La mala hora de Felisa

Para muchos, habrá venido como una bocanada de aire fresco la condena, todavía provisional ya que aquí la Justicia se mueve con lentitud exasperante, a cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación para ocupar cargos públicos que acaba de recibir la exministra de Economía Felisa Miceli. Por lo común, los funcionarios o exfuncionarios que se ven acusados de corrupción disfrutan de impunidad mientras la facción política en que militan siga en el poder, lo que, como es natural, los hace partidarios entusiastas de una reforma constitucional que elimine los obstáculos a una hipotética re-reelección, pero parecería que las pruebas en contra de Miceli eran tan contundentes, y los argumentos esgrimidos por sus abogados defensores tan flojos, que los jueces del Tribunal Oral Nº 2 no tuvieron más alternativa que coincidir con los fiscales que, por su parte, no querían ser demasiado severos con la exministra puesto que carecía de antecedentes penales. Asimismo, a pesar de las características grotescas del caso, que comenzó el 5 de junio del 2007 cuando en el baño de su despacho ministerial fue encontrada una bolsa que contenía 100.000 pesos y 31.670 dólares –fondos de “origen espurio” según el Ministerio Público Fiscal–, Miceli no es considerada una corrupta “emblemática” sino más bien una víctima de la cultura política imperante en el gobierno kirchnerista, una que, por ingenuidad, no entendía que le convenía proceder con cautela porque estaba rodeada de personas que no vacilarían en ocasionarle problemas. Al fin y al cabo, no sólo aquí sino también en el exterior, se ha difundido la convicción de que el gobierno actual está entre los más corruptos de la historia nacional, equiparable en tal sentido con el encabezado por el presidente Carlos Menem, de suerte que sería de suponer que muchos otros funcionarios deberían de terminar entre rejas pero que, hasta ahora, no han cometido errores tan garrafales como el perpetrado por Miceli al ocultar en el baño de su despacho una cantidad notable de dólares más un “ladrillo” termosellado de pesos procedente de una financiera que pronto estaría bajo investigación por lavado de dinero. A menos que tanto la opinión pública local como los especialistas de organismos como Transparencia Internacional se hayan equivocado por completo, la condena de Miceli por “encubrimiento agravado” de una presunta maniobra financiera ilícita, “sustracción y ocultamiento de un documento público” y otros delitos, distará de ser la última. Desde antes de que Miceli se incorporara al gabinete del entonces presidente Néstor Kirchner, el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, está procurando explicar cómo se las ha arreglado para vivir llamativamente mejor de lo que le hubieran permitido sus ingresos formales. Otro “emblemático” a juicio de la opinión pública es el vicepresidente Amado Boudou, un personaje cuyos esfuerzos por desvincularse del caso de la ex-Ciccone no le han servido para mucho pero que cuenta con el firme aval de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además de tratar de convencer a los jueces de que el dinero encontrado era suyo y que se proponía usarlo para una operación inmobiliaria, Miceli intentó presentarse como víctima de personajes que no respetaban el derecho a la intimidad. Si bien la maniobra no prosperó, parece evidente que sí fue víctima de algo, aunque sólo fuera de la interna gubernamental en la que, mal que le pesara, desempeñaba un papel. Después de todo, alguien habrá tenido que informar a los efectivos de la Brigada de Explosivos que sería de su interés irrumpir en el baño del despacho de la ministra. Aunque no encontraron lo que presuntamente buscaban, el operativo tendría repercusiones que seguirían haciéndose sentir durante varios años. Por cierto, la evolución de este caso bastante raro ha de ser motivo de viva preocupación entre los integrantes del gobierno de Cristina. Muchos sabrán que en cualquier momento podrían compartir el destino de la exministra a causa de la “deslealtad” de un subordinado. También sabrán que en adelante “la corporación judicial” denostada por la presidenta podría negarse a dar el beneficio de la duda a funcionarios jerárquicos en apuros, rompiendo así con una larga tradición que, al crear un clima de impunidad en el medioambiente gubernamental, ha contribuido mucho a estimular la corrupción.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.031.695 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Lunes 31 de diciembre de 2012