Primer año de aborto legal: más de 2000 prácticas en Neuquén y Río Negro

El derecho al aborto es ley desde hace un año en Argentina. Hasta la semana 14 de gestación inclusive una persona está en condiciones de solicitar la práctica en un establecimiento de salud, sin dar motivo alguno de su decisión. A partir de la semana 15 están vigentes las causales: se puede interrumpir un embarazo que ponga en riesgo la vida o la salud de quien lo lleva adelante o si se produjo por una violación. El acceso no es así de sencillo.

En la provincia de Neuquén se realizaron desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre 1.343 interrupciones voluntarias y legales del embarazo. En todo 2020 fueron 984 y en 2019 alcanzaron las 422. Si bien estos dos últimos datos son previos a la sanción de la ley 27.610 permiten tener un panorama en perspectiva. Para la jefa del departamento de Salud Sexual y Reproductiva de Neuquén, Soledad Soberón, las causales en la provincia “nunca fueron una limitante” para restringir los abortos. El crecimiento, en su lectura, debe entenderse a la luz del “contexto covid”. “En pandemia el encierro aumentó las situaciones de violencia y con ello de la mano también los embarazos no intencionales”, dijo.

Soberón consideró que “se fortaleció mucho lo que es el primer nivel de atención, dependiendo la zona sanitaria hay centros de salud que garantizan la interrupción en el primer trimestre, hasta la semana 12.6, y después derivan al hospital de cabecera de zona, que en la mayoría de los lugares los hacen hasta las 20 semanas.” Uno de los grandes logros que identificó es la formación de un equipo que asiste los abortos en el segundo trimestre avanzado (ver aparte).

Planteó que es necesario reforzar la cobertura a mayor cantidad de centros de salud, sostener la distribución de la medicación, garantizar el acceso de las personas con discapacidad, en contextos de encierro y con la premisa de que no solo las mujeres cis abortan, también personas trans o no binarias.

“Es muy desigual la aplicación de la ley dentro de una provincia y en una ciudad”, afirmó Ruth Zurbriggen, feminista, fundadora de La Revuelta de Neuquén y una de las pioneras del socorrismo, la red de activistas que acompañan a las personas que abortan. Lo ejemplificó con un caso cercano: mientras que los hospitales Castro Rendón y Heller de la capital aceitaron aún más el servicio, en el Bouquet Roldán cuando una paciente llegó por una dolencia y se enteró ahí que estaba embarazada la trataron de mentirosa. “El médico le decía: “ponete las manos en la panza, vas a ver, es una nena”, les contó la joven cuando les pidió ayuda.

“La ley tampoco desterró esas prácticas abusivas, maltratadoras y tampoco podemos desde el socorrismo salirnos del caminito artesanal, ¿y en los lugares dónde no hay activistas?, ¿y todas las personas que viven en esta región y no saben de nuestra existencia?”, se preguntó.

La demanda en la línea telefónica, que es el modo de contacto que tienen las personas con la red, no disminuyó con la legalización. Del 20 de enero al 31 de octubre se conectaron 1.021 personas con La Revuelta para solicitar información sobre aborto. El 78,84% de quienes se comunicaron resolvieron abortar de forma autogestionada, el 12,53% solicitó una IVE/ILE en el sistema de salud, el 2,84% tuvo un aborto espontáneo, el 2,54% decidió continuar con su embarazo y 3,23% no volvió a contactarse.

La activista aseguró que lo que trajo la ley es “respaldo y sostén” para quienes garantizaban. Esta claro que Neuquén, al igual que Río Negro que ya contaba con una regulación para abortos no punibles, tiene una trayectoria de profesionales comprometidos con los derechos sexuales y reproductivos, que actuaron en consonancia con el fallo FAL de la Corte . En ninguna de las dos provincias se presentó una acción judicial para obstruir la implementación. Eso no significa, indicó Zurbriggen, que “se haya extendido en términos de muchos más equipos”, y marcó un déficit en la promoción.

“Las paredes del sistema de salud no hablan de aborto, no hablan de interrupción voluntaria del embarazo. Las paredes hablan de la maternidad, de la vacunación, de la lactancia y de la campaña de niñez sana, que está muy bien que existan. Ese silencio atenta contra la ley porque no hay información y la campaña queda relegada a redes sociales que tiene un alcance limitadísimo”, sumó. Otra vez el camino artesanal para tejer complicidades.

