Los vecinos juntan firmas para pedir que aparten de la causa al juez Velasco Copello
Un grupo de desocupados mantenía tomada anoche la municipalidad de Centenario. La movilización de los autoconvocados fue la más nutrida registrada hasta ahora.
«Hoy la municipalidad es del pueblo», decía un enorme cartel colocado sobre la vidriera del edificio adonde por la noche llegaron más de 400 vecinos que piden que se vayan todos quienes adhirieron al reclamo de los desocupados, que nada tienen que ver con Molina. El grupo, de activa participación desde que estalló el escándalo, comenzó a juntar firmas para recusar el juez Alfredo Velasco Copello, que el lunes dictó la falta de mérito a Molina y a seis desocupados de su grupo.
«Tienen documentación, tienen las escuchas telefónicas, tienen las denuncias de la gente… Todo sabemos cómo funciona esto… por qué la justicia de lava las manos», fue la pregunta que lanzó Nelson, un docente que participó de la asamblea popular que se realizó en la plaza «Los Pioneros».
La ciudad parece avanzar hacia la anarquía y ahora han tomado fuerza los grupos de desocupados que están muy lejos de «Zapallito» y del intendente Luis Castillo, que están de licencia.
«Acá en esta plaza nos mandaron a Molina para que nos corra y nos corrió… nadie dijo nada en ese momento. Todos saben como está todo y todos conocemos los manejos. Creo que llegó el momento que nos atiendan a todos», afirmó el dibujante proyectista Alberto Sequeira, referente de uno de los tres grupos que ayer tomó la municipalidad. Sequeira es de un grupo denominado Manos Unidas y está junto a la Corriente Clasista y Combativa que lidera Dina
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Los tres tienen algo en común además de las necesidades que aseguran alcanzan a 250 familias: no quieren saber nada con Javier Sepúlveda, el representante del ministro Jorge Lara en Centenario. Sepúlveda era un hombre importante en el manejo de los subsidios que está bajo la lupa de la justicia. Además de esa carga, Leyes, Arias y Sequeira lo culpan de varios manejos oscuros. Por eso, cuando ayer asomó para ver qué pasaba fue corrido por los manifestantes.
Los desocupados piden que la comuna se haga cargo del manejo de todos los planes y que elimine a los intermediarios (por lo general ex punteros del MPN) que negocian directamente desde el ministerio de Lara.
«Acá pareciera que no hay más desocupados que los que están con Molina; resulta que las autoridades resuelven los problemas para ellos y para el resto no hay nada», protestó Arias a poco de ocupar la comuna donde anoche esperaban una solución de parte del gobierno provincial. Si bien les negaron la posibilidad de salir del edificio, Cerda y los concejales permanecieron en sus oficinas lo mismo que una decena de policías. Poco después de las 19, Cerda y el presidente del Concejo Jorge Moreno acompañados por dos dirigentes viajaron a Neuquén para reunirse con Lara y con el ministro de Gobierno Jorge Gorosito. A las 23 no había respuestas y Cerda y Moreno seguían en Neuquén. Gorosito fue concreto «no negociamos mientras ocupen el edificio», les advirtió. Hubo momentos de gran tensión cuando los desocupados impidieron la salida de los agentes municipales. Pero el conflicto se descomprimió alrededor de las 15, cuando se permitió la salida de «todos menos los funcionarios».
Los desocupados estaban desde el martes afuera de la comuna a la espera de una respuesta de las autoridades, que no llegó.
«Hace dos días que estamos a mate y pan; ellos pueden esperar con nosotros», dijo una mujer de las que ingresó en el municipio a fuerza de empujones.
Además de Moreno, estaban en el edificio los ediles Noemí Villagra y Antonio Fasani.
En total, el reclamo de los tres grupo alcanza a los 250 planes de empleo; de los cuales 170 son para la CCC, 70 para los de la Uocra y el resto para Manos Unidas.
