Los expedientes seguirán separados
El primer planteo realizado por la defensora de Carlos Iturburu, Carina Tesán, fue para suspender el juicio y acumular el expediente de las 101 estafas con el que investiga otros hechos similares, correspondientes al mismo período y operatoria de House Vial y el sindicato en Roca. La defensora oficial Mariana Serra, por Sansuerro, no emitió opinión al respecto, mientras que la fiscal Teresa Giuffrida y dos de los querellantes se manifestaron a favor de acumular y juzgar todos los hechos juntos dentro de algunos meses. Al planteo se opusieron la querellante Delgado y también los tres jueces de la Cámara, quienes resolvieron de inmediato denegar la petición. Así se ratificó que los tres expedientes que analizan la misma secuencia de casos seguirán tramitando por separado. Uno es el que llegó ayer a juicio; otro tiene a Sansuerro e Iturburu procesados por otras 568 estafas, y el último es el “residual” del plan de las 20 casas por el que fueron imputados los adjudicatarios y ex funcionarios del IPPV. Antes de entrar al juicio, Delgado dijo que llegaba “sin demasiadas expectativas, porque esto no pone fin al conflicto ni a la demanda habitacional de las víctimas”. Reclamó que el Estado provincial “se haga cargo de su responsabilidad” por haber delgado su función a terceros “sin haberlos controlado jamás”. Hertzriken Velasco coincidió con esa línea crítica y dijo que a los hombres podría corresponderles una pena cercana a los 14 años de prisión por el concurso de delitos que se les imputa.
El primer planteo realizado por la defensora de Carlos Iturburu, Carina Tesán, fue para suspender el juicio y acumular el expediente de las 101 estafas con el que investiga otros hechos similares, correspondientes al mismo período y operatoria de House Vial y el sindicato en Roca. La defensora oficial Mariana Serra, por Sansuerro, no emitió opinión al respecto, mientras que la fiscal Teresa Giuffrida y dos de los querellantes se manifestaron a favor de acumular y juzgar todos los hechos juntos dentro de algunos meses. Al planteo se opusieron la querellante Delgado y también los tres jueces de la Cámara, quienes resolvieron de inmediato denegar la petición. Así se ratificó que los tres expedientes que analizan la misma secuencia de casos seguirán tramitando por separado. Uno es el que llegó ayer a juicio; otro tiene a Sansuerro e Iturburu procesados por otras 568 estafas, y el último es el “residual” del plan de las 20 casas por el que fueron imputados los adjudicatarios y ex funcionarios del IPPV. Antes de entrar al juicio, Delgado dijo que llegaba “sin demasiadas expectativas, porque esto no pone fin al conflicto ni a la demanda habitacional de las víctimas”. Reclamó que el Estado provincial “se haga cargo de su responsabilidad” por haber delgado su función a terceros “sin haberlos controlado jamás”. Hertzriken Velasco coincidió con esa línea crítica y dijo que a los hombres podría corresponderles una pena cercana a los 14 años de prisión por el concurso de delitos que se les imputa.
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