La respuesta del gobierno ante la represión de los manifestantes en Nahueve

El presidente de ADI Neuquén, José Brillo especificó que intenta devolver la tranquilidad a esa zona donde se realizan los trabajos para construir la represa multipropósito. Dijo que los ambientalistas deben atenerse a lo que resolvió la justicia ante el amparo que presentaron.

“Como dicen los ambientalistas, soy el responsable de la obra y voy a cumplir con esa responsabilidad porque tengo que tener la obra terminada en tres años”, fue la respuesta del presidente de la Agencia de Desarrollo de Inversiones (ADI-NQN), José Brillo.

El funcionario expresó que está tratando de llevar “a la normalidad a Villa Nahueve” tras la represión policial que realizó el grupo especial GEOP para desalojar a los manifestantes que acampaban en inmediaciones de un puente en oposición  a las obra de la represa que se instalará allí.

14 personas fueron detenidas esta tarde, al finalizar el operativo de las fuerzas de seguridad.  

Brillo consideró que la tranquilidad y el trabajo del lugar “fueron interrumpidos por un grupo de denominados “ambientalistas” que cortaron calles y accesos al lugar, amedrentando e intimidando a la gente interrumpiendo los trabajos”. También enfatizó que las personas que realizaban la protesta no cumplieron con los protocolos sanitarios.  “Lo que había era una atentado hacia la gente en materia de salud”, dijo.

Desde la Asamblea del Agua del Norte Neuquino denunciaron que funcionarios de ADI que arribaban en sus vehículos desde Neuquén capital  a supervisar la obra, no cumplían con la utilización del barbijo y no realizarron el aislamiento por 14 días. Brillo argumentó que desde ADI sse envió a dos personas  y que se respetaron  todos los protocolos. “Ellos están autorizados por Salud por hacer estas tareas porque están trabajado. Es personal esencial y en ese sentido están autorizados a transitar por la región”.

Brillo repudió  el accionar de los ambientalistas porque considera que están tratando de obtener “en el terreno lo que no pueden obtener en la justicia”. El ex diputado nacional considera que deben “remitirse a la presentación que hicieron en la justicia y a los resultados que en principio le denegaron una acción cautelar que significaba parar la obra”.  

El titular del organismo añadió que  las tareas se realizan de acuerdo a lo establecido en un contrato. Señaló que  el costo de la inversión es de 21millones de dólares, que significan dos millones de pesos por día durante tres años que se deben ir desembolsando.  “Y si perdemos tres días de trabajo son 6 millones de pesos”, concluyó.


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