Locuras judiciales

Según Elisa Carrió, la excandidata presidencial que acaba de reintegrarse al elenco político nacional después de una prolongada ausencia, el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni es un “militante obsceno” del oficialismo, pero así y todo parecería que el jurista no tiene intención alguna de sumarse a la ofensiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el Poder Judicial. A juicio de Zaffaroni, sería “una locura elegir jueces por el voto popular”, alternativa ésta que, por ahora cuando menos, cuenta con el apoyo de los kirchneristas más vehementes. Es que, como sabe muy bien Zaffaroni, los jueces “democráticos” serían proclives a castigar con la máxima severidad a aquellos acusados que, por los motivos que fueran, merezcan el repudio popular, mientras que él es el paladín más eminente del “garantismo”, una tendencia que, en opinión de la presidenta, está en la raíz de la inseguridad ciudadana; lo aclaró hace poco al afirmar que “se hace muy difícil hablar de seguridad o mantener mínimos niveles de seguridad si tenemos una Justicia que a 29 personas que rompieron cosas, hirieron policías, algunas con antecedentes, a las pocas horas las deja en libertad”. Puede que Cristina esté en lo cierto y conviniera que los jueces trataran de forma mucho más rigurosa a vándalos como los que, para celebrar “el día mundial del hincha de Boca”, protagonizaron desmanes en el centro de la Capital Federal y que en vísperas de Navidad están saqueando docenas de supermercados, pero en tal caso la solución consistiría en reformar las leyes y, desde luego, invertir mucho dinero en la construcción de más cárceles. De todos modos, la reciente preocupación de Cristina por las deficiencias que atribuye al Poder Judicial nacional no se debe a la indignación que siente por la conducta de los hinchas de un club de fútbol o, sería de suponer, de revoltosos politizados afiliados a agrupaciones izquierdistas sino a la negativa de muchos jueces a ayudarla a hacer del 7D un hito histórico en su guerra a muerte contra el Grupo Clarín. Es que la obsesión de la presidenta con el “monopolio” y la exasperación que le produjo el fallo de la Cámara de Apelaciones la han llevado a asumir posturas que antes hubiera descalificado por reaccionarias. La ofensiva de Cristina contra todo cuanto sabe a la Justicia actual también ha puesto en apuros a dos aliados estrechos, el gobernador de Tucumán José Alperovich y su esposa, la senadora Beatriz Rojkés quien, gracias a sus vínculos con Cristina, es la segunda en la línea de sucesión presidencial detrás del vicepresidente Amado Boudou. Aunque en buena lógica no existe ningún vínculo entre el fallo de los tres jueces tucumanos que absolvieron a los acusados de haber secuestrado hace más de una década a la joven Marita Verón y el accionar de los magistrados que, para furia de muchos oficialistas, demoraron el desenlace previsto de la campaña en contra del Grupo Clarín, la presidenta optó por aprovechar la impresión dejada por la decisión para desprestigiar a todos los jueces salvo, es de suponer, los dispuestos a acatar “la voluntad popular”, o sea, la suya. Pues bien: a menos que surja evidencia incontrovertible de que los jueces tucumanos son tan corruptos como casi todos parecen creer, el que se hayan animado a absolver a los acusados, personajes de antecedentes y aspecto nada atractivos, por falta de pruebas debería ser elogiado. Entendían que la mayoría abrumadora quería que los condenaran a pasar muchos años entre rejas, pero así y todo llegaron a la conclusión de que la evidencia no era suficiente como para justificar la sentencia reclamada por la mayoría. Desde aquel momento los jueces son blanco de una campaña de difamación con muy pocos precedentes, una que sería apropiada si fuera cuestión de culpables de una serie de crímenes horrendos; parecería que, de acuerdo común, son “impresentables”, “corruptos”, sujetos venales cuya actitud motiva vergüenza ajena y que deberían ser sometidos a un juicio político que ponga fin a sus carreras. Sin embargo, de ser tan despreciables como tantos suponen, los tres jueces hubieran procurado ahorrarse problemas y congraciarse con los multimillonarios gobernador y senadora que dominan su feudo tucumano, además de respetar “la voluntad popular”, pero se negaron a hacerlo. Dicho de otro modo, mientras no haya motivos auténticos para dudarlo, parecería que actuaron como jueces cabales.