¿Ley antiterrorista para los sojeros que no venden?

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BUENOS AIRES.- La posibilidad de que se aplique la ley antiterrorista a los productores agrícolas y exportadores para que liquiden las ventas de soja al exterior generó ayer polémica y fue rechazada por los dirigentes rurales y opositores. El Cronista informa ayer que el gobierno nacional estudia aplicar la ley antiterrorista promulgada a fines del 2011 para obligar a los productores agrícolas a vender soja para que ingresen dólares al país. Esto sería posible si se interpretan las manipulaciones de mercado como actos terroristas. Las ventas del complejo agroindustrial bajaron en febrero principalmente por las menores exportaciones de trigo y derivados de soja –el principal producto argentino de exportación que deja un 35%o de su precio a las arcas del Tesoro en concepto de derechos de exportación–. Las autoridades fiscales estiman que los exportadores estarían reteniendo ventas de porotos de soja y sus derivados de la campaña anterior por cerca de 4.600 millones de dólares. Para la campaña de este año se espera una cosecha de unos 48 millones de toneladas de soja. Esta cosecha podría generar exportaciones por unos 25.600 millones de dólares que dejarían al fisco unos 8.960 millones de dólares en concepto de derechos de exportación (retenciones), según estimaciones del Estudio Bein citadas por El Cronista. Desde el gobierno, el administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, se limitó a explicar que ese organismo “sólo aplica la Ley Penal Tributaria”. Echegaray dijo que el organismo recaudador no sería el eventual encargado de aplicar esa medida, para luego aclarar que “la AFIP aplica la Ley Penal Tributaria”, y acotó que “las versiones corren por cuenta del diario que las publicó”. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, planteó que “es una práctica fascista, entendida como un gobierno que quiere concentrar todo el poder, no admite crítica, oposición y quiere controlar todo lo que sea industria, comercio y producción”. En esa línea, Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina, afirmó que “no hay más soja, se terminó” porque en 2012 “hubo una mala cosecha que no se quiso reconocer desde el gobierno”. Para Rubén Ferrero, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, la posible medida “es parte de los aprietes y las amenazas del Gobierno contra el campo”, y sostuvo que “la realidad es que la famosa soja que están reclamando es una soja que no existe”. A su vez, Laura Alonso, diputada por PRO reclamó “derogar ese adefesio fascista que el kirchnerismo quiere aplicarle a los sojeros, igual que hace con los militantes sociales”. El secretario gremial de Uatre, Gerónimo “Momo” Venegas, recriminó al gobierno que “sólo sabe manejarse con amenazas, intimidaciones y extorsiones hacia los trabajadores”. “Parece que es el gobierno el que se está transformando en terrorista”, juzgó. En igual sintonía, la diputad Patricia Bullrich (Unión por Todos) reprochó que “frente al fracaso del cepo y del modelo económico kirchnerista, quieren extorsionar y llamar terroristas a los productores”. (DPA/DyN)