imperialistas yanquis, se haya transformado en la impulsora más destacada de reformas drásticas destinadas a hacer más anglosajón el esquema judicial nacional puede parecer un tanto sorprendente, pero por lo menos refleja cierta amplitud de miras. Con todo, la experiencia ajena sugiere que no serviría para incrementar el poder del “pueblo” en desmedro de aquel de los jueces, que siempre tendrían la última palabra ya que en el Reino Unido y Estados Unidos la influencia de “la corporación judicial” es llamativamente mayor de lo que es en nuestro país. De todos modos, el gobernador bonaerense Daniel Scioli se las ha arreglado para madrugar a Cristina, puesto que la Cámara de Diputados de su jurisdicción acaba de dar media sanción a un proyecto de ley para institucionalizar los juicios por jurado pleno, convirtiéndose así en el pionero de la “democratización” deseada por la presidenta. En todas las democracias es normal que a veces el Poder Judicial ponga obstáculos en el camino del Ejecutivo, realidad que un juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, dice creer inadmisible porque, a diferencia de éste, no es “un poder directamente elegido por el pueblo”, lo que es un disparate porque supondría que, una vez legítimamente elegido, un gobierno no tendría por qué preocuparse por la legalidad. Si bien cualquier gobierno que cuente con la colaboración del Poder Legislativo puede modificar las leyes e incluso la Constitución, hacerlo tiene forzosamente que ser un proceso muy engorroso porque de otro modo no habría diferencia alguna entre una democracia cabal y una dictadura electiva. Que en ocasiones los gobernantes se sientan exasperados por las trabas jurídicas es con toda seguridad natural pero, por ser la alternativa tan peligrosa, sería claramente mejor que se resignaran a que, en una democracia pluralista, los tiempos de la Justicia sean aún más lentos que los del Poder Legislativo, para no hablar del Ejecutivo que, cuando lo domina por completo una sola persona, podría caer en la tentación de introducir cambios revolucionarios de un día para otro sin verse constreñido a consultar con nadie. Por fortuna, el riesgo de que ello ocurra aquí no es muy grande: el clima político ha cambiado tanto a partir de las elecciones de octubre del 2011 que es más que probable que las embestidas furibundas de la presidenta en contra de la “corporación judicial” resulten contraproducentes desde el punto de vista de un gobierno que, a juzgar por las encuestas de opinión, ha optado por divorciarse de la sociedad.
