Los nuevos mercenarios

Desamparados frente a un sistema económico mundial excluyente y sometidos a constantes conflictos internos de depredación nacional, ciertos Estados son actualmente impotentes de conservar el control sobre su población y territorio. Se encuentran signados por la inestabilidad y la disputa generalizada del monopolio de la violencia, constituyendo las entidades políticas que han sido definidas como «Estados fallidos». Un fenómeno, en suma, que pone en evidencia la inviabilidad como nación y Estado de numerosos países en vías de desarrollo.

Desde el fin de la Guerra Fría hasta la fecha se ha suscitado o reactivado, en el marco de esas entidades políticas, una veintena de conflictos de violencia civil, localizados mayoritariamente en el hemisferio sur. Es el caso, entre otros, de Angola, Burundi, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Timor Oriental y la antigua Yugoslavia; aunque también de horizontes políticos y culturales más cercanos: México, Perú y Colombia. La escalada de violencia involucra allí a una pluralidad de actores en pugna: el ejército y las guerrillas, los grupos paramilitares, los carteles del narcotráfico y también a las nuevas corporaciones mercenarias.

Coherentes con una lógica económica que se impone sobre los proyectos políticos y la suerte de los pueblos, estas multinacionales de la guerra han venido hasta la fecha prestando servicios a compañías mineras y a varios gobiernos africanos. Su oferta es amplia e incluye una variedad de medios de acción: soldados altamente experimentados, helicópteros de transporte armados, tecnología de combate nocturno, equipos de relevamiento fotográfico y expertos en campañas psicológicas de coacción y acoso.

El fenómeno ha sido estudiado en nuestro país por el politólogo Carlos Escudé, quien en un reciente libro titulado «Mercenarios del fin del milenio: Estados Unidos, Europa y la proliferación de servicios militares privados», ha señalado que se trata de un tenebroso circuito que amenaza con convertirse en uno de los pilares de la política internacional del siglo XXI.

Se corresponden con una época, señala Escudé, en que las democracias occidentales rehuyen de pagar el alto costo político que supone inmiscuir a sus tropas regulares en conflictos extranjeros, valiéndose en cambio de estos servicios militares privados para intervenir allí, solapadamente, donde los imperativos del poder señalan su conveniencia estratégica. Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre actualmente en Colombia, en cuyo territorio se ha constatado la presencia de mercenarios británicos e israelíes, que entrenan a fuerzas regulares del ejército y protegen las instalaciones de la British Petroleum.

Radicadas principalmente en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Sudáfrica e Israel, han llevado a cabo tareas ampliamente documentadas en Angola, Sierra Leona y Papúa Nueva Guinea. Sus servicios pueden consultarse fácilmente en Internet, donde no sólo procuran su legitimación, sino también desvincularse de otras formas de organización mercenaria. Es el caso, por ejemplo, de la empresa Sandline International, que con una estudiada operación de marketing ofrece personal con experiencia adquirida en las principales fuerzas armadas del mundo, subrayando su idoneidad en la resolución de conflictos y su sujeción a las normas, tanto de los Estados-clientes como del derecho internacional.

El recurso armado que ofrecen, sin embargo, corre paralelo a un proyecto de mayor envergadura: la explotación de los recursos naturales radicados en el subsuelo del Estado que los contrata y su participación en el producto bruto obtenido. Es el caso puntual de la firma Executive Outcomes en varios países africanos políticamente inestables, aunque riquísimos en lo que a posibilidades minerales se trata. En los mismos comenzó prestando servicios militares para luego, una vez alcanzado cierto grado de estabilidad, tornarse acreedora privilegiada de ese patrimonio natural.

Las Naciones Unidas no han sido indiferentes al uso de mercenarios para atentar contra la integridad de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y sus derechos humanos fundamentales. Tanto es así que la Asamblea General, mediante resolución 33/44 de 1979, señaló su carácter criminal y exhortó a los gobiernos de todas las naciones a reprimir a quienes recluten, entrenen o financien organizaciones del tipo en sus territorios.

Luego, en 1989, adoptó la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios, la cual hasta la fecha no ha entrado en vigencia debido a la escasa adhesión de los Estados.

El surgimiento de estas nuevas modalidades mercenarias, revestidas ahora con el maquillaje y la presunta sofisticación del mundo corporativo, constituye una suerte de neocolonialismo que victimiza nuevamente a las poblaciones y Estados de mayor fragilidad.

Las mismas revelan, una vez más, las hipocresías de los «guardianes» del orden internacional en vigencia que, paralelamente a la prédica humanitaria, sustentan y legitiman estas acabadas expresiones de la cultura del lucro y el desprecio por los derechos humanos.

(*) El autor es abogado, secretario del juzgado 6 de Bariloche y profesor de Derecho Internacional en la Universidad Fasta.