La necesidad de diversificar la matriz argentina

Por José Brillo (*)

La pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas paralizaron las economías del mundo y redujeron sensiblemente la demanda de energía, alterando los procesos productivos y los flujos de suministro. El precio del petróleo tocó mínimos históricos y la demanda se redujo un 30% promedio, de los 100 millones de barriles por día pasó a menos de 70 millones.

Los recortes acordados por la OPEP de casi 10 millones de barriles por día no dieron resultados. Los compradores de barriles a futuro pagaban para sacarse el petróleo de encima. El WTI cotizó a valores negativos, algo sin precedentes en la historia del petróleo.

Y esto se trasladó por efecto dominó a inversores, financistas, operadores, refinadores, empresas de servicios, a las naciones y regiones productoras, afectando a toda la cadena laboral, impositiva y tributaria. “La crisis del petróleo implica la crisis de todo el paradigma energético que depende del petróleo”, escribió Daniel Montamat. Y yo agrego algo que escuché una vez: “hay que cambiar todos los días para permanecer vigente”.

En 2018 nuestra matriz energética nos marcó, como ha sido una constante en la Argentina y lo es hoy aún, el predominio del gas, el petróleo y en menor medida el carbón, es decir los recursos fósiles, con un 63,8%, luego con un 29,1% la energía hidráulica, la energía nuclear con un 4,7% y finalmente las renovables, solar y eólica, que ya en ese año comenzaban a aparecer con un 2,4%; en 2015 las renovables sólo registraban un 0,7% de la matriz.

La Ley 27.191 del Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía y sus disposiciones complementarias se sancionaron con la vocación de llevar adelante una verdadera reconversión de la matriz energética de la Argentina.

La estructura técnica y política de la energía renovable en la Argentina y en las provincias ha sido y es de una probada jerarquía. Se dio una organización por regiones para que a cada provincia le correspondan contratos en el SIN o prioridades de despacho.

El gobierno provincial, en una clara definición del gobernador Omar Gutiérrez, adhirió a la ley nacional, a través de la Ley 3108 y benefició con la totalidad de las facilidades impositivas a los proyectos.

Nos hemos propuesto metas concretas, llegar en 2018 a alcanzar el 8% de energías renovables en la matriz energética nacional. Lo logramos más tarde, pero en el 2019 deberíamos haber certificado un 12% y todavía no lo concretamos. La meta establecida en la ley es llegar en 2025 a un 20%.

Como resultado del contexto macroeconómico y de restricciones cambiarias y de financiamiento que caracterizaron al 2019, de los 5,02 GW correspondientes a parques solares y eólicos que fueron adjudicados en RenovAr y que recibieron prioridad de despacho en Mater, 1,89 GW, alrededor de un 36%, están sin construirse y con los plazos y obligaciones comprometidas.

Esto impidió que cumpliéramos con las metas establecidas en el 2019 y años subsiguientes, y además, estos proyectos que suman 1.500 MW de capacidad contratada, están obstaculizando la entrada al SIN de otros proyectos por falta de capacidad de las líneas eléctricas, actuando como verdaderos “proyectos tapones”.

La nueva gestión al frente de la Dirección Nacional de Energías Renovables dará un nuevo ímpetu al reimpulso de esta verdadera política de Estado. A mi entender hay varias tareas que llevar a cabo a la brevedad y que ya se comenzaron a realizar.

1.- Renegociar con las empresas adjudicatarias de los proyectos eólicos y solares adjudicados en las subastas de RenovAr 2 y Mater que no pudieron iniciar la construcción y cumplir con obligaciones y plazos. Suman 1.500 MW.

2.- Redefinir las regiones para licitar. Neuquén y Río Negro en la Región Comahue tienen infraestructura y líneas de alta tensión, producto de sus centrales hidroeléctricas. No es justo integrarlas a Córdoba y San Luis, perdiendo genuinas ventajas competitivas.

3.- Un aspecto favorable es el Mercado Eléctrico Chileno, que se encuentra lindante a Neuquén. Nos unen 600 km de frontera, ocho pasos fronterizos, una cordillera de baja altura y estamos a sólo 200 km de cualquier subestación transformadora del vecino país, frente a una distancia de 1.600 km a Buenos Aires y su zona de influencia y sin líneas eléctricas. Chile ha programado sustituir 5.000 MW de sus centrales a carbón por energías limpias, antes del 2025. Ha llegado la hora de exportar energía eléctrica desde Neuquén.

El mayor uso de las energías renovables solamente puede aportar beneficios para la sociedad y para el planeta. La Unión Europea ya contempla para el 2050 sustituir un 70 % de las energías actuales provenientes de recursos fósiles por energías limpias, renovables. Se plantea, también, la construcción de edificios y viviendas con generadores de energía, principalmente paneles solares. Así como también la creación de extensas y variadas redes eléctricas para alimentar vehículos eléctricos, el transporte público y de pasajeros e incluso el de cargas. Estas políticas cierran por todos lados, en la preservación del ambiente, en la eliminación de los gases tóxicos y los ruidos, con impactos favorables en costos y mantenimiento.

Esta diversificación, no significa dejar de utilizar otros combustibles ni reducir el protagonismo de estos recursos para Neuquén. El gas natural, para uso en calefacción de toda índole, doméstica o industrial, es insustituible, los combustibles en el sistema aéreo y de transporte pesado, también.

Para los próximos 30 años Vaca Muerta, así como otras cuencas convencionales ya en producción, ponen al país en una situación de privilegio a nivel mundial que no puede ser desaprovechada como recurso y herramienta para impulsar el desarrollo del país y la sostenibilidad de su economía.

La diversificación de la matriz energética nos permitirá contar con mayores y diversas fuentes energéticas, dejar de ser rehenes de maniobras especulativas y coercitivas que afectan nuestros grados de libertad, nuestros intereses y también nos permitirá seguir disponiendo de recursos genuinos.

(*) El autor es el presidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén (ADI-NQN).