Intermediario no querido
CENTENARIO (AN-ACE).- La crisis institucional que envuelve a esta localidad sigue pegando coletazos. Desarticulada la estructura que hermanaba al piquetero Héctor Molina, al intendente Luis Castillo y al ministerio de Desarrollo Social, la única cara visible de la provincia -además de altos jefes policiales- fue Javier Sepúlveda una suerte de coordinador del organismo que no goza de la simpatía que ninguno de los tres grupos que ocuparon la comuna. Sepúlveda se tuvo que ir bajo una catarata de insultos y acusaciones.
«Es un especialista en dividir a la gente y acá no ha traído soluciones a nadie sólo a la gente que está con ellos», acusó Dina Arias quien junto a los delegados de la Uocra y de Manos Unidas reclamaron que se designe a otro interlocutor para mediar en el conflicto. De todas maneras, Sepúlveda fue el nexo para el viaje a Neuquén en busca de una salida al conflicto.
Los vecinos quieren que el ministerio designe a otro representante para negociar una salida y que de aquí en más la municipalidad coordine la asistencia social o que por lo menos tenga acceso a la información que controla la provincia.
¿Por qué salió «Zapallito»?
La liberación de «Zapallito» Molina ha motivado diversas conjeturas respecto a las circunstancias excepcionales en que se produce un acto judicial que podría ser normal, pero que motiva toda clase de suspicacias y de dudas.
En realidad, es posible que el juez haya decidido sobre la calidad del delito imputado con absoluta prescindencia y valorando exclusivamente las pruebas, aunque llama la atención que muchos de los fundamentos de la decisión parecen más propios de una sentencia que de un auto interlocutorio, sobre todo cuando se está en proceso de investigación y la repercusión social y política que tiene el caso obligaba al juez a una decisión más prudente para no provocar sensaciones de manipulación de la justicia por parte del poder político.
Pero admitamos como una hipótesis que el juez decidió el tema de acuerdo con su conocimiento jurídico y con convicciones profundas.
La otra hipótesis parte del encadenamiento de hechos tan íntimamente vinculados que parecen propios de una secuela orgánica y perfectamente sincronizada. Ocurre la detención del «Zapallito», se produce todo el espectacular procedimiento de la Justicia y todo siguió sobre carriles normales hasta que Molina decidió que era el momento de hablar y dijo, nada más ni nada menos, que el sueldo se lo pagaba un ministro del gobierno de Sobisch. Es probable que tuviera mucho más que decir, pero que solamente se haya limitado a anticipar lo que podría ocurrir más adelante.
La secuela de los acontecimientos demostraría en esta hipótesis que el gobierno entró en pánico, es decir todos los funcionarios y probablemente el propio gobernador advirtieron que detrás de la media palabra del «Zapallito» se escondía una información más truculenta que podía crear una complicación política mucho mayor, de manera tal que las presiones sobre el juez pudieron haber sido de una potencia y de una intensidad inusitada como para forzarlo a dictar una resolución tan absolutamente impopular y tan sospechosa en momentos en que la sensibilidad de la gente está a flor de piel.
Las dos hipótesis están abiertas. Usted puede elegir la que le parezca más convincente.
El magistrado no respondió la mayoría de los escritos del fiscal
NEUQUEN (AN)- El juez Alfredo Velasco Copello todavía no respondió a la mayoría de los siete escritos que le presentó el fiscal Pedro Telleriarte con sucesivas ampliaciones de la acusación contra la banda de los subsidios. En el último de los requerimientos, el titular de la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública insistió con el pedido de detención del intendente Luis Castillo, del representante del ministro Lara en Centenario, Alejandro Romeo, y le agregó a otros dos funcionarios: la supersecretaría Patricia Gutiérrez y el secretario de Hacienda, Roberto Contreras.
Por otra parte, hoy el fiscal apelará la resolución del juez que dejó en libertad por falta de pruebas a Héctor «Zapallito» Molina y otros seis desocupados.
Anoche a última hora continuaba trabajando en el tema, enumerando todos los elementos que a su criterio demuestran que en Centenario existía una organización dedicada al saqueo de los fondos públicos.
La apelación recaerá por sorteo en una Cámara Penal de Apelaciones, que definirá si «Zapallito» y su gente estuvieron bien excarcelados o no.
