Maniobra impiedosa
Para satisfacción del ala más conservadora de la Iglesia Católica pero extrañeza de muchos otros, incluyendo a una cantidad impresionante de especialistas preocupados por el estado de la salud pública, una mayoría de cinco miembros de la Corte Suprema, con la disidencia de otros cuatro, decidió que debería prohibirse por abortiva, no meramente anticonceptiva, «la píldora del día después», producto farmacéutico cuyo uso había sido autorizado aquí hace casi seis años, que viene recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que se vende sin problemas en Estados Unidos y la Unión Europea. En base de argumentos un tanto abstrusos relacionados con el momento preciso en que comienza la vida -los médicos dicen que el embrión no queda fertilizado hasta varios días después, pero los cinco ministros que votaron en favor del fallo prestaron más atención a la opinión de ciertos teólogos católicos – la Corte más cuestionada de la historia del país ha producido un dictamen que con toda seguridad incidirá de forma negativa en la vida de muchas personas. Aunque las cifras sobre la cantidad de abortos, todos clandestinos, que se realizan en el país son necesariamente muy imprecisas, el que se haya podido sostener que hay por lo menos 400.000 anuales nos da una idea de las dimensiones del problema planteado por la política severamente prohibitiva vigente. Lejos de «defender la vida» como pretenden, los partidarios de las leyes antiabortivas sólo aseguran que todos los días mueran o queden gravemente afectadas centenares de mujeres, muchas de ellas adolescentes. Es factible que desde el punto de vista de los principistas sea bueno que muchas mujeres paguen un precio tan elevado por haber pecado, pero se trata de una actitud que otros no pueden sino considerar inhumana.
De todos modos, el que este fallo, como tantos otros que han ocasionado polémicas, haya sido obra de la «mayoría automática», o sea, de los cinco jueces de prestigio jurídico discutible que están estrechamente vinculados con el ex presidente Carlos Menem, ha hecho sospechar que sus motivos tuvieron menos que ver con su compromiso personal con una tesis determinada, que con el deseo de congraciarse con la Iglesia Católica a fin de contar con un aliado útil en su lucha contra los resueltos a reemplazarlos mediante un juicio político. Puesto que la embestida contra la Corte está encabezada por Elisa Carrió, diputada que nunca deja pasar una oportunidad para hacer gala de su piedad, es innegable que los ayudaría la eventual movilización de los obispos conservadores. En otras palabras, a juicio de muchos, los cinco ministros más cuestionados de la Corte no titubearían en anteponer sus propios intereses a la salud y, en muchos casos, a la vida misma de mujeres que no cuenten con los recursos materiales necesarios para trasladarse a una clínica de un país del Primer Mundo sino que se sienten obligadas a recurrir a los servicios rudimentarios de un abortista clandestino. Justificada o no tal suposición, el hecho de que muchos que han comentado sobre el fallo la hayan considerado evidente refleja lo escasa que es la autoridad moral de lo que en teoría debería ser la institución más respetada del país.
Los debates sobre las cuestiones éticas planteadas por el aborto nunca podrán resolverse, porque son incompatibles las posturas de quienes defienden «los derechos de la mujer» por un lado y, por el otro, aquellas de los partidarios del «derecho a la vida» de los aún no nacidos. Sin embargo, lo que no es discutible es que en los países en que se ha impuesto la opinión de la Iglesia Católica el aborto clandestino constituye un problema muy grande y que si bien el uso de anticonceptivos no lo eliminará, por lo menos servirá para reducirlo. Así las cosas, fallos como el que acaba de pronunciar la Corte Suprema por razones acaso ajenas al tema son perversos. Lejos de hacer que los abortos sean menos comunes, suponen que serán aún más frecuentes que antes. Aunque es de prever que los jueces responsables se han felicitado por lo que a su entender es una nueva manifestación de su compromiso con «la vida», son demasiados los que habrán interpretado su dictamen como una prueba más, si una fuera necesaria, de su voluntad de privilegiar sus propios intereses personales por encima de cualquier otro factor.
