Los sin cacerolas

En buena lógica, los intereses de los hombres y mujeres de la clase media que celebran cacerolazos y que por estar tan fuerte en la Capital Federal están en condiciones de voltear a los presidentes, son incompatibles con aquellos de los representados por piqueteros que reclaman la redistribución drástica de los recursos disponibles, iniciativa que, obvio es decirlo, significaría la depauperación permanente de una franja muy ancha de los sectores medios. Por eso, es poco probable que dure mucho tiempo la convergencia de cacerolistas y piqueteros que se efectuó el lunes cuando las agrupaciones que piden más empleos reemplazaron frente a la Casa Rosada a las que protestan contra el corralito bancario. Si bien ambas corrientes comparten el mismo desprecio por «los políticos» que consideran colectivamente culpables de arruinar al país, en el corto plazo por lo menos las separa casi todo lo demás. Por cierto, a la clase media que se siente angustiada cuando piensa en el destino de sus ahorros no le convendría en absoluto la ruptura con el FMI o el abandono del «modelo capitalista» en favor de otro netamente estatista, que están reclamando los activistas que dominan las organizaciones que a su modo representan a los desocupados de los barrios paupérrimos del Gran Buenos Aires y del interior indigente. Asimismo, un aumento espectacular del gasto público encaminado a crear fuentes de trabajo para obreros escasamente preparados supondría la liquidación rápida del dinero que está retenido en los bancos, eventualidad que naturalmente no sería del agrado de la clase media y que no tardaría en afectar a los millones de pobres que dependen de la economía «negra» que, a su vez, depende de los gastos en efectivo de los pudientes.

Con todo, a pesar de que los intereses inmediatos de los dos sectores que están celebrando manifestaciones multitudinarias en la Capital Federal y otras ciudades no son meramente distintos sino en gran medida contrapuestos, es innegable que sus dramas respectivos tienen el mismo origen en la irresponsabilidad crónica de una clase política que nunca se ha preocupado por la eficacia y que por lo tanto ni siquiera ha procurado construir un Estado que sea digno de llamarse tal. Las primeras víctimas de la resistencia a entender lo fundamental que es contar con instituciones públicas que funcionen bien fueron los «marginados» o «expulsados» que a juicio de los dirigentes populistas, los que siempre los han tratado con desprecio ilimitado, sólo servían para hacer número en manifestaciones callejeras y proveer votos a cambio de algunos mendrugos miserables. Conformes con el statu quo así supuesto, tales dirigentes no se dieron el trabajo de organizar programas estatales -pero no partidarios- similares a los existentes en Europa desde hace casi un siglo, que asegurarían a los desocupados un ingreso mínimo y, lo cual es igualmente importante, oportunidades para adquirir los conocimientos necesarios para conseguir un empleo en una economía en evolución constante, en la que es normal que oficios determinados caigan en desuso y que otro nuevos los sustituyan a un ritmo a menudo desconcertante.

Hasta hace relativamente poco, la mayoría de los que se consideran de clase media aceptaba esta situación nada satisfactoria por suponer que la inoperancia del Estado, además de la corrupción política endémica que siempre ha sido un síntoma inconfundible de su condición deficiente, era a lo sumo una molestia que no la perjudicaba directamente. El empobrecimiento de millones que por las razones que fueran se han visto rezagados a partir de la década de los ochenta no modificó demasiado aquella actitud que podría calificarse de egotista pero que dadas las circunstancias era comprensible. Sin embargo, el corralito que ha convertido a los sobrevivientes en rehenes de una clase política que durante años acumuló deudas sin pensar un momento en cómo honrarlas, ha enseñado de forma brutal a los sectores medios de que la desidia sistemática propia de la vida pública nacional amenaza a virtualmente todos, que la incapacidad para crear un Estado eficaz y manejarlo según criterios no partidarios o clientelistas ya ha tenido consecuencias que están resultando ser incomparablemente más graves de lo que cualquiera había previsto.