Las dichosas horas libres
MARCELO ANTONIO ANGRIMAN (*)
La hora libre, décadas atrás, era una rara avis que sobrevolaba las cuatro paredes del aula cada muerte de un obispo. Por su infrecuencia, el anuncio de una hora libre suponía un momento de dicha, cuando no de alborozo. Sobre todo si ello implicaba la suspensión de una evaluación o la ausencia del algún docente amigo de las lecciones orales. Debía suceder algo extremo para que un profesor no estuviera de cuerpo presente frente a su alumnado. El tiempo ha desdibujado tan nobles prácticas y hoy la realidad nos demuestra que las horas libres fundamentalmente en las escuelas públicas se han convertido en moneda corriente y su reiteración, ya a nadie sorprenden. Cuando ello acontece, es normal que el tiempo escolar se desperdicie en momentos de tedioso aburrimiento o en el retiro obligado de la escuela por parte de los estudiantes. Para poner coto a tal situación, el CPE de Río Negro ha dictado la resolución 1185 de fecha 29/4/13 que establece que cada escuela secundaria deberá elaborar propuestas para que los estudiantes no tengan horas libres sin intervención pedagógica. El propósito que pregona la norma señala: “El gran objetivo que se propone con esta medida es que los estudiantes no tengan horas libres de estudio y que los padres y madres sepan que en el horario escolar sus hijos están en la escuela, aprendiendo”. El plan prevé que todos los estudiantes deberán estar atendidos pedagógicamente en las escuelas, entre la primera y la sexta hora. De dicho modo se anula el mecanismo de firmas de padres autorizando retiros antes de ese horario, con motivo de ausencias de profesores. Sólo podrán hacerlo en la séptima hora. La resolución del CPE insta a que las escuelas organicen proyectos institucionales con participación de todos los docentes de la institución y los estudiantes, para ser implementados en dichos espacios libres. La imposición de la norma ha sido fuertemente cuestionada por marchas y protestas de alumnos, preceptores y docentes en distintas ciudades de Río Negro. Tanto unos como otros manifiestan estar de acuerdo con el contenido de la resolución, aunque reclaman que no están dadas las condiciones para su concreción, exigiendo que se posponga su aplicación hasta tanto se destine mayor personal y se lo capacite. La situación evidencia un abismo entre la percepción que tiene el CPE del “deber ser” escolar y el “ser” que se experimenta a diario en los colegios secundarios rionegrinos. Existe una grave distorsión entre el idealismo que supone la implementación de una reglamentación de este tipo y el crudo realismo de escuelas con exceso de ausentismo docente y escaso nivel de exigencia. En un análisis benévolo del tema, sería necio dudar de las bondades del plan y su noble propósito de no desperdiciar el tiempo dedicado al aprendizaje, en un marco de adecuada contención escolar. Esta bandera, que nunca ha arriado la educación privada, ha sido una de las claves para que en la última década muchos padres abandonaran la opción de la educación pública para sus hijos. Hay muchas veces en la mirada estatal un desdén hacia lo privado que no permite extraer de este último campo ciertas experiencias que podrían resultar provechosas. La norma, sin admitirlo explícitamente, busca mitigar los devastadores efectos de las continuas faltas de profesores, aprovechando para tal fin, los compromisos que el propio gremio docente aceptó tras las paritarias del presente año. Así, desde el 15 de mayo se ha pasado la pelota de la cobertura horaria escolar al seno de cada escuela secundaria. Lejos de echar a andar el carro, para que los melones se acomoden solos, la puesta en funcionamiento de la resolución ha desatado problemas internos, difíciles de resolver. Los preceptores se quejan porque no pueden cumplir su función administrativa, los profesores porque deben hacerse cargo de horas que no les pertenecen, los alumnos porque no tienen docentes preparados para cumplir con tal función y los directivos por tener que estar conciliando posiciones entre el personal a su cargo, además de hacer malabarismos para que la resolución se cumpla. Los inconvenientes se agudizan cuando faltan al unísono varios docentes y no se cuenta con el personal necesario para cubrir dicha eventualidad. Es allí donde el diagnóstico no se condice con la patología del paciente. El problema desnuda a su vez otras cuestiones colaterales que pocas veces son admitidas: 1) el abuso que se hace de un régimen de licencias permisivo; 2) el exiguo sentido de pertenencia de algunos alumnos y docentes –taxis– a las instituciones educativas; 3) la falta de preparación, cuando no de disposición, de preceptores para cubrir horas pedagógicas –existen docentes que cumplen tal función, precisamente para no dar clases–; 4) el escaso ánimo de algunos alumnos en dejar horas improductivas para transformarlas en espacios de estudio; 5) la incapacidad para ponerse en el lugar del otro de ciertos docentes que usufructúan licencias a destajo. Si todas estas cuestiones se sinceraran y existiera un microclima institucional favorable en las escuelas secundarias –cabe aclarar que en muchos establecimientos esto sí ocurre–, quizás esta disposición podría ser implementada sin mayores inconvenientes. La realidad demuestra que, así como esta planteada, la resolución resultará de difícil concreción y las horas libres serán presa de la improvisación o, en el mejor de los casos, de la buena predisposición de directores, docentes o preceptores con verdadera vocación docente. La suerte de la medida parece estar atada a ciertos ajustes, que el CPE debería atender, aprovechando el eco favorable que, en lo sustancial, la resolución ha generado. De no ser así se corre el riesgo de que el pretendido remedio no sea más que un placebo, que lejos se solucionar el problema lo profundice. (*) Abogado. Profesor nacional de Educación Física. marceloangriman@ciudad.com.ar
