Los subsidios, las tarifas y los costos

Hace solo un año, el ministro de Energía de la Nación era Juan José Aranguren. Hoy ya no hay ministerio sino secretaría y está a cargo de Gustavo Lopetegui, aunque en el medio pasó por ese despacho Javier Iguacel. Después de 40 meses de gobierno de Mauricio Macri con un ritmo sostenido de incremento de tarifas y eliminación de subsidios al consumo, las transferencias a empresas privadas de gas, petróleo y electricidad llegaron en el primer bimestre del año a 11.440 millones de pesos, un 400% más que en el 2018.

Los datos, que fueron procesados por el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, dirigido por el exsecretario de Energía Jorge Lapeña, divide estos subsidios en:

• Energía eléctrica: 4.000 millones de pesos. Con este dinero se cubrió en el inicio del año la diferencia entre el costo de generación y el precio que se traslada a la tarifa, que cubre alrededor del 70%. Además se compensa lo que Cammesa, que es la empresa mixta que maneja las transacciones comerciales en el mercado mayorista de la electricidad, deja de cobrarles a las distribuidoras que, como la rionegrina Edersa, no pagan el 100% de la facturación. Esos fondos servían además para cubrir la “tarifa social”, que el gobierno eliminó y transfirió a las provincias.

• Gas de Vaca Muerta: 2.172 millones de pesos para fomentar la extracción de este combustible de origen no convencional.

• Importación de gas: 2.646 millones de pesos a Ieasa, la ex-Enarsa.

La Provincia cubre los subsidios que Nación deja de liberar, a pesar de que la recaudación de impuestos y la coparticipación federal crecen en menor ritmo que los precios.

Luego de que su ministro de Economía, Agustín Domingo, dijera varias veces que la Provincia no se haría cargo de los subsidios nacionales a los colectivos urbanos y de que el propio Weretilneck asegurara que se trata de un problema de los intendentes, la urgencia electoral lo empujó a habilitar casi 14 millones de pesos por mes para evitar que el precio del boleto se disparara en Viedma, Roca, Cipolletti y especialmente en Bariloche, que recibe la mitad de ese total.

La demanda del transporte público es proporcionalmente más alta en Bariloche que en otras ciudades de la provincia. Lo usan los residentes y lo requieren los turistas.

Nadie se va a animar a revisarlo cuando faltan cuatro meses para las elecciones municipales, pero en Bariloche se subsidia el boleto de estudiantes de colegios privados con cuotas de 20.000 pesos por mes y se carga la cuenta a los trabajadores, que, aunque sus salarios sean muy bajos, pagan tarifa plena.

La gobernadora electa Arabela Carreras regresaba anoche de Estados Unidos. Por ahora es ajena a los problemas cotidianos. Aún le faltan siete meses para asumir.

El pasaje mínimo de colectivo en Bariloche es de 27 pesos. Un empleado de comercio con turno partido y sábado inglés debe destinar casi 2.500 pesos por mes solo para ir y volver de su trabajo. En la ciudad de Buenos Aires el boleto sale 18 pesos.

Por eso, cuando el mes pasado, el gobierno nacional dispuso destinar 100.000.000 de pesos extras al subsidio de los colectivos en la ciudad de Buenos Aires, estallaron varios intendentes de las ciudades más pobladas del interior.

La recaudación de impuestos provinciales aumentó un 41,3% en los primeros tres meses del año en relación con el inicio de 2018 y los envíos de recursos nacionales coparticipables, un 40,8%. La inflación, medida por el Indec, fue en marzo del 54,7% en relación con el año anterior.

En marzo, la demanda de electricidad en el territorio atendido por Edersa, que es toda la provincia menos Bariloche y Río Colorado, cayó un 5%.

La pérdida de los recursos versus la inflación más la baja en la demanda eléctrica son señales de caída en la actividad económica en el país y la provincia.

Con recursos en dólares de la colocación de bonos del plan Castello, la obra pública está garantizada en la provincia hasta el año que viene, al menos.

La gobernadora electa, Arabela Carreras, parece por ahora ajena a estas alertas cotidianas. Estuvo en la semana en Estados Unidos, invitada por las mayores empresas de tecnología de ese país, y sigue reacia a dar definiciones. Después de todo, tiene siete meses por delante antes de instalarse en la Casa de Gobierno de Viedma.


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