Enfatizó que uno de los pendientes del Estado nacional es la incorporación de la mifepristona, una droga que combinada con el misoprostol tiene un 98% de efectividad. Requiere aún de la autorización de Anmat. Zurbriggen remarcó que el número de abortos en este primer año no tiene necesariamente que ver con si hay o no barreras en el sistema de salud, sino con los cambios subjetivos: “hay más mujeres y personas que pueden gestar que se cuestionan la maternidad como destino. La ley 27.610 también nos permite politizar la maternidad, problematizarla. Nuestra apuesta es que se comprenda cada vez que la protagonista del proceso de aborto es quien aborta, lo que pone más en valor este tiempo es el sentido de acompañar”.

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El ministerio de Salud de Neuquén cuenta desde octubre con un equipo médico cuyo objetivo es realizar las interrupciones legales en el segundo trimestre avanzado de embarazo, es decir, a partir de las 20 semanas de gestación.

Estos abortos suelen ser los más difíciles de garantizar en todo el territorio provincial. Actualmente el plantel lo integran cuatro efectores. Una vez que se toma la consulta se deriva a la persona al establecimiento más cercano.

En la resolución que aprueba el protocolo de admisión se señala que estas interrupciones implican “un desafío para la salud pública, dado que emerge la necesidad imperiosa de generar una red de derivación provincial para aquellas personas usuarias que así lo soliciten, con un abordaje y acompañamiento por parte de un equipo especializado”.

El grupo está formado hoy por especialistas en tocoginecología de los hospitales Castro Rendón y Heller de la ciudad de Neuquén, de Junín de los Andes, de San Martín de los Andes, de Centenario y de la Jefatura de Zona Sanitaria Metropolitana.

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A un año de la aprobación de la ley 27.610 se realizaron 694 abortos en el sistema público de salud de Río Negro. La cifra abarca la cantidad de prácticas realizadas desde el mes de mayo, cuando se concretó el armado de la base de carga de datos de los efectores, hasta el 14 de diciembre pasado. El 97% de los abortos se realizaron en embarazos menores a las 14,6 semanas de gestación. Solo el 3% eran mayores a las 15 semanas.

La coordinadora provincial del programa de Salud Sexual y reproductiva, Sol Gallego, destacó que en los 36 hospitales se garantiza el acceso a IVE/ILE pero aún persisten obstáculos. Afirmó que los principales son: “los profesionales objetores de conciencia, el escaso recurso humano y que todavía hay desinformación sobre los derechos y las formas de acceder a la práctica por parte de la población”.

“Estamos trabajando en esto”, aclaró, “respondiendo a las secuencias generadas en el 0800-222-3444 de Nación, imprimiendo folletería, colocando afiches en los centros de salud y generando contenidos audiovisuales que se comparten en redes”.

Durante una recorrida por el hospital López Lima de Roca constatamos que, hasta el momento, la única cartelería informativa presente es la de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. No se observó el material gráfico elaborado por el ministerio y que nos fue enviado por mail.

Tras la puesta en marcha de la ley -en plena pandemia- hubo que armar la red de referentes para la demanda y la red de derivación en las áreas donde no había profesionales que garanticen su aplicación, refirió Gallego. “Nos encontramos con equipos de trabajo muy cansados; los comprometidos de siempre hasta la actualidad, son solo 95 personas que garantizan la práctica en toda la provincia”, destacó.

También observaron “mucha resistencia” en anestesiólogos, ecografistas y ginecólogos así también como en administrativos, farmacéuticos y enfermeros que desconocían los alcances de la objeción.

Durante el 2020, en medio del debate en el Congreso se supo que en Río Negro el 73% de los ginecólogos de la provincia se negaban a hacer abortos y para garantizar el derecho había que movilizar los recursos. En la provincia hubo un médico condenado por obstructor. ¿Esto cambió con la sanción de la ley?

Para Gallego, “no fue necesario enfocarse en los profesionales objetores sino en los facilitadores que están ejerciendo sus funciones con excelencia. Trabajamos fuertemente para que los objetores comprendan los límites de su derecho y no sean obstaculizadores”. Según las cifras oficiales, el 90% de las prácticas se concretó dentro del plazo de los 10 días que establece la ley.

