Las prórrogas, el nuevo eje de disputa

Lejos de la concordia que se auguraba, el debate en comisiones del Senado del proyecto de reforma de ley de hidrocarburos volvió a desatar tensiones. Si bien los trazos gruesos quedaron acordados, hay puntos en la lectura fina de los artículos que levantaron polémica. Y tanto desde la Casa Rosada como desde YPF se mostraron más bien renuentes a hacer modificaciones, por más cosméticas que se fueran. La consecuencia política más notoria del rápido debate en comisiones fue que ninguno de los legisladores emepenistas, el petrolero Guillermo Pereyra y Lucila Crexell, firmó el dictamen. El primero, motivado más en razones políticas y electorales; la segunda, enojada porque ninguna de sus propuestas, ni siquiera aquellas que eran de forma, fueron incorporadas a ese texto. El problema central del proyecto que tratará el Senado son las dobles interpretaciones que dejan algunas oraciones por su alto grado de ambigüedad. Hay varios casos, pero es uno específicamente el que más preocupa a la Provincia: las prórrogas. El artículo 9° del proyecto, que regula los nuevos plazos de explotación, dice que “los titulares de las concesiones, siempre que hayan cumplido con sus obligaciones como concesionarios de explotación, estén produciendo hidrocarburos en las áreas en cuestión y presenten un plan de inversiones consistente con el desarrollo de concesión, podrán solicitar prórrogas por un plazo de diez años durante la duración de cada una de ellas”. La última línea abre la posibilidad a prórrogas indefinidas, un punto que, según el gobernador Jorge Sapag, fue incluido por Nación. Es decir que una misma empresa, si cumple determinadas condiciones, podrá quedarse con un bloque a perpetuidad. Pero lo que alertó a las provincias petroleras fue la interpretación que algunos funcionarios nacionales hicieron sobre quién y cómo otorga esas prórrogas. Si bien el artículo lleva implícito que lo hace la autoridad de aplicación, esto no está dicho de forma expresa. Otra interpretación asegura que las empresas, si cumplen con los requisitos solicitados –en cierto modo discrecionales, porque no existen estándares sobre qué tan adecuado o no es un plan de inversión– tienen derecho a conseguir esa prórroga. Esta lectura abriría la puerta a que las operadoras puedan litigar contra las provincias si éstas no les renuevan los bloques. Para el gobernador Jorge Sapag, sin embargo, el espíritu de la ley es “invertir o revertir”, lo que le deja a la Provincia un margen de maniobra. En cualquier caso, se abre una nueva disputa.

debate por la ley petrolera