La Policía de Catriel tuvo ilegalmente detenido al periodista
Los efectivos desobedecieron una orden judicial que podría tener sanciones. Además alegaron que la víctima se autolesionó en la cárcel.
Uno de los efectivos sigue trabajando en la Comisaría Novena de Catriel
El joven trabajador de prensa que fue salvajemente golpeado por la Policía el último fin de semana en Catriel accedió el miércoles al sumario de la contravención. Después confirmó dos datos que revisten gravedad institucional: los suboficiales desobedecieron una orden judicial y lo mantuvieron privado de su libertad de manera ilegal.
Surge del sumario que la jueza de Paz de Catriel Georgina Garro ordenó la libertad del muchacho esa misma madrugada, dos horas después de la detención. Sin embargo el periodista estuvo en el calabozo, incomunicado, hasta pasado el mediodía del domingo. Incluso lo presionaron para que borrara una grabación tomada con su celular.
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Pero eso no es todo, trascendió que en el informe de la policía alegaron que la víctima se autolesionó mientras estaba privado de su libertad. Para eso pusieron como testigo a otras personas demoradas en sede policial.
El Código Penal establece que será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. De allí se concluye que una detención sin el aval de un juez o jueza deviene ilegal.
Sin embargo los miembros de la Comisaría Novena también podrían enfrentar otros delitos como el de desobediencia a una orden judicial (por no liberarlo cuando dio la orden la jueza de Paz) y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La víctima analiza constituirse en querellante con un abogado particular.
El fiscal Matías Stiep, que entiende estas causas se comunicó en las últimas horas con el joven para saber si tuvo contacto con la Oficina de Asistencia a la Víctima (Ofavi), algo que aún no ocurrió.
El caso, sumado a otro de Cinco Saltos, desató una polémica en torno a la política institucional de la fiscalía respecto de la violencia policial. Se supo, de fuentes oficiales, que este año el fiscal Matías Stiep recibió 52 denuncias por casos que involucran a la fuerza. Sólo dos enfrentaron audiencia con un juez o jueza. Es decir hay 50 denuncias paradas y muchas de ellas podrían estar archivadas.
El padre del adolescente que fue golpeado en febrero por la Policía de Cinco Saltos confirmó que su denuncia es una de las archivadas. En ese procedimiento al joven le fracturaron la mandíbula y le hicieron perder piezas dentarias. Hace dos semanas, el mismo chico fue objeto de golpes y patadas por “disturbios” en un boliche.
Un familiar lo acompañó a los tribunales y consiguió que el juez Marcelo Gómez librara una orden judicial para que la Policía de Cinco Saltos cesara con el hostigamiento en su contra.
Esa audiencia fue tensa, hubo acusaciones cruzadas entre el fiscal Stiep y el titular de la comisaría y se advirtió inactividad de la defensoría de menores y de la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf), organismo que también recibió un oficio del juez Gómez para que respondiera las solicitudes de la fuerza policial cuando hay procedimientos con niños, niñas y adolescentes. El jefe policial aseguró que la Senaf demora hasta dos horas en presentarse.
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