El estado actual de la causa es tan complejo que incluso fue tema de conversación en la habitual reunión de los miércoles del Tribunal Superior de Justicia. Aunque no se emitió opinión sobre la acusación fiscal ni sobre la decisión de Velasco Copello, los vocales dialogaron informalmente sobre el tema y tuvieron en cuenta la delicada situación en la que quedaron los centenares de testigos que hicieron su aporte al expediente.
Desde el 30 de setiembre pasado, la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública presentó siete requerimientos. En cada uno describe nuevos hechos presuntamente delictivos, encuadrados en las figuras de «asociación ilícita» y «peculado reiterado». Están mencionadas las maniobras cometidas con subsidios que no llegaron a sus beneficiarios, el pago a empresas de servicio fantasma y la utilización de fondos de la caja chica de la intendencia para solventar gastos particulares.
En el último de los requerimientos, presentado el sábado al juez, la fiscalía insistió con el pedido de detención de Castillo y Romeo. Es la tercera vez que lo solicita.
Pero además pidió que sean encarcelados otros dos funcionarios municipales actualmente separados de sus cargos: la secretaria de Gobierno y Acción Social, Patricia Gutiérrez, y el secretario de Hacienda, Roberto Contreras.
A los cuatro, la fiscalía les atribuye ser parte de la asociación ilícita que está investigando.
Por su parte el defensor de Castillo, Ricardo Cancela, dijo que no lo había sorprendido la liberación de Molina y opinó que su cliente también quedará desvinculado de la causa. «No alcanza con enunciar que hay una asociación ilícita, hay que demostrar que se asociaron para cometer delitos».
En diálogo con este diario, Cancela señaló que el intendente actualmente de licencia «no fue citado nuevamente por el juez. Puede ser que ocurra más adelante, porque el fiscal está ampliando su acusación todas las semanas».
El letrado aclaró además que «el juez no tiene que resolver la situación de Castillo porque no está detenido», y anticipó que no presentará ningún pedido solicitando una definición en ese sentido.
En cambio, sí presentará nulidades porque a su criterio la investigación se realizó afectando garantías constitucionales. «Presentaré nulidades en el momento oportuno, cuando lo considere conveniente», indicó.
«No queremos que nos sigan robando, por eso salimos a la calle»
CENTENARIO (ACE).- «La gente tiene miedo, pero más hartazgo. No queremos que sigan robando, por eso salimos», dijeron ayer los vecinos que marcharon contra la corrupción. También buscan recusar al juez Alfredo Velasco Copello, por dejar libres al grupo de desocupados que lidera Héctor Molina y por no encarcelar al intendente Luis Castillo, como pidió el fiscal.
Unas 500 personas se reunieron ayer en la Plaza de Los Pioneros, en el inicio de la marcha. «Pasamos la prueba», dijo uno de los autoconvocados, debido a que durante las últimas 24 se temía que el miedo y la desazón por la liberación de Molina y el planteo del Juez derivarían en una inmovilización comunitaria.
Sin embargo, al darse a conocer la toma de la municipalidad por parte de desocupados, se decidió trasladar la movilización a la plaza San Martín; lo que desmembró a gran parte de la concurrencia que se había dado cita en barrio Sarmiento.
La calificación de «falta de pruebas» considerada por el juez causó indignación entre los vecinos, especialmente los que habían seguido la investigación de la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública a través de los trascendidos en los medios y el contacto que el propio fiscal había tomado con algunos vecinos.
Es por ello que se armó un nuevo petitorio y ayer comenzó la búsqueda de adhesión de firmas para pedir la recusación del juez «debido a la vergonzosa y parcial actitud asumida para con Zapallito Molina, incluido Castillo y todos los funcionarios involucrados».
El pedido de apartamiento está dirigido al titular del TSJ, Arturo González Taboada, a quien se pide que tome una actitud «que desvirtúe la sospecha popular de que la Justicia está manejada por el poder político». La marcha, de las más nutridas desde que estalló el escándalo de los subsidios, incluyó a docentes, estudiantes, médicos, comerciantes, municipales, desocupados y amas de casa.
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