Martini no pudo contener las lágrimas al defenderse en la causa Techo Digno
El juez Ricardo Calcagno dio por formulados los cargos y determinó un plazo de siete meses para la investigación.
María Eugenia Martini, exintendenta de Bariloche, durante la audiencia de formulación de cargos.
“Repaso mi accionar y no encuentro nada que no esté ceñido a lo que la ley manda. He cumplido en todo. Jamás usé fondos públicos en mi propio beneficio”, dijo la exintendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, en la audiencia de formulación de cargos de la causa Techo Digno vinculada a la malversación de fondos nacionales para la construcción de 875 viviendas, que comenzó este lunes.
“Cuando uno busca mi nombre en internet, mis hijos ven mi foto. Sale mi nombre. Es un escarnio público. Jamás dispuse un solo centavo de los fondos en mi provecho. Todo el dinero recibido fue destinado a viviendas. Vivo en la misma casa desde siempre y la política es mi pasión”, señaló Martini.
Tras una audiencia que se extendió por más de tres horas, el juez Ricardo Calcagno dio por formulados los cargos contra Martini y Juan Castelli, de Oriente Construcciones, y determinó un período de investigación de siete meses.
El empresario Alberto Uzandizaga, de Alusa, no estuvo presente en la audiencia.
“Existen elementos para habilitar la etapa penal preparatoria, motivo por el cual doy por formulados los cargos contra Martini y Castelli por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y el delito de uso de instrumentos políticos falsos”, manifestó Calcagno.
Durante su exposición, el fiscal Guillermo Lista detalló que se investigan dos hechos. El primero vinculado con la construcción de 376 viviendas en Bariloche en el marco del programa nacional Techo Digno.
En diciembre del 2013, se firmó un convenio entre la Secretaría de Vivienda de Nación y el municipio de Bariloche para proceder a la construcción de estas casas en un plazo de 24 meses. Las obras fueron licitadas y adjudicadas por el municipio a la empresa Alusa y Oriente.
Lista aclaró que, del convenio firmado, “surgían obligaciones para el intendente, como abonar mensualmente a la empresa por la certificación de avance de obra”. Dijo también que, en el periodo de abril de 2014 y junio de 2015, la Municipalidad de Bariloche recibió la suma de 117 millones, “parte de la cual fue transferida indebidamente”.
“Se transfirió casi la totalidad -el 98% del total- que no se condecía con el avance de las obras. Este convenio preveía una ejecución de obra en 24 meses y el último desembolso en julio del 2015 llegó anticipadamente. Había transcurrido un año y dos meses cuando se desembolsó anticipadamente el 98%”, planteó el fiscal.
Lista consideró que “se beneficiaron las empresas constructoras. Y la operatoria se concretó mediante certificaciones de avance de obras apócrifas. Con dicho accionar se causó un perjuicio al erario público”.
Se refirió también a un segundo hecho vinculado a las 495 viviendas del programa Techo Digna que tenían un plazo de ejecución previsto de 18 meses.
“Entre junio y diciembre del 2015 (que fue el cese de mandato de Martini), el municipio de Bariloche recibió 205 millones de pesos. Fueron transferidos indebidamente un 82,7% del total convenido pese a que no hubo ni siquiera un acta de inicio para ninguna de estas cinco obras”, señaló Lista y aclaró: “El plazo de ejecución era de 18 meses que vencía en diciembre del 2016. Para el 13 de noviembre del 2015, prácticamente se había desembolsado un monto significativo”.
Por otro lado, la fiscalía consideró encuadrar a Castelli y Usandizaga como “sospechosos en calidad de partícipes necesarios de los delitos de defraudación por administración fraudulenta”.
“Cuestiones políticas”
Al tomar la palabra durante la audiencia, Martini manifestó: “Me interpelo a mí misma y digo: ´No hay nada ilícito en mi desempeño como intendenta´. Uno tiene una familia, soy una persona pública, tengo una responsabilidad social como legisladora. Soy una persona que está siendo duramente afectada. Niego los hechos que se me imputan y pronuncio una y otra vez, con absoluta tranquilidad, mi inocencia”.
La exintendenta del Frente para la Victoria consideró que la causa tiene ribetes políticos. “Uno siente y percibe una justicia provincial que parece estar salpicada por cuestiones políticas que podrán conducir a todo pero nunca a la verdad”, sostuvo.
Y agregó: “Quienes hemos estado señalados por la causa Techo Digno somos peronistas. Esto no se le escapa a nadie. Tenemos roles públicos destacados. No es casual. La única razón de estas causas es la política”.
Poco después, hizo un repaso por diversas obras en la provincia de Río Negro. “¿Que pasó que no hubo avances con respecto a las denuncias penales por la obra de la calle Mitre? O la refuncionalización del hospital Ramón Carrillo o los sobreprecios de luminarias. No avanzan, se desestiman. No pasa nada”, cuestionó.
Martini objetó que hay “denuncias por decenas y todas involucran a funcionarios o intendentes, con una única diferencia: son del partido del poder político gobernante”.
“Ni el propio (Claudio) Bonadío que, durante años, tuvo esta causa se atrevió a tanto. Y no pudo porque acá no hay nada. Estuvo claro siempre para ese magistrado que hubo una correcta administración de los fondos”, dijo.
El abogado defensor de Martini, Sebastián Arrondo, se opuso a la formulación de cargos, argumentando que “para que exista defraudación, es necesario demostrar tres elementos fundamentales: enriquecimiento ilícito, perjuicio en el erario público y ardid en el engaño”. Insistió en que en este caso, no hubo enriquecimiento patrimonial ni perjuicio al erario público. “Está claro que no existió ningún acto irregular y que mi defendida no era merecedora de un juicio de responsabilidad”, planteó.
También cuestionó el planteo de la fiscalía respecto a una suma de dinero “cuyo destino se desconoce”. “Hoy no se puede no conocer el destino de una cuenta. Es una actividad probatoria sumamente fácil. Esos fondos fueron a la obra pública. Hablamos de obras de gran envergadura”, mencionó Arrondo. Finalmente, cuestionó el plazo de investigación solicitado por la fiscalía de un año (que de todos modos, fue rechazado por el juez) ya que generaría “un daño permanente que debe cesar”. “Esto está siendo investigado desde hace 6 años. ¿Por qué un año más? La prueba que no consiguieron hasta ahora no la van a poder conseguir. Estamos hablando de defraudación, de que se llevó plata a su casa y benefició a terceros”, puntualizó.
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