Las tomas recibirán inversión estatal para obtener servicios

Los 84 asentamientos que fueron censados en la provincia de Neuquén serán alcanzados por la “Ley de Tierras de los Barrios Populares”, sancionada en el Congreso. La norma declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de los bienes inmuebles en los que habitan estas familias, evita por cuatro años los desalojos y fija que un 25% como mínimo de las obras de urbanización estarán a cargo de las cooperativas de trabajo.

En 2016 las organizaciones sociales Techo, Barrios de Pie, Caritas, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) realizaron un relevamiento de barrios populares, entendidos como aquellos en los que residen un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal (ver aparte).

Al año siguiente se creó por decreto el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, cuya función era identificar los bienes inmuebles, ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan, las construcciones existentes y las personas que habitan allí. Sobre la base de estos datos es que ahora se procederá a la expropiación.

La población relevada es la que está en condiciones de acceder al Certificado de Vivienda Familiar que expide el ANSES, y que sirve para acreditar el domicilio ante cualquier autoridad pública.

La ley autoriza al Ejecutivo nacional a crear un fideicomiso con el objetivo de financiar la ejecución de la norma.

Para Sebastián Ibalos, referente de Barrios de Pie Neuquén, esto significa un logro muy importante, ya que era una de las cinco leyes reclamadas en la Marcha Federal por Pan y Trabajo. “Fue la que más rápido se empezó a discutir”, aseguró.

Soledad Urrutia, integrante de la CTEP Neuquén, valoró especialmente que se haya destinado un porcentaje de las obras de integración socio-urbana a las cooperativas de trabajo (ver aparte). “Nosotros venimos peleando para que el 25% de la obra pública quede en manos de las cooperativas que tenemos las agrupaciones y las organizaciones sociales, para que nuestros compañeros puedan tener laburo. Realmente el problema de tierras es un problema grave. El costo de vida es muy elevado, sobre todo en garrafas en el invierno, además de que las escuelas están lejos, no están dentro de los asentamientos. Esto mejora la calidad de vida en un 100%”, remarcó.

La directora general de Techo sede Neuquén, Belén Burgstaller, indicó que en la provincia serán beneficiadas 10.572 familias. Hizo hincapié en que para el cumplimiento de la ley será clave la articulación con los gobiernos locales y así concretar los proyectos de urbanización.

“En caso de que se requiera una expropiación, porque la tierra en la que están el barrio es una tierra privada, la Agencia de Administración de Bienes del Estado va a iniciar un proceso de expropiación y tendrá que trabajar en coordinación para ver como se va a dar esa expropiación, porque se va a crear un fideicomiso a nivel nacional que va a ser que el que tenga que sustentar todo lo que viene con la ley, y por otro lado también con el ministerio de Desarrollo Social de la Nación todo lo que tiene que ver con servicios, con las obras”, afirmó Burgstaller.

Agregó: “Se trata de una construcción colectiva, es una ley que surge desde abajo y después contó con el apoyo político que se necesitó del Ejecutivo y de los distintos bloques de las dos Cámaras, pero es una ley que surge de las organizaciones sociales”.

Sostuvo que es muy positivo la suspensión por cuatro años de cualquier medida judicial. Dijo: “Para las familias de los barrios populares vivir con la constante preocupación de que en cualquier momento puede haber una orden de desalojo o que puede empezar un proceso judicial es realmente muy pesado y muy angustiante”.

La nueva legislación suspende los desalojos por cuatro años y otorga la titularidad a las personas registradas durante el relevamiento.

¿Qué son los barrios populares?

Son los que comúnmente se conocen como tomas, villas, asentamientos, urbanizaciones informales, que presentan un déficit en el acceso formal a los servicios básicos (agua, luz, cloaca), con distintos grados de hacinamiento y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo.

“Regularizar las tomas conlleva a que ellos tengan mejor calidad de vida. Para nosotros esta ley es una gran lucha ganada”.

Soledad Urrutia es una de las integrantes de la CTEP en Neuquén.

“Esto le permite al vecino reclamar, por ejemplo, los servicios. Tiene un montón de consecuencias positivas”.

Sebastián Ibalos, referente de la organización Barrios de Pie Neuquén.

“Esto es histórico. La ley surge de una iniciativa de las organizaciones sociales que salimos a relevar casa por casa”.

Belén Burgstaller, directora general de Techo sede Neuquén y Río Negro.

Los puntos clave de la ley

El régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana conocida como la “Ley de Tierras de los Barrios Populares” declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los barrios populares identificados en el Registro Nacional

Las obras a realizarse dentro de los proyectos de integración socio-urbana deberán adjudicarse en un 25% como mínimo a las cooperativas de trabajo u organizaciones de la economía popular

Se suspenden por el plazo de cuatro años, contados a partir de la fecha en que entra en vigencia la ley, las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el Registro, tanto los sujetos a expropiación, como aquellos de propiedad del Estado Nacional

Los datos

Un 25% de la obra pública destinada a la urbanización de los territorios censados será cedido a trabajadores de cooperativas.

barrios populares fueron relevados en la provincia de Neuquén. Más de la mitad de ellos están ubicados en la capital: 46.

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