La propaganda política quedará sin control

REFERENDUM

La abundante propaganda política observada en los medios de prensa antes del referéndum del último domingo no se ajustó a los requerimientos aplicados en cualquier otra elección y todo indica que quedará exenta de cualquier control.

La gran mayoría de los avisos por el “si” y por el “no” a la revocatoria del ex intendente Omar Goye fueron anónimos.

Sólo el Frente Grande y el PJ firmaron algunos de los spots difundidos por tevé, pero el resto de la propaganda alusiva al referéndum en radios, sitios web, televisión y páginas completas en diarios locales no tenía dato alguno sobre el contratante.

Desde la Junta Electoral Municipal explicaron que la fiscalización le corresponde a la Justicia Electoral de la provincia. Estimaron que la propaganda debería ajustarse a las estrictas reglas que fija la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Pero ocurre que no hay constancia alguna de que algún partido haya sido el que pagó por los avisos. Pudo ser un particular, un gremio, un organismo público o cualquier entidad de otro tipo.

La incertidumbre fue alimentada por el propio Goye, cuando en declaraciones formuladas tres días antes del referéndum acusó al gobierno provincial de haber descargado 1.500.000 pesos para promover el votor por el “si”. No aclaró si ese dinero fue destinado a la campaña publicitaria o a otros usos.

Un dato recogido por este diario dio cuenta de que los espacios contratados para el “si” en distintos medios demandaron una inversión inicial de 30 mil pesos, que podría haberse engrosado algo más en los últimos días.

La secretaria electoral de la Justicia provincial, Ana María Brunello, explicó que en una campaña normal, con candidaturas en juego, cada partido debe presentar luego una rendición de ingresos y gastos.

Pero en el referéndum las cosas son diferentes, porque no hay partidos inscriptos ni apoderados que deban rendir cuentas. De hecho, Goye debió solicitar una excepción para colocar veedores en los lugares de votación porque no tenía partido alguno que lo avale.

Brunello dijo que no le constaba la existencia de propaganda política anónima y que sólo iniciaría una investigación en el caso alguna denuncia sobre esa materia.

También Mariana Bettanin, delegada local de la Afsca, dijo que no hubo un seguimiento expreso de ese organismo sobre los espacios contratados en los medios audiovisuales, como sí lo han realizado en ocasión de elecciones nacionales.

La ley provincial 2.431 (código electoral y de partidos políticos) impone reglas sobre la duración de las campañas y también fija un límite para el gasto, que no podrá exceder de 2 pesos por cada elector empadronado.

También establece una herramienta que sería de utilidad en caso de que la Justicia decida indagar sobre el origen de la propaganda registrada en esta ciudad a propósito de la revocatoria de Goye: el artículo 92 dice que “todo medio radial, gráfico o televisivo tendrá la obligación de brindar la información que le sea requerida por el Tribunal Electoral sobre propaganda política”.

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