Las Grutas muestra su otra cara: crecen las tomas de tierras

A tres semanas de las elecciones municipales, una seguidilla de toma de tierras fiscales despierta fuerte inquietud en el balneario de Las Grutas. La pobreza y la marginación quedan a la vista en el centro turístico. El temor a que el fenómeno crezca está latente porque las autoridades corren detrás de los hechos.

Ya son cuatro las usurpaciones de terrenos, con las dos nuevas que se registraron en los últimos días. Casi un centenar de familias están instaladas en distintos lugares del balneario.

La reacción tardía de las autoridades municipales de San Antonio Oeste, la mala planificación urbana de la villa y las necesidades habitacionales de quienes no tienen casa, se conjugaron en este fenómeno que afecta al segundo centro turístico en importancia de la provincia, detrás de Bariloche.

La mala gestión del municipio de SAO quedó en la mira, no sólo de los vecinos, sino también de la Justicia. Es que las tomas se sucedieron y las autoridades no actuaron a tiempo. La primera fue el 8 de septiembre y la otra a fin de ese mes. Pese a que la fiscalía accionó de oficio, el intendente Luis Ojeda (FPV) recién denunció penalmente lo ocurrido cuando se hizo la última usurpación.

Con todos los ocupantes ya instalados, el delegado Guillermo March (FPV) -la autoridad comunal de responsabilidad directa en el balneario – fue denunciado por el fiscal Pedro Puntel por incumplimiento de la función pública.

Es que al “dejar hacer” promovió que se profundizara el conflicto. Y a interpretación de las fuentes judiciales, el vacío de autoridad fue la ventana que utilizaron quienes encabezaron las tomas para establecerse en las tierras. “Son grupos que accionan y están pendientes de cada paso que dan los órganos de control. Y en esta oportunidad no dieron ninguno y lo aprovecharon”, explicó el vocero.

La novedad es que en las últimas horas el intendente Luis Ojeda le solicitó a la Justicia que levantara el control policial que estableció frente a la segunda toma, que es la más populosa. Alegó ante la fiscal que había llegado a un acuerdo con la gente. Se desconoce sin embargo en qué consiste esa resolución, porque las familias permanecen en el lugar.

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La voz de los que toman

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Desde el lado de los ocupantes se brindaron los siguientes argumentos. “Nosotros no íbamos a construir. Ni bien llegamos levantamos un reparo y nos fuimos turnando, porque lo que queríamos era que los gobernantes nos escucharan y vinieran a hablar con nosotros para darnos una respuesta. Después nos pusieron un control policial que no nos dejaba pasar materiales ni nada. Y no construimos. Pero cuando no nos insistieron más empezamos a entrar cosas. Ahora tenemos levantadas estas casitas. Vamos de a poco y nos vamos a quedar”. La que habló es Milagros, una joven de 20 años oriunda de Viedma. Está en pareja con un grutense con el que tiene una nena de 3 años.

“Nos cansamos de reclamar para tener un terreno. Yo tengo certificado de discapacidad porque tengo problemas en la (arteria) aorta. Y mi mamá insiste en que vaya al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) para pedir una casa. Pero ahora en esto estamos todos. Todo este grupo junto” dice la chica. Y señala a los que la rodean. Allí están una pareja de albañiles desempleados y con varios niños. Ya comenzaron la construcción de la casa con maderas.

Otro hombre solo levanta la suya unos metros más lejos. Milagros también avanzó con una precaria vivienda.

Ellos integran la primera toma que ya tiene varias construcciones en pie. Otro asentamiento está cerca y data de 2013, muestra algunas carpas y reparos levantados con palos, plásticos y lonas.

“Ahora acá (en la segunda toma) quedamos pocos, pero somos 32 familias. Ellos nos siguen apoyando desde afuera y estamos juntos en esto. Los que se tuvieron que ir fue por presión de la policía. Porque no los dejaban ir y venir libremente para trabajar, por ejemplo. A los de la otra toma (por la inicial) nadie los molesta. A nosotros nos denunciaron y nos persiguen” contó Anabel.

La chica, de 33 años, tiene hijos y trabajaba haciendo tareas de repostería para vender en el departamento que alquilaba. “Pero ya no puedo seguir pagando. Se viene la temporada y los alquileres aumentan o directamente hay que dejar el lugar donde vivís para conseguir otro, pero por un precio muchísimo más caro” se lamentó.

Fue su situación de necesidad la que la vinculó al resto de la gente con la que se lanzó a ocupar el predio fiscal. “Sabemos que muchos nos critican” acotó otra mujer, de 40 años. “Dicen que no todos tenemos necesidad de tomar, pero no es así. Si alguno de los padres de la gente que está acá tiene un departamento para alquilar el hijo de esa persona no le puede pedir que lo resigne y en lugar de alquilarlo se lo preste, porque lo dejaría sin ingresos” afirmó. “También -agregó- dicen que muchos de nosotros somos hijos de municipales. Y eso no tiene nada que ver. Mi viejo, por caso, trabajó toda su vida de empleado en el municipio y jamás a mí me facilitaron el acceso a un terreno”.

“Lo único que queremos es que nos den la posibilidad de tener un terrenito, que estamos dispuestos a pagar, en cuotas” destacó uno de los más jóvenes del grupo, que junto a su pareja y a su bebé de 9 meses están en el predio desde hace días. “No nos queda otra” contó el chico, que es albañil. Explicó que no puede abandonar la toma por temor a que no los dejen volver a entrar. No sabe si volverá a conseguir empleo.

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Inacción municipal, y un compás de espera

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Los pasos que fue dando la fiscalía dejan en claro la completa inacción que tuvo el municipio desde el inicio del conflicto. “Cuando intervinimos en la primera toma tuvimos que mandarle un oficio a la municipalidad para saber si esas tierras eran fiscales o no. Porque desde la municipalidad no habían dado ningún paso para alertar sobre lo ocurrido” manifestó la fiscal Mariela Coy.

Ahora, el intendente Luís Ojeda pidió que, en el caso de la segunda toma, se desista del control policial. “Dicen que lotearán el predio, y pidieron 60 días para resolver la situación. Pero nada nos dijeron sobre la permanencia de la gente. No sé si acordaron que abandonen los lotes mientras se inician las supuestas obras. O si seguirán allí” expresó Coy.

Sobre el acuerdo suscripto, no existieron demasiados detalles. Sólo la concejal Ayelén Spósito (que por ley de cupo reemplazará en su banca a la diputada María Emilia Soria a partir de diciembre) manifestó que “tierras trabajará en el loteo” pero no precisó qué pasará mientras tanto con las familias. Ni de dónde saldrán los fondos para lotear. El grupo, por su parte, permanece en el lugar. La novedad es que, con carteles improvisados, cada particular individualizó con su nombre la parcela que supuestamente recibiría. Pero todos están en el predio.

Con respecto a la toma más pequeña, ubicada detrás de la terminal, la fiscal también mencionó que levantaron el control policial porque el intendente le manifestó que acordó con las familias. Sin embargo, en diálogo con “Río Negro” los integrantes de ese grupo negaron un acuerdo.