Las tradiciones delictivas

La tradición, en su sentido primigenio, es un repertorio de creencias religiosas, códigos morales, normas sociales, reglas estéticas y culturales, que se presentan como inmutables e intangibles. Es la voz de los antecesores, la voluntad del pasado, con un carácter intensamente imperativo. Hay una equiparación frecuente de tradición, poder y legitimidad. Esa relación deriva del hecho de que la tradición se constituye sobre los llamados valores permanentes, que imponen respeto y exigen obediencia.

Esta es la gran tradición, con mayúsculas, y en singular. Junto a ella aparecen unas paralelas contracorrientes de disvalores, esto es, de usos y códigos morales impugnadores de los valores ideales absolutos y definitivos. No entran en el cuadro de la gran tradición.

Son plurales y menores, desde que no gozan de la legitimidad formal ni se adecuan a sus normativas. Se trata en todo caso de «tradiciones negativas», a veces ocultas detrás de las positivas, en otras ocasiones generadas por las mismas instituciones tradicionales. Al lado del código ideal de la gran tradición, penetrando por los agujeros de sus murallas de autoridad y los pliegues de su eventual hipocresía, se filtra el código práctico de las tradiciones clandestinas.

Hoy se habla en demasía de la crisis de los valores tradicionales, aunque mucho menos de la irrupción de los «disvalores» o «contravalores», que provocan esas rupturas alarmantes para el ser tradicional, intangible y eterno. Ahora bien: las tradiciones negativas van asumiendo caracteres de mayor continuidad y vigencia. Su secreto y clandestinidad son también puramente exteriores, sólo mascarillas que no tienen voluntad de ocultamiento. Así como la gran tradición muestra su debilidad, escondida en la proclama de principios no cumplidos en la práctica social, las tradiciones negativas se muestran con espontánea transgresión destructiva.

El reciente episodio de Ramallo es pasible de ser sometido a una reflexión ejemplar respecto de estas contradicciones conceptuales que ponen en cuestión la vigencia de la seguridad ciudadana, el orden social, el derecho a la vida y a la propiedad.

Este de Ramallo no ha sido ni mucho menos el primer asalto a un banco en los últimos meses argentinos, aunque sí uno de los pocos frustrados. Inclusive hay otra forma delictual reiterada en perjuicio de los bancos: me refiero a las maniobras fraudulentas, los vaciamientos de capital financiero cometidos por los mismos propietarios banqueros. La actividad financiera en las formas capitalistas más descontroladas y perversas, vinculada con la especulación sin límites, ha provocado graves perjuicios, no siempre indirectamente, atentando contra el bien común produciendo quiebras en el propio sistema económico y dramáticas consecuencias sociales. Es difícil, generalmente, encontrar culpables. Y desde el punto de vista político e ideológico sus ejecutores -estrategas sofisticados, integrados en elencos gubernamentales- no se encuadran claramente en las figuras codificadas de la ley penal.

Muchos estudiosos de la economía han condenado duramente a las instituciones bancarias y a la especulación financiera, reclamando un nuevo orden financiero, al adjudicarle la responsabilidad de las crisis que padecieron vastas regiones del mundo, víctimas de estas actividades. El mismo presidente de la República las denunció con energía, achacándoles la culpa de la recesión económica.

Bertold Brecht, un dramaturgo marxista, formuló una pregunta cuya ironía encierra un contenido inquietante: «¿Quién es más ladrón, el que roba un banco o el que lo funda?»

Convengamos que no es necesario recurrir a las ideologías anticapitalistas para criticar al agio financiero institucionalizado, la usura y el fraude que suele anidarse en la actividad bancaria y sus afines. Hay ya una tradición en estas condenas, que surge de los valores morales y religiosos que defiende la Iglesia, por ejemplo, desde Santo Tomás hasta las últimas encíclicas papales. El espiritualismo religioso y el humanismo laico, inmersos en la gran tradición, han despreciado los valores materialistas expresados por el poder del dinero y la codicia que lo envuelve e impulsa.

El ex gobernador Massaccesi tuvo un fervoroso apoyo de la ciudadanía y de todos los poderes institucionales del Estado rionegrino cuando se «incautó» de los fondos del Banco Central. Las figuras legendarias de los hermanos Jesse y Henry James en el medio oeste norteamericano del siglo XIX, las audaces astucias del gran robo del Banco de Inglaterra, entre otras muestras, han ido construyendo una épica literaria y novelesca, trasladada al cine y a la televisión. Una cierta malicia placentera, mezcla de admiración y temor, sedujo a varias generaciones.

