Los derechos del niño, una gran deuda pendiente

Argentina aprobó en 1990 la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño comprometiéndose a garantizarles a los chicos todos sus derechos. Pero las condiciones de vida de muchos niños, niñas y adolescentes argentinos muestran hoy lo contrario: 7 de cada 10 son pobres, casi 2 millones trabajan y muchos abandonan la escuela a edades tempranas. Miles de chicos son privados de su libertad, separados de sus familias y derivados a Institutos de Menores, simplemente por ser pobres. Y los adolescentes que cometieron algún delito son juzgados sin las garantías de un debido proceso y viven hacinados en institutos o en comisarías en condiciones aberrantes.

Así lo asegura un informe difundido por la asociación civil Periodismo Social con sede en Buenos Aires y que puede leerse en forma completa en el sitio web periodismosocial.org.ar

Organizaciones sociales, funcionarios y especialistas consultados señalan que el Estado, en primer lugar, y la sociedad tienen hoy con los 12 millones de niños, niñas y adolescentes del país (35 por ciento de la población) una deuda pendiente: transformar las relaciones entre la infancia y el mundo adulto y traducir la letra de la Convención en una estructura legal, administrativa y presupuestaria que les garantice a todos los chicos todos sus derechos y también los mecanismos necesarios para exigirlos.

El balance sobre el cumplimiento de los derechos de niñas, niñas y adolescentes obliga, en primer lugar, a reconocer las condiciones de vida de los chicos y chicas argentinos en el contexto actual. Una década de políticas de ajuste neoliberales ha agudizado en el país el empobrecimiento de la población en general y de niños, niñas y jóvenes, en particular. Las desigualdades sociales y la ausencia del Estado han hecho de los niños una de las franjas más vulnerables.

Esta situación se torna visible al revisar algunas de las estadísticas sobre la situación de la niñez y de la adolescencia en Argentina:

-Pobreza. Nuestro país ostenta actualmente la peor distribución de la riqueza de su historia, el 10 por ciento más rico de la población gana 30 veces más que el 10 por ciento más pobre. Siete de cada diez niños son pobres, según datos de UNICEF, y en las provincias del Noreste y del Noroeste la situación se recrudece: tres de cada cuatro niños son pobres y uno de cada tres es indigente.

-Salud. De los 700.000 niños que nacieron en el país en 2002, 11.703 murieron antes de cumplir un año, la mayoría (6 de cada 10) por causas que podrían haberse evitado: diarreas, enfermedades respiratorias y accidentes domésticos.

-Explotación laboral. Casi dos millones de niños y niñas menores de 15 años se ven obligados a realizar trabajos en las ciudades y el campo argentin y según datos de UNICEF, más de la mitad (58,2 por ciento) de los adolescentes de 13 a 17 años que trabaja no asiste a la escuela.

-La niñez enrejada. El nú

mero de chicos internados en institutos llega a 12 mil. De ese número, sólo 1.300 responden a causas de infracción a la ley penal y el resto, a causas asistenciales. Algunas de las causas asistenciales que pueden privar a un chico de la libertad en un instituto son la fuga del hogar, la adicción a las drogas, el haber sido víctima de maltrato o abuso o el encontrarse en situación de «abandono moral o material». En otras palabras, por la falta de recursos económicos de la familia. «A diferencia de los niños de sectores medios y altos para los cuales, en caso de problemas o situaciones de crisis (con su familia, con o en la escuela, con otros niños), existen mecanismos privados para su tramitación (el acceso a un psicólogo o un abogado, por ejemplo), en el caso de los chicos pobres, los problemas se tramitan en los juzgados», dice Irene Konterllnik, socióloga y docente del Seminario Políticas de Infancia de la Maestría en Diseño y Gestión de Políticas Sociales de FLACSO.

Parte de toda esta situación puede entenderse después de conocer un dato: en el año 2003 el gobierno nacional pagó 12.000 millones de pesos a organismos internacionales de crédito: el doble que su inversión en niñez.

(Fuente: Periodismo Social)

Un cambio en la forma de concebir la niñez

La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en noviembre de 1989, hace 15 años. Ha sido ratificada por todos los países a excepción de los Estados Unidos, convirtiéndose así en el primer tratado internacional de derechos humanos con una aprobación casi universal.

En la Argentina, el Congreso de la Nación la ratificó en septiembre de 1990 a través de la ley 23.849 y en agosto de 1994 fue incorporada a la Constitución de la Nación en el art. 75 inc. 22 asumiendo el compromiso de modificar legislaciones y prácticas que no se adecuen a ella. Pero los compromisos asumidos de ese modo por el país no han provocado todavía decisiones de trascendencia en los tres poderes del Estado y, peor aún, tampoco han tenido efectos notorios en la realidad cotidiana de niños, niñas y adolescentes.

La Convención significó el comienzo de un cambio radical en la forma de concebir a la infancia y su relación con el Estado, la familia y la comunidad. Implicó cambiar la mirada sobre los niños y empezar a concebirlos como ciudadanos con derechos y con la capacidad de exigir y demandar el cumplimiento de esos derechos, como actores importantes de la vida social, que opinan y toman decisiones y a quienes, por su condición de persona en desarrollo, se les brinda una protección integral especial.

La CIDN ofrece un marco de normas mínimas necesarias para el bienestar de las niñas y niños, a la cual todas ellas y ellos tienen derecho; incorpora los aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; y define las medidas a tomar para que su desarrollo se realice en una atmósfera de libertad, dignidad y justicia y reconoce como interdependientes todos los derechos humanos. Así, los derechos de los niños y niñas deben entenderse en general como un todo indivisible donde la puesta en práctica de un derecho no puede amenazar el respeto a otro. Y fundamentalmente establece que todos los derechos contenidos en su texto son aplicables a todos los niños y niñas sin discriminación de ningún tipo.

La Convención tiene el mismo significado para todos los pueblos del mundo.

Establece normas comunes y considera, a la vez, las diferentes realidades culturales, sociales, económicas y políticas de cada Estado a fin de que cada uno de ellos pueda escoger sus propios medios de implementación.