La suba de las tarifas de los servicios será del 10%

Economía ratificó el aumento y lo justificó con la poca rentabilidad de las empresas. Los consumidores están en pie de guerra y exigen que el gobierno se haga cargo.



La suba de las tarifas de los servicios públicos será del 10%, así lo aseguró uno de los hombres del ministro de Economía: Federico Poli, jefe del gabinete de asesores del ministerio. La ratificación de Poli se transformó en el primer coletazo de las intenciones de Roberto Lavagna de aumentar sí o sí las tarifas.

El viernes por la noche en Mar del Plata, quien ante gran cantidad de empresarios congregados en el Coloquio Anual de IDEA, el ministro aseguró que si algún juez vuelve a suspender las audiencias públicas convocadas para tratar el aumento de tarifas, ese incremento se concederá por decreto.

Ante esta aseveración, las principales asociaciones que representan a usuarios y consumidores, advirtieron que si se avanza en la dirección del decreto se estará pasando por encima de la Ley de Emergencia Pública, que estableció la imposibilidad de aplicar subas de tarifas hasta que no haya dictamen de la comisión que se formó para analizar los contratos de los servicios.

En tanto, Poli indicó que “hay situaciones de emergencia que no se pueden mantener indefinidamente”, y subrayó que se va a cumplir “un año sin aumento de tarifas”. En consecuencia, señaló a que “independientemente de que lo pida o no el Fondo (Monetario Internacional), hay situaciones que se deben normalizar”, y remarcó que “los ajustes se tienen que dar obviamente considerando los intereses de todos”.

Para el jefe de asesores de Lavagna, “a las empresas privatizadas se les multiplicó por 3,6 la deuda, en su mayoría tomada afuera”. Además, sostuvo que “está claro” que hoy las tarifas sirven “solo para cubrir los niveles operativos”, pero “obviamente no alcanzan para tener rentabilidad ni pagar endeudamiento” de las empresas.

Precisamente sobre este punto, Lavagna sostuvo el viernes que no está dispuesto a cubrir “los excesos” de algunas empresas que se endeudaron para obtener la licitación.

Si bien el ministro no precisó la envergadura del aumento que analiza Economía, Poli precisó ayer por la mañana que lo que se discute es “un aumento del 10 por ciento, con una tarifa social que sea muy amplia” y evite un impacto sobre los sectores de menores ingresos”.

Por su parte, la presidenta de la Adecua, Sandra González, sostuvo que si se llegara a habilitar un ajuste decreto, “será el gobierno el que deberá hacerse cargo de los aumentos” a través de un bono para las compañías, de manera similar a como se hizo con los ahorristas.

En el mismo sentido, el director ejecutivo de Adecua, Osvaldo Riopedre, enfatizó que de la misma manera que el gobierno se las ingenió para emitir un bono para salvar a los bancos, ahora si se justificara un aumento de tarifas “deberá buscar la forma de hacer frente al ajuste porque los usuarios no quieren ni tienen cómo afrontarlos”. (DyN/AR)

Buscan evitar ejecuciones

Economía tiene en estudio un proyecto para que los bancos y sus morosos hipotecarios se sienten a rediscutir los términos de las deudas, tras la decisión del gobierno de no postergar la suspensión de las ejecuciones, tal como pide el FMI. Así, lo anunció el jefe del gabinete de asesores del ministerio, Federico Poli, quien aseguró que la situación de los morosos hipotecarios le “preocupa muchísimo”, y precisó que en el Palacio de Hacienda están trabajando en “abrir una instancia de negociación entre el banco y el deudor” para evitar que éste pierda su vivienda.

Lavagna admitió ante una importante cantidad de empresarios de primera línea congregados en el Coloquio Anual de IDEA en Mar del Plata que la suspensión de las ejecuciones hipotecarias constituyen “el último obstáculo” en la negociación con el Fondo. Sin embargo, el ministro sabe que si en los próximos días no se encuentra una solución para los 53.300 morosos que hasta el próximo viernes 15 tienen sus ejecuciones suspendidas, se corre el peligro que esa cantidad de viviendas pase a manos de los bancos.

Esta suspensión, que había sido aprobada por 180 días, estuvo a punto de prorrogarse por otros 30 días, pero ante el reclamo del Fondo, se decidió no alargarla, lo que motivó un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, donde senadores y diputados quiere evitar una “catástrofe”. (DyN)

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