Mar de fondo

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

La agenda política impone su ritmo. Poco le importa que el gobierno que encabeza Alberto Weretilneck en Río Negro haya tenido poco tiempo para atender la heredada crisis financiera con la inexperiencia de sus funcionarios y en medio del shock por la muerte del gobernador Carlos Soria. El comienzo de clases, la cuestión salarial, la ley de Emergencia del Estado y las urgencias en Salud y en otros servicios públicos dieron por concluido el duelo y la previa. Apuran. Alimentan la controversia y la oposición. Marcan el ritmo. El debate en Educación supera por estos días el nivel de confrontación que soñaban los mejores pronósticos oficiales. Sólo en cuestiones tales como la reparación de escuelas puede admitirse una dificultad concreta y real, sobre la base de la falta de dinero, de tiempo y de experiencia. La propuesta de un aumento salarial escalonado del 20% para el año, a terminar de pagarse en octubre y con una tibia promesa de volver a conversar durante el segundo semestre, no ha conformado al gremio docente Unter ni al recién nacido sindicato Siter. La conducción gremial ha recibido casi tantas críticas como el gobierno. Lo que, en gran medida, se explica por las circunstancias: • El actual ministro Marcelo Mango era secretario general de Unter hasta asumir. Y la negociación paritaria fue, por lo tanto, con quien fue su compañero de fórmula y lo sucedió en el cargo, Jorge Molina. Ni siquiera se cuidaron las formas convocando en Trabajo como organismo mediador. • El aumento de los sueldos de gobernador y ministros buscó transparentar y evitar pagos ilegales. Pero el porcentaje deja por el suelo a las ofertas que hoy se formulan a los gremios estatales. • La crisis interna en la Unter ya existía. Pero la designación de Mango como ministro no hizo más que profundizarla y desnudarla ante la opinión pública. • El ministro Mango ha puesto énfasis en respetar la “orgánica” del gremio. Pero lejos de beneficiar a Molina, la cercanía entre ambos parece haberlo perjudicado en el frente interno, dificultando el diálogo con los sectores críticos. • De todos modos, el procedimiento interno de decisiones del gremio sigue presentando un dilema: sólo un porcentaje de los docentes está agremiado –cerca de la mitad– y, de ellos, sólo una parte va a las asambleas. El gobierno confía en que, por esta razón y por el escaso tiempo desde su asunción, una porción considerable de los trabajadores de la educación no se pliegue al rechazo y el inicio de las clases se realice con cierta normalidad. Aun así, el asunto ha puesto en cuestión un tema que ya comienza a preocupar al oficialismo: sin Soria, el gobierno tiene dificultades para que el respaldo mayoritario que logró en las urnas se traduzca en adhesión concreta a sus acciones. La imagen del poder es diferente. Menos personalista. Más difusa. Y esto plantea desafíos respecto de cómo marcar agenda y retener la iniciativa en la acción política y social. La cuestión salarial también pulsa el ritmo en el resto de la Administración Pública. Le gana incluso al debate que el propio Ejecutivo planteó en el comienzo de su gestión, referido a qué tamaño de Estado y con qué funciones y calidades es saludable contar. UPCN, el menos interesado en que se revisen metodologías de ingreso masivo a planta permanente de las que fue activo partícipe, oscila entre un discurso crítico y una actitud de diálogo y predisposición a acordar. Es su estilo. Y Juan Carlos Scalesi lo ejecuta de memoria, sin partitura. ATE plantea una postura más crítica. Tanto, que parece de antemano descartar toda posibilidad de diálogo fructífero. Una estrategia que plantea su propio tope. En definitiva, la cuestión educativa es mucho más que el salario docente, aunque lo incluya. Y el debate sobre cómo lograr una mejora en la calidad y en la cobertura del sistema educativo en Río Negro todavía no logra una instalación generalizada en la sociedad. Por el momento, el perfil gremial del Ministerio recorta el abanico a su imagen y semejanza. Y una política de administración es mucho más que el salario de los estatales, pero, como en otras áreas, el Estado se impone por sobre el objetivo que le asigna significación. Se mira el ombligo. Y se queda corto con la discusión mayor de su proyección en beneficio de toda la sociedad. El gabinete mismo no termina de resolver estos dilemas. La reglamentación de la ley 4735 –que declaró sujetos a disponibilidad a unos 15.000 empleados públicos– no fue difundida aún. Y todo parece indicar que la convicción que llevó al gobierno de Carlos Soria a aprobar esa norma en diciembre ha fluctuado hacia otro marco político que no la incluye. Al menos no con el texto actual sino con una versión diferente. Días atrás el gobernador Alberto Weretilneck dijo a sus ministros que “sacaran de agenda” el tema de los contratados. Es una de las dos vertientes de la discusión sobre el inmenso gasto estatal en salarios que la gestión actual heredó de 28 años de gobiernos radicales. Hoy es un hecho que unos 2.000 contratos –acaso la mitad de los que vencieron el 31 de diciembre– no fueron renovados. Y el Estado se va reacomodando para funcionar sin ellos. Respecto del pase a planta, parece imponerse la tesis de revisar los casos más ilegítimos. El debate tiene un costado técnico y una fuerte definición política: no hay consenso en aplicar la ley tal como fue redactada. Más bien se piensa en nuevos esquemas para adecuar la estructura estatal sin afectar derechos consolidados y evitando, en tanto sea posible, una incómoda vuelta atrás. El modo de hacerlo, más que la decisión, ha abierto fisuras en el gabinete. Y esto habría motivado que el gobernador postergara para la semana próxima todo anuncio sobre el tema. Este jueves Weretilneck inaugurará el período ordinario de sesiones de la Legislatura. Tradicionalmente es la ocasión en que se plantean los grandes proyectos y líneas de acción. Al asumir, Soria había postergado hasta esa fecha los anuncios de planes y obras en concreto. Weretilneck sabe que, salvo las 5.000 viviendas y otras obras con financiamiento previsto de Nación, no está en condiciones de prometer una transformación inmediata de la alicaída infraestructura provincial. Y que la reducción del gasto público y el impulso a la minería le valdrán seguras críticas. Su desafío, en todo caso, será no esquivar tales temas y hablarles a los rionegrinos con sinceridad, respeto e información veraz. No con el tono con el cual, días atrás, pretendió desestimar opiniones diferentes sobre el uso del cianuro. Nadie ignora que los próximos seis meses serán decisivos para ver si logra enderezar su gobierno hacia un cambio que permita abrigar esperanzas. O si la inercia del Estado se devora las mejores intenciones suyas y de los votantes.

DE DOMINGO A domingo