La semana económica: más polémica por la ley de hidrocarburos

ENERGÍA

Es muy probable que el titular de YPF no haya imaginado -al igual que muchos otros argentinos- el actual escenario financiero, económico y político de la Argentina cuando, hace apenas tres meses, propuso la reforma de la Ley de Hidrocarburos para uniformar el régimen, atraer nuevos socios extranjeros y mayores inversiones directas.

El actual default de la deuda bajo legislación neoyorquina -señalado como hipótesis por esta columna semanas atrás- complica ahora toda la perspectiva de corto plazo para el sector petrolero en materia de financiamiento externo, tanto para las inversiones de YPF como de otras compañías. Pero, además, se resquebrajó el frente interno. No sólo porque cuatro de las principales provincias productoras de hidrocarburos rechazaron el acuerdo propuesto por Miguel Galuccio y que la Casa Rosada había hecho suyo. También porque la reacción del gobierno de Cristina Kirchner a los cuestionamientos que -con mayor o menor dureza- formularon los gobernadores de Neuquén, Chubut, Mendoza y Río Negro, consistió en dejarlos por ahora al margen del esquema de refinanciación de deudas con la Nación que se viene aplicando desde comienzos de este año y sí incluyó al resto de las provincias. Más leña al fuego para que negocien bajo presión.

Con las urgencias fiscales de las provincias, se hace más ardua la discusión de los puntos más controvertidos de la denominada “ley Galuccio”. O sea, la distribución de la renta petrolera entre la Nación y las provincias (a través del tope a regalías e impuestos locales); el manejo de las actuales y futuras concesiones de áreas (mediante prórrogas o licitaciones) y, dentro de ellas, la proyectada exclusión de las figuras del canon de ingreso y del “acarreo” (carry) que, en este último caso, amenaza dejar fuera de juego a las empresas energéticas provinciales. En base a la estrategia de repartir palos y zanahorias, el gobierno de CFK estaría dispuesto ahora a reconsiderar la eliminación del canon. Pero aún dentro de las provincias “rebeldes” hay discrepancias en otros puntos (como el reemplazo del carry por aportes porcentuales de las empresas en base a su inversión y del Estado nacional para obras de infraestructura que manejarán los gobernadores) e incluso entre aceptar o no el acuerdo.

Para la Casa Rosada esta última cuestión es crucial, ya que sin consenso será difícil la convalidación exprés de la nueva ley por el Congreso nacional, así como la posterior adhesión de las legislaturas provinciales.

En medio de esta tensión, los 8 exsecretarios de Energía de anteriores gobiernos agregaron hace una semana más ingredientes a la polémica. Por un lado, reclamaron a todas las fuerzas políticas que rechacen el pacto que negocia la presidenta con los gobernadores de las provincias petroleras, bajo el argumento de que sus mandatos vencen en poco más de un año. Por otro, que posterguen hasta 2016 la sanción de una nueva ley de hidrocarburos que reemplace a la actual (ley 17319) a través de un amplio debate en el Congreso nacional con la convocatoria a sectores académicos, empresarios, gremiales, ambientales, científicos y tecnológicos.

Así, la conferencia de prensa que ofrecieron cuatro de ellos en Buenos Aires, abundó en definiciones de alto voltaje para alimentar de antemano ese debate, que se sintetizan a continuación:

• Jorge Lapeña: “Un pacto con los gobernadores para la reforma parcial de la ley 17319, que la mayoría oficialista en el Congreso aprobará sin discusión, no es el método correcto ni servirá para recuperar el autoabastecimiento que tuvo la Argentina en el período 1989/2010”. “Se trata de una solución conservadora del orden existente, que permitirá a las empresas petroleras prorrogar las actuales concesiones que vencen en 2017 a cambio de un muy moderado aumento de regalías, además de otorgarles el derecho de pedir la explotación de recursos no convencionales en el subsuelo de las mismas áreas, sin licitación y así prolongar las concesiones hasta el año 2060”. “Necesitamos nuevos actores en las áreas que se están explotando”.

• Daniel Montamat: “Al producirse el default, la reforma de la ley de hidrocarburos dejó de formar parte del ‘Plan A’ del gobierno para reemplazar financiamiento inflacionario por acceso al mercado de capitales. Por lo tanto, no se justifica ofrecer a las petroleras condiciones excepcionales en materia de derechos sobre recursos no convencionales a cambio de inversiones directas”. “La Argentina no puede seguir manejándose con criterios de cortísimo plazo en una cuestión tan relevante”.

• Alieto Guadagni: “La ley 17319 es un traje viejo, sobre todo desde la Constitución de 1994 y no tiene sentido reformarla parcialmente”. “Las prórrogas de concesiones matan la idea de la competencia”. “Cuando se pretende renovar concesiones así nomás, estamos más cerca del capitalismo de amigos”. “Nos oponemos a cualquier prórroga que no sea por licitación, incluyendo a YPF que también debe competir y tiene condiciones para hacerlo”. “Algunas empresas se apropian de derechos para después no hacer nada”. “Las provincias deben fiscalizar las inversiones comprometidas en los contratos de adjudicación”. “Una Agencia Nacional de Hidrocarburos puede ayudar a las que no disponen de estructuras técnicas para hacerlo”.

• Emilio Apud: “Un pacto con cuestionamientos de las principales provincias productoras es arbitrario y más aún si se las excluye de la refinanciación de deudas con la Nación”. “Hay muy pocos países de Sudamérica donde cada gobernador va con su libreto de reglas propias para la exploración y explotación de petróleo. Por eso se necesita una política de Estado”. “Atraer inversiones y poner en valor enormes recursos no debe limitarse a Vaca Muerta”. “Si la Argentina quiere jugar en Primera, debe destinar más recursos a la inversión en energía y menos al gasto corriente”. “YPF es un importantísimo actor, pero no puede ser exclusivo y obstruccionista”. “Aunque pueda invertir 10.000 millones de dólares, no puede acometer el desafío de los 200.000 millones que se necesitan en 20 años”

La réplica oficial llegó desde el ministro Julio de Vido, que acusó a los ocho exsecretarios de oponerse a “una nueva ley democrática y de la democracia que reforma una ley de la dictadura” (de Onganía), aunque omitió reconocer que es la que también rigió durante la era K. Pero en este terreno Apud remarcó que todos los precandidatos presidenciales que competirán en las PASO, con excepción de Scioli y Macri, adhirieron a una declaración anterior de los ocho ex para reformular la estructura legal vigente y conciliar los intereses de las provincias y la Nación con un amplio consenso político. “No se puede sancionar ahora una ley que después deba ser reformada por el próximo gobierno”, advirtió Guadagni.

Aunque las empresas con concesiones de áreas ya manifestaron su apoyo a la iniciativa de YPF y aguardan el desenlace de las negociaciones, hay consenso en que las futuras inversiones también deberán esperar. No sólo qué ocurra con el default sino, a más largo plazo, con la modificación de políticas nacionales en las que no participan las provincias, como el régimen de precios y subsidios para gas y petróleo, el cepo cambiario, las trabas para importar, la prohibición de repatriar utilidades y el desmesurado intervencionismo sobre el sector.

Néstor o. Scibona