Las porciones de la torta

Una torta puede ser dividida en porciones, iguales o diversas. Si son diferentes pueden tener mayor o menor tamaño, pudiendo ser adjudicadas a los comensales de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos, pero sobre todo en función del poder que detente quien las entregue y quien logre apropiarse de una de ellas.

No se trata de una cuestión exclusiva de mérito del que la recibe, idea que obnubila a millones de personas que creen que mediante un esfuerzo despiadado podrán superar a los demás en la recepción de su porción. La absoluta mayoría queda en el camino, recibiendo en su caso sólo las sobras.

Con la distribución del ingreso de un país sucede algo bastante parecido. La torta –el total de riqueza que se distribuye– se reparte entre sectores sociales: los de mayores ingresos, los de menores, los de ingresos medios, los asalariados, los independientes, las pymes, las grandes empresas, las monopólicas, las nacionales, las multinacionales, etc.

En la Argentina asistimos a una notable modificación en la distribución de la renta, que por cierto nunca estuvo equilibradamente distribuida, lo cual ha determinado los niveles de pobreza y subdesarrollo que venimos arrastrando desde los inicios de nuestra historia.

Sí es dable reconocer que existieron períodos donde las modificaciones en la asignación de recursos (las porciones de la torta) hicieron que fueran mejor repartidos, esto es, mejor distribuidos entre los distintos sectores sociales. Las políticas económicas siempre han sido mecanismos de transferencia de ingresos. Benefician a algunos y perjudican a otros, disminuyen la renta de los que menos tienen y la transfieren a otro sector que tiene más, o a la inversa.

El actual modelo político-económico ha venido a reconstituir rentabilidad perdida por sectores económicos claramente identificados: los cerealeros agroexportadores, la minería, la especulación financiera y cambiaria, algunos sectores importadores, de la energía y servicios públicos.

Hay otros claramente impactados por las medidas económicas adoptadas (reducción sustancial del salario real, eliminación de las retenciones, aumento de la tasa de interés, desempleo creciente, caída de la actividad industrial, aumento de las importaciones sustituyendo bienes y servicios de producción nacional, devaluaciones de la moneda), que claramente resultan mayoría en cantidad de personas y actividades.

A no confundirse: estas medidas no tienen nada que ver con el debate sobre los costos de Argentina, las leyes laborales, la corrupción, los planes sociales, una justicia habitualmente ineficiente, etcétera. Se trata de debates que pueden darse sin adoptar medidas económicas que afecten no sólo a amplios sectores de la población, sino que, en algunos casos, limiten el propio desarrollo del país, colocándolo en un mero exportador de materia prima.

Que quede claro: los países soberanos, independientes y con perspectivas de desarrollo, se hallan apoyados en la permanente construcción de una base industrial, científica y tecnológica propia. El Indec en su informe de junio del presente año indicó que la diferencia entre el ingreso familiar promedio del diez por ciento de los hogares más pobres y el diez por ciento más rico alcanzó 26 veces más sólo en el primer trimestre del 2017. La diferencia comparada con el trimestre enero-marzo del 2015 ha sido de 17,8 veces. El organismo indicó además que el 10% de la población con mayores ingresos retiene el 31,5% de la renta total y el 10% con menores ingresos el 1,2% de ella.

La Universidad Católica Argentina a través de su observatorio social muestra en su web que existen 600.000 nuevos indigentes comparando el primer trimestre del 2016 con el último trimestre del 2015. Ese aumento determinó que durante los primeros nueve meses del nuevo gobierno la población en indigencia alcanzara al 6,9%, pasando de 2,1 millones, a fines del 2015, a 2,7 millones de personas a fines de septiembre del 2016.

El Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martín señala en su informe de indicadores laborales que en el 2016 se quebró la tendencia ascendente de la participación de los asalariados en el ingreso, que aumentaba en forma constante desde el 2003, con las excepciones de 2009 y 2014. Pero en ambos casos luego de la pérdida del salario se retomó un ritmo de recuperación rápido, agregando que el enfoque de la política económica en marcha identifica el costo laboral como una variable central de ajuste para aumentar el rendimiento del capital.

El fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha publicado un informe bastante difundido en los medios de prensa que indica un aumento de la pobreza, que afecta a uno de cada tres habitantes del país, porcentaje que se profundiza en la franja que va de 13 a 17 años. La pobreza alcanza a uno de cada tres adolescentes en el sur argentino y a uno de cada dos en el noreste, Cuyo y Centro. Es permanente la caída de la actividad industrial medida en términos interanuales si se cotejan los periódicos informes de la Unión Industrial Argentina (UIA). La reducción en la porción de la torta en los sectores de menores recursos refleja el impacto de la destrucción de empleo industrial y de servicios, la retracción en la capacidad de compra del salario y la pérdida en el poder adquisitivo de las jubilaciones y la asignación universal.

Salarios y ganancias son entonces partes estructurales del ingreso total de un país. Reorientar el ingreso afectando ganancias de ciertos sectores de la economía favorece el consumo y el ingreso popular, fomentando el crecimiento de la producción, el empleo y la inclusión social. Se trata nada más y nada menos que de decisiones políticas.

*Abogado y docente de grado y posgrado de la Facultad de Economía de la UNC

Las políticas económicas son mecanismos de transferencia de ingresos. Benefician a algunos y perjudican a otros, disminuyen la renta de un sector y la transfieren a otro.

El actual modelo vino a rehacer la rentabilidad de los cerealeros agroexportadores, la minería, la especulación financiera, algunos importadores, energía y servicios públicos.