Lucas Muñoz: condenaron a policías por activar un chip sin aval judicial

Cuando los investigadores que buscaban al policía Lucas Muñoz advirtieron el 15 de julio de 2016 que se había activado una línea de teléfono a su nombre en la zona de Neuquén capital, respiraron aliviados. Pensaron que la búsqueda había terminado, que Muñoz había optado por irse de Bariloche y no había motivos para preocuparse. Era una falsa alarma.

Días después descubrieron que el sargento de la Policía de Río Negro Néstor Meyrelles había comprado el chip a un amigo que tenía una agencia de telefonía en Catriel y había pedido activar la línea a nombre de Muñoz. La sorpresa fue mayor cuando constataron que Meyrelles se había puesto de acuerdo con el oficial Federico Valenzuela Campos, que entonces estaba en Bariloche, para hacer la maniobra en silencio, sin avisarle a ninguna autoridad judicial ni policial.

Los dos policías alegaron en el juicio que lo hicieron para colaborar con la búsqueda de un camarada.

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El juez Marcelo Barrutia no les creyó. Valoró las pruebas que los incriminaban y ayer los condenó a 2 años de prisión por el delito de abuso de autoridad y 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Es la pena máxima que permite el Código Penal para ese delito. El fallo está en sintonía con el pedido de pena que había hecho el fiscal Martín Lozada.

El juez desestimó los planteos de los defensores particulares de los acusados que habían alegado que Meyrelles y Valenzuela Campos no obraron con mala intención.

Los defensores habían planteado que el delito que se les atribuía no era el indicado por la fiscalía. Barrutia descartó esa tesis, aunque el fallo no está firme.

Para el juez se demostró en el juicio que Meyrelles y Valenzuela Campos fueron los autores de la maniobra para activar el chip a nombre de Muñoz, que había desaparecido el 14 de julio de 2016.

El cadáver del policía fue hallado el 10 de agosto de 2016, ejecutado de un tiro en la nuca. La investigación por el homicidio, que es la causa principal, aún no avanza y el crimen sigue impune.

La causa contra Meyrelles y Valenzuela Campos es un desprendimiento del expediente principal.

Son causas colaterales como la que incriminó a los policías Maximiliano Morales y Luis Irusta por el delito de allanamiento ilegal del domicilio de Muñoz la noche del 14 de julio de 2016, horas después de que desapareciera. Barrutia condenó a mediados de noviembre de 2017 a Irusta y Morales a 2 años de prisión en suspenso. Esa condena aún no está firme porque está impugnada.

Ahora, Barrutia concluyó que Meyrelles y Valenzuela Campos excedieron sus facultades como policías al intervenir en la intimidad y privacidad de Muñoz sin la orden de un juez, “a sabiendas de que estaba mal lo que hacían”. Señaló que recién admitieron la maniobra cuando fueron indagados.

Para el magistrado, esas diligencias “impactaron negativamente” en la investigación que recién daba los primeros pasos para localizar a Muñoz y generaron falsas expectativas en la familia de Muñoz de que “podía ser hallado con vida”.

Barrutia desestimó el planteo del defensor de Valenzuela Campos que alegó que una sentencia condenatoria podría ser un mal mensaje para los policías, porque los amedrentaría a querer colaborar con futuras investigaciones. “Muy por lo contrario, esta sentencia condenatoria apunta a dar un mensaje fundamental a todos los integrantes de las fuerzas policiales, en el sentido que deben cumplir con su función, que es muy delicada, pero deben hacerlo siempre y en todo momento conforme a la ley”, advirtió el juez.

Sólo Valenzuela Campos y su abogado Gustavo Godoy estuvieron en la lectura de la sentencia. Valenzuela Campos se retiró acompañado de familiares. No hubo ningún cruce de palabras con los familiares de Muñoz, que estuvieron durante todo el juicio.