Los gentiles aprietes desde el Estado

El antecedente de los bomberos de Roca, que desde hace años luchan con el gobierno provincial para conseguir que les transfieran recursos en tiempo y forma, debería servir para que nadie más intente repetir ese ineficiente circuito administrativo.

El caso de los voluntarios roza el ridículo. Salvo que la verdadera razón para complicar el escenario se encuentre en la filiación sorista del presidente de la entidad, resulta inexplicable que luego de 14 años nadie en el Ejecutivo rionegrino haya conseguido implementar un mecanismo ágil para que el aporte ciudadano llegue a los cuarteles.

La ley se sancionó el 31 de mayo del 2007, previendo que los contribuyentes del servicio eléctrico paguen junto a su consumo un monto mínimo destinado a sostener la actividad de los bomberos.

En la empresa distribuidora lamentan desde hace tiempo que esa norma se haya familiarizado como la “ley Edersa”. Una y otra vez, desde la firma tienen que aclarar que ese concepto se transfiere en forma regular al Estado, sin tener injerencia posterior relacionada con el envío de los recursos a las asociaciones.

Si hay un limbo, hay que buscarlo en oficinas públicas. Y por la responsabilidad que asumieron, deberían ser los funcionarios del Estado provincial quienes pongan blanco sobre negro, para explicar por qué esos aportes tardan más de seis meses en liberarse, terminando así con una novela llena de capítulos repetidos.

El problema es que las señales que llegan no dejan pensar en un escenario con esa claridad, sino todo lo contrario.

Otra entidad importante de la ciudad, el Consorcio de Riego y Drenaje, recibió la semana pasada un destrato similar al que padecen los bomberos.

Entre los productores y el personal que tienen a cargo la red de canales y desagües de Roca existe la sensación de que las relaciones no son parejas entre el gobierno y los consorcios.

La institución local lleva un largo período sin recibir aportes del Estado para complementar los trabajos de mantenimiento previos a cada temporada.

Y esa realidad fue planteada el lunes pasado en la reunión que mantuvieron los dirigentes del sistema de riego del Alto Valle con la gobernadora, Arabela Carreras, y con miembros de su gabinete.

Cuentan en el consorcio roquense que después del encuentro, aquella sensación inicial de discriminación mutó hacia un lugar cercano a la extorsión.

La respuesta oficial habría sido clara: si el Consorcio cede el cobro del riego a la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia, como han hecho otras entidades de la provincia, la asistencia financiera para obras podría destrabarse.

Los productores roquenses rechazaron tan gentil invitación. Nadie sabe todavía el precio de esa decisión, pero optaron por mantener las cosas como están, sin perder la autonomía que da sentido a esa organización histórica de la ciudad.

Queda en el tintero la explicación sobre ese empeño estatal por intervenir en la vida cotidiana de las instituciones, aunque no hace falta mucha sagacidad para detectar ese interés.

No será este el primer ni el último gobierno que intenta crear una situación de dependencia del poder político, para atenuar reclamos en tiempos duros y exaltar logros en días electorales.