El origen difuso de los dineros depositados, en esos solemnes edificios, permite no identificar la titularidad de la propiedad concreta de los billetes. Esta incógnita, en cierto modo, contribuye a liberar de culpa al hombre común cuando recibe la noticia de un episodio al que juzga sólo delictivo por sus formas, no por sus contenidos. No es lo mismo, convengamos, robar un banco que robar el quiosco de un humilde comerciante o la casa de una familia de clase media, o el pasacasete de un automóvil. El refranero popular es el más tradicional lenguaje: y de alguna manera, la tradición del buen ladrón tipo Robin Hood se recoge en un dicho muy difundido, que podría ser clasificado como perteneciente a la gran tradición: «El que roba a un ladrón tiene cien años de perdón».

La cuestión se trastorna peligrosamente cuando se mata al robado o a sus dependientes. Precisamente lo que resulta novedoso y patético en el caso Ramallo es que los rehenes tomados por los asaltantes, como garantía para hacer efectivo el robo, fueron muertos por los disparos de las fuerzas del orden, que no distinguieron entre víctimas y victimarios encerrados en la consigna pragmática del «meter bala». Es aberrante para la gran tradición que los ladrones hayan utilizado como escudos a seres humanos indefensos. Pero a esa aberración inicial se suma la indiscriminada balacera disparada por los policías, causa inmediata de la muerte de los rehenes. Es más: se optó por no entregar el dinero objeto del asalto, permutándose, en la práctica, el valor de la vida humana por el resguardo de la seguridad inalienable de los depósitos bancarios. No salva a esta sucia contradicción el hecho de que el dinero estuviera guardado en el otrora venerable Banco de la Nación Argentina: debiera quedar en la memoria colectiva que entre sus sobrias paredes se gestó el gran escándalo de la compra de sistemas de computación con jugosas comisiones desparramadas por gestores corruptores entre funcionarios corrompidos.

Las fuerzas del orden (policías y sistema judicial) se desprestigian por su ineficiencia, pero aun más porque aparecen complicados los límites entre su accionar en procura de un proclamado cumplimiento de la ley con «tolerancia cero» y sus sospechadas connivencias con el mundo de la delincuencia, en muchos casos asumiendo un protagónico rol delictivo. De modo que ya va resultando tan desconcertante saber quién es el que delinque cómo ignorarlo. Y entonces la impunidad se remite a explicaciones justificantes y el castigo se subsume en la arbitrariedad violenta de poderes estatales carentes de autoridad.

Junto con el desempleo, la inseguridad física y jurídica se ha convertido, según las encuestas, en la principal preocupación de los argentinos. Desde siempre y siguiendo la gran tradición teórico-política que inauguró Thomas Hobbes en el siglo XVI, la seguridad fue un baluarte justificatorio de la existencia del Estado. La Argentina de las últimas décadas adaptó ese paradigma del orden social del modo más absurdo e inconsecuente. La seguridad interior se convirtió durante las dictaduras militares en una excusa para burlarse de la tradición jurídica democrática, violar los derechos humanos, surgidos de esa juridicidad, e imponer una suerte de desorden establecido ante la amenaza subversiva. Los tres quinquenios de democracia no han superado, queda a la vista, aquel desquicio, aunque ahora tome otras formas y manifestaciones.

¿Podemos concluir en que la gran tradición está mellada y ya no es operativa ni al derecho ni al revés? Es evidente que sus ahora anárquicas jerarquías son ineficaces y nada convincentes, pues transmiten poco y generan escepticismo. En otros términos, puede decirse que el destejido ético responde a una crisis de la cultura o, como recientemente alega el escritor francés Oliver Todd, refiriéndose a los efectos de la globalización, se trata de una crisis de la civilización («La ilusión económica», FCE, México, 1999). ¿Adjetivos desmesurados, exceso de reflexión generalizante? Quizá. Lo que resulta innegable es que nuevas incertidumbres se acumulan impetuosas con las angustias de la frágil persona humana en este fin de milenio. Algo muy importante está ocurriendo en los tiempos que corren y la sociedad argentina no sólo no escapa a esa confusa carrera de iconoclastas, sino que, en muchos aspectos, parece constituirse en vanguardia de inquietudes y desconciertos más bien pesimistas, pero sobre todo desquiciantes. Nos falta la perspectiva esclarecedora que otorga un alejamiento histórico en nuestras percepciones sobre el hoy y el aquí. No es fácil ser objetivo cuando estamos inmersos en el presente, pero para ello no tenemos remedio. De algo podemos estar seguros: un futuro más cercano que tardío nos dará respuestas. Y éstas, al paso que vamos, no han de ser necesariamente morigeradoras de la crisis de la gran tradición ordenatoria.