Los cinco puntos que los bonistas exigen al gobierno

La deuda externa es hoy el principal problema que desvela al Presidente Alberto Fernández, por fuera de la gestión de la pandemia y la administración del confinamiento voluntario. No es para menos. El país no cuenta con los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos de capital e interés en 2020, 2021, 2022 y 2023. Solo este año, los vencimientos superan los u$s 4.200 millones. Si se considera el total del periodo 2020-2023, los vencimientos ascienden a u$s 27.500 millones. A ello se suman los vencimientos en pesos, que ascienden en 2020 a $900.000  millones, y a $ 650.000 millones el año que viene. El Ministro Guzmán se encargó de comunicar en abril que los vencimientos en pesos serían cancelados en tiempo y forma.

Es imposible soslayar que la actual coyuntura, es producto de la política de híper endeudamiento mantenida durante la  anterior gestión de gobierno. Entre 2016 y 2019, la deuda pública creció en u$s 100.000 millones, y el peso de la deuda en relación al PBI pasó del 52% al 90%. El proceso finalizó en 2018, cuando los mercados de deuda voluntaria se cerraron nuevamente, y la administración Macri decidió acudir al Fondo Monetario Internacional, que otorgó otros u$s 57.000 millones, de los cuales ingresaron al país u$s 44.000 millones antes de diciembre del año pasado.

Así las cosas, las alternativas que existen al día de hoy son básicamente llegar a un entendimiento de pago con los acreedores, o sencillamente caer en nuevamente en un default completo de la deuda soberana. Vale decir que en agosto de 2019 se “reperfiló” unilateralmente parte de la deuda en pesos, y que el mes pasado el gobierno hizo lo propio con los vencimientos nominados en dólares bajo legislación argentina.

La oferta inicial que Argentina presentó a los acreedores y oficializó en la Security Exchange and Commission (SEC) en Nueva York, ofrecía una quita de capital de solo el 5,7%, un periodo de gracia de tres años que trasladaba el primer pago para el año 2023, y presentaba una quita de intereses del 62%. Los nuevos papeles inician pagando una tasa del 0,5%, el cual se incrementa año a año hasta llegar al 4,5% en 2030. El total de la deuda a reestructurar llega a u$s 66.238 millones, de los cuales u$s 41.548 millones fueron emitidos en la gestión Macri.

La propuesta inicial fue rechazada por los bonistas. El universo de tenedores de deuda argentina es amplio y heterogéneo. No obstante hay un conjunto de grupos de inversión que concentra el grueso de la deuda a renegociar. Entre ellos figuran pesos pesados de las finanzas globales como Blackrock, Greylock Capital Management, PIMCO, Fidelity o Ashmore. Alcanzar un acuerdo con este segmento de los tenedores, abriría la puerta a la aceptación colectiva del resto de los bonistas.

La decisión del gobierno de extender hasta el 22 de mayo el plazo para la adhesión, abrió por su parte una nueva instancia de negociación. En pocas palabras, el meta mensaje del gobierno es: “queremos escuchar la contra oferta”. Los grandes grupos de inversión no alcanzaron a su vez el acuerdo entre sí para una propuesta conjunta, pero en trazo grueso, tienen una lista de cinco ítem para poner sobre la mesa de negociación.

En primer lugar, consideran que debería incluirse en los nuevos papeles, una claúsula gatillo que contemple el potencial crecimiento de la economía. Es lo que se conoce comúnmente como “cupón PBI”. Segundo, exigen que se elimine por completo la quita de capital en la oferta. Tercero, que se realice algún pago antes de 2023. Cuarto, que se reconozca con algún tipo de resarcimiento, el impago del Bono Global que venció el último 22 de abril. Quinto, que el periodo de gracia que se extendería hasta 2023, contemple la posibilidad de algún tipo de interés resarcitorio.

El gobierno está abierto a negociar en todos los puntos. El único “pero” en el cual el gobierno se muestra inflexible, es en la introducción de una cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), que habilita a quienes ingresen al canje, a solicitar los mismos beneficios en caso que luego del cierre del canje Argentina decidiera hacer una oferta mejor a quienes hayan quedado fuera.

El final es incierto, todo puede suceder. A priori, puede suponerse que el default no es negocio para nadie. Para la Argentina, porque significaría una mancha enorme, y porque complicaría definitivamente la ecuación financiera hasta el final de la gestión de gobierno. Para los acreedores, porque significaría tener que liquidar los papeles por un valor muy inferior al que tienen hoy, o esperar largos años hasta el final de un potencial litigio.