Otro de los problemas detectados fue la articulación con el sistema de salud privado y de obras sociales. Luego de un trabajo “maratónico” con la obra social provincial (IPROSS) y la superintendencia de servicios de salud, se logró la cobertura gratuita en casi el 80-90% de prepagas y obras sociales.

Con respecto a la edad de las mujeres y personas gestantes que accedieron a la práctica, el 94,8% fueron mayores de 18 años y no se registraron casos de embarazos en menores de 13. El 1,09% de quienes abortaron tenía entre 13 y 16 años y según los registros oficiales, más del 50% de esta población adolescente, no utilizó ningún método anticonceptivo.

El mapa del aborto en la provincia ubica a Bariloche (15,9%); Roca (15,6%), Viedma (12,6%) y Cipolletti (10,6%) como las localidades que registraron mayor cantidad de prácticas. Luego le siguieron San Antonio Oeste 6,9%, El Bolsón 5,1%; Catriel 5,1%; Cinco Saltos 4,5%; Río Colorado y Conesa, 3,5%; Choele Choel, Sierra Grande, Regina y Huergo, 2,3%; Belisle y Pomona 1,4%. Con alrededor del 0,5% figuran Jacobacci, Chimpay, Fernández Oro, Maquinchao, Sierra Colorada, Valcheta y Chichinales.

Ampliar prestadores
Desde el activismo feminista local consideran que la IVE como tema está “relativamente instalado” pero aún “no existen consultorios específicos ni se ha ampliado el número de prestadores”. Maleducadas Kisulelain-Socorro Fiske (Roca), organización que brinda información y acompañamiento para el acceso a un aborto seguro en forma autogestionada o en el sistema de salud, precisó que hasta octubre de este año realizaron 159 acompañamientos y que el 42% fue en acceso a IVE/ILE.

“Hasta el 18 de diciembre de este año, recibimos 309 llamadas telefónicas de las cuales 133 pidieron información para una IVE. El 10% de las personas dijo no saber dónde encontrar información sobre cómo abortar; incluso algunas expresaron temor a ser denunciadas” pese a la repercusión que alcanzó la sanción de la ley, indicó Carla Hernández de la organización.

Por otra parte, apuntó que el número de profesionales garantes en el sistema público sigue siendo “prácticamente el mismo que atendía la demanda para las ILE, previo a la sanción de la ley, tanto en la atención primaria como en el servicio de ginecología”.

Además, consideró “necesario insistir en que el aborto es voluntario hasta las 14 semanas inclusive y a partir de las 15, existen causales para el acceso a una interrupción legal, plazo en el que es aún más difícil acceder por la falta de garantes en el segundo nivel de atención en muchas localidades del Alto Valle”.

En relación a los embarazos en este período, señaló que influye la “deficiente” difusión de la ley porque “reproduce la falsa creencia de que el acceso voluntario se restringe a las 12 semanas”. Dijo que esa información circula muchas veces en centros de salud o consultorios aumentando la incertidumbre

“Casi toda la demanda se atiende en el sistema público, en general, respetando los plazos y el protocolo”, consideró, “y además, hay construido un sentido común de que el sector privado no está obligado a garantizar la ley, una creencia absolutamente falsa pero que se asienta en realidad concreta de que no hay organismo estatal que actúe para que esto se revierta”, afirmó.

El 88,4% de los abortos realizados este año en Río Negro fueron farmacológicos y el 13,9% requirió tratamiento instrumental. Para dar respuesta a esta demanda y para contribuir al acceso a los derechos de las personas gestantes que van al hospital público, el laboratorio provincial Profarse (Productora Farmacéutica Rionegrina S.E.) elaboró misoprostol, el medicamento recomendado por la OMS para un aborto seguro. Es el segundo laboratorio público del país en producirlo. Esta decisión implica para el Estado provincial un ahorro del 40%.

Desde la gerencia de la institución confirmaron que, en octubre de este año, el laboratorio hizo la entrega del primer lote de 30.000 comprimidos vaginales de 200 microgramos para su distribución en los hospitales públicos de toda la provincia.

Esto permitió contar con 2.000 tratamientos que “se van distribuyendo a medida que se realiza la demanda” y que garantiza una cobertura estimada de un año. A mediados del 2022, tienen planificado realizar una nueva compra.