Liberan en forma transitoria el ingreso a la destilería

NEUQUEN (AN).- La refinería de Repsol-YPF quedó liberada «transitoriamente» ayer en la madrugada, y los ex trabajadores de YPF que la tenían bloqueada se reunieron por la tarde en asamblea para analizar la propuesta que discuten la coordinadora nacional que los agrupa y el gobierno de Fernando de la Rúa. El cónclave pasó a un cuarto intermedio hasta definir a quiénes beneficiarán los 4.000 pesos de emergencia prometidos -se habla de un máximo de 5.000 ex empleados en situación de indigencia en el país- y si se aceptará el piso de 80 mil pesos por cabeza que pidió la coordinadora nacional en compensación de las acciones de la propiedad participada prometidas cuando la privatización de la petrolera.

Este punto es clave en la discusión, ya que según trascendió, la oferta del ministerio del Interior de la Nación -a través del secretario de Provincias, Wálter Ceballos- es pagar ese piso en bonos a 15 años, una posibilidad que sería rechazada.

Ayer por la madrugada, el centenar de manifestantes levantó el bloqueo a la destilería, que pudo operar normalmente toda la jornada. Según informó anoche Antonio Lute tras la asamblea desarrollada en el local de la CTA de Cutral Co, se continuará con el análisis de la propuesta hasta el 13 de este mes cuando volverán a la destilería a hacer una asamblea, en coincidencia con el día nacional del petróleo.

Lute dijo que, tanto de la protesta como de la reunión, participaron 100 ex empleados «sobre un total de tres mil que viven en Cutral Co y Plaza Huincul». En el lapso que va desde hoy a la fecha de la nueva asamblea, «buscaremos coordinar las acciones para que la participación aumente».

Destacó que la protesta se hizo en forma pacífica, que no se registraron actos violentos e indicó que el carácter transitorio del levantamiento de la medida obedece a la necesidad de «analizar si se van a aceptar» los puntos del acuerdo extra judicial que se negocia con Nación. El viernes, un legislador nacional del justicialismo anticipó su opinión respecto a que «sólo una decisión política» del gobierno de De la Rúa podría destrabar los fondos congelados por la emergencia económica.

Se calcula que en el país unos 30 mil ex trabajadores de YPF están en condiciones de reclamar el beneficio del programa de propiedad participada, y que más de tres mil están en la provincia.

La coordinadora nacional se constituyó a partir de los reclamos producidos en Salta. El vicepresidente es Angel Garro, un ex trabajador de YPF que reside en esta capital, y que se encarga de articular los reclamos por fuera del cuestionado estudio jurídico de Buenos Aires.

En la reunión de la coordinadora con funcionarios nacionales comenzó a discutirse un plan de apoyo a las pymes que fue rechazado, porque «queremos que nos paguen». Cuando se lograron incluir los puntos referidos al dinero en juego -el resarcimiento inmediato para los indigentes y el acuerdo base de 80 mil pesos por cabeza-, los representantes de Economía se retiraron de la reunión.

Esta semana, habrá una nueva asamblea de los integrantes de la coordinadora en el nivel local, para continuar analizando la propuesta. Los ex trabajadores que no hayan iniciado el juicio de reclamo podrán hacerlo hasta el 31 de este mes y luego perderán todo derecho sobre las acciones.

La emergencia los dejó afuera

CUTRAL CO (ACC/AN).- El proceso de privatización de YPF venía acompañado de dos ofertas: indemnización y participación accionaria. El 10% del paquete quedaría para los trabajadores despedidos mediante el acceso al «programa de propiedad participada».

Los trabajadores, a través de sus representantes sindicales -Diego Ibáñez comandaba el SUPE en esa época- aceptaron la propuesta, pero una inmediata ley de emergencia económica congeló sus aspiraciones. Casi diez años después muchos ex trabajadores de YPF no lograron reinsertarse en el mercado laboral y esperan la decisión política o judicial que destrabe el dinero para satisfacer sus reclamos. El pedido es común pero hay tres vertientes: los que iniciaron acciones a través de un estudio de abogados porteños; los asesorados por la CTA y quienes lo hicieron con letrados de Cutral Co y Plaza Huincul.

El 22 de noviembre, diez de ellos enviaron una carta al presidente Fernando de la Rúa, solicitándole su intermediación para que las autoridades «correspondientes» se expidan de manera favorable a sus reclamos, e insinuaron su prescindencia de marchas o protestas callejeras.