Macri al rescate
Según el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, el impulsor, con su homóloga Diana Conti, del proyecto de expropiación de Papel Prensa, de tal modo asestando otro golpe a los medios periodísticos que aún se resisten a subordinarse al oficialismo, nunca se le ocurrió a nadie en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenar la “intervención” –o sea, la toma por asalto– del Grupo Clarín. Fue su forma de tratar de limitar el impacto fuerte que está teniendo la decisión sorpresiva del jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, de declarar que, por mucho que le disguste a la presidenta, en su jurisdicción la prensa seguiría disfrutando plenamente de la libertad garantizada por la Constitución nacional. Según Macri, Cristina “no quiere que haya más prensa libre en la Argentina” sino que, por el contrario, está resuelta a “silenciar a los periodistas y a los medios de comunicación”. ¿Exagera el líder de PRO? Puede que sí, que el gobierno esté dispuesto a tolerar un grado mínimo de disenso aunque sólo fuera porque le permitiría decir que no hay censura, pero parecería que la presidenta realmente está convencida de que intereses corporativos siniestros encabezados por los “generales mediáticos” de Clarín están procurando hacer fracasar su gestión y que, por lo tanto, se justificaría cualquier medida que sirva para desbaratar la conspiración “destituyente” que supuestamente está en marcha. Asimismo, debido en parte a su adhesión a la teoría del relato, conforme a la cual en política las impresiones importan más que la mera realidad, y en parte al peligro que le plantea el torrente de revelaciones acerca de la forma en que su marido fallecido “construyó poder” acumulando cantidades muy grandes de dinero, la presidenta y los personajes nada democráticos que la rodean no pueden sino sentirse constreñidos a presionar a los medios para que dejen de informar. La iniciativa de Macri, que enseguida se vio convalidada por casi todos los dirigentes opositores tanto porteños como nacionales, liberales como izquierdistas, ha creado una situación que hace recordar los conflictos entre la ciudad de Buenos Aires y zonas del interior de mediados del siglo XIX, si bien es posible que algunos mandatarios provinciales adopten una postura parecida a la de Macri en defensa de un derecho fundamental que se ve amenazado por el oficialismo. Aunque en muchas provincias los gobernadores están acostumbrados a presionar económicamente a los medios locales para que los apoyen, razón por la que virtualmente todos han preferido pasar por alto la campaña oficial en contra de los medios de alcance nacional que tienen sus sedes en la Capital Federal, muchos entenderán que no les convendría figurar como enemigos declarados de la libertad de expresión cuando lo que está en juego es la supervivencia de diarios como Clarín y La Nación. En los días últimos, han proliferado versiones alarmantes acerca de un presunto intento kirchnerista de apoderarse de Clarín por los métodos ya conocidos, reeditando la expropiación prepotente del grueso de las acciones de YPF que estaban en manos de la empresa española Repsol, de ahí el desafío planteado por Macri que, basándose en la Constitución nacional y la porteña, además de tratados internacionales, se cree facultado para frustrar por decreto los designios de quienes aspiran a sumar los medios independientes al ya nutrido, pero, por fortuna, muy poco eficaz, coro de aplaudidores oficialistas. Tan verosímiles han sido las versiones en tal sentido que periodistas habitualmente bien informados han advertido que la toma podría concretarse en cualquier momento, mientras que los trabajadores de Clarín se han declarado en estado de alerta, como si fueran defensores de una fortaleza bajo sitio que aguardan una nueva ofensiva enemiga. Es de esperar que la rebelión de Macri contra un gobierno nacional que jamás ha disimulado su voluntad de “ir por todo”, y que, para más señas, cuenta con el apoyo entusiasta de militantes violentos, logre la adhesión de muchos mandatarios del interior que, huelga decirlo, tienen razones de sobra para oponerse al autoritarismo cada vez más explícito de un gobierno ferozmente unitario que no sólo desprecia a quienes no comparten todas sus opiniones sino que también ha convertido a los gobernadores provinciales en dependientes.
