Techo Digno: formularon cargos luego de nueve horas con fuertes cruces

Tres exintendentes rionegrinos quedaron formalmente acusados por defraudación y por el uso de documentos falsos en el marco de la construcción de casas. Un empresario quedó fuera de las imputaciones. Mañana se resolverá sobre otro exjefe comunal y dos constructores.

Una batalla inicial de nueve horas marcó el camino de la megacausa Techo Digno. Determinar qué pasó con el dinero que envió Nación a municipios de Río Negro para viviendas que no se construyeron en tiempo y forma será un proceso arduo. Tanto, que el Ministerio Público pidió en la primera audiencia de ayer declarar el caso como “asunto complejo”, una previsión del Código Procesal Penal que otorga a los fiscales el doble de plazos para la investigación.

Y además de ese planteo, los intendentes acusados también anticiparon que usarán todo lo que tengan a mano para defenderse. “No nos escondemos, pero tampoco nos rendiremos”, sostuvo el exjefe comunal peronista de Cervantes, Gilberto Montanaro, en el cierre de su declaración ante la Justicia.


Los tiempos previstos para la jornada inicial de formulación de cargos se alteraron en forma significativa, por la intensidad de los cruces entre las fiscales Graciela Echegaray y Julieta Villa, con los defensores de cuatro de los 11 ex y actuales mandatarios locales imputados. La primera audiencia estaba prevista entre las 9 y las 10, pero terminó después de las 14. A las 15 empezó la segunda parte, unificando los otros tres procesos, terminando después de las 19. La división fue necesaria porque la jueza María Gadano se excusó para el caso de Cervantes, ya que su padre es abogado defensor de uno de los imputados. Por eso el primero que intervino fue el juez Julio Martínez Vivot.


Las representantes del Ministerio Público pidieron que se considere a Montanaro (Cervantes), Luis Ivancich (Godoy), Daniel Belloso (Choele Choel) y Carlos Pilotti (Río Colorado) como presuntos autores de los delitos de defraudación a la administración pública en concurso con uso de documento público falso. A Belloso también le atribuyen el delito de malversación y a Pilotti el de peculado.


La defraudación y el uso de documentos falsos, en calidad de partícipes necesarios, también fue endilgada a los empresarios Longinos De Dios (ECA), Néstor Sarasola (Eraiki) y Jacobo Baskir (Baskir), responsables de las constructoras que llevaron adelante los planes de viviendas licitados en el marco del programa Techo Digno, entre los años 2013 y 2015.


La segunda audiencia se realizará hoy en Viedma, con eje en los planes de viviendas de Conesa, Sierra Grande y San Antonio Oeste.



Anoche la jueza Gadano consideró que en los casos de Choele Choel, Río Colorado y Godoy no estaba debidamente fundamentado el accionar delictivo de De Dios, por lo tanto no dio por formulados los cargos.
La decisión del juez Martínez Vivot sobre los otros empresarios y sobre el exintendente Montanaro se conocerá recién mañana.


Sobre el caso concreto de Cervantes, el Ministerio Público detalló que la gestión de Montanaro recibió 95,29% del monto total del convenio para la construcción de 135 casas (en tres planes diferentes), pero “las obras presentaron un 30% de avance físico al 2016”.
“Se dispuso de fondos excedentes por el 65% del monto total recibido, cuyo destino final se desconoce”, puntualizó la fiscal Villa en la presentación del caso.


En Choele Choel se habría pagado un 52% de más con respecto a la ejecución real de las casas.
El actual legislador Belloso también habló en la audiencia y aseguró que “mi patrimonio es mi familia, mi casa y un auto Golf”. A punto de quebrarse, agregó que “hoy tengo las mismas cosas. Por eso, escuchar palabras como ‘peculado’, aparecer en los diarios… no es gratuito para nosotros estas exposiciones, donde la verdad es que somos inocentes”.

“El dinero para la construcción de las viviendas vino... Dinero no usado debe ser devuelto al Estado Nacional. Y no fue así”.

Graciela Echegaray, fiscal coordinadora en la causa.


En Godoy los pagos de más habrían sido del 31% sobre lo ejecutado y en Río Colorado del 5,44%, aunque en este caso la investigación involucra la sustracción y posterior restitución de recursos llegados para el Techo Digno.

El abogado Damián Torres, representante de Montanaro, Ivancich y Belloso, sostuvo en todas las audiencias el concepto de la presentación de “una foto” por parte del Ministerio Público, cuando “la película completa” dice otra cosa.


Aseguró que hay “ausencia de tipicidad objetiva”, que “no hay incumplimiento” en los contratos que y “tampoco hay perjuicio” para el Estado, porque diferentes normas posteriores asumieron la continuidad de los planes de viviendas sin objetar lo actuado en el período inicial de ejecución.


Por su parte, los defensores de los empresarios cuestionaron a los fiscales por imputar delitos graves cuando en algunos casos las pericias determinaron cobros en exceso por cifras de entre 1 y 4 por ciento. Uno de los constructores -Sarasola- hizo uso de la palabra para pedir que se tenga en cuenta que hacer casas no es un proceso regular y esquemático, aludiendo a los atrasos habituales en los pagos del Estado, mientras ellos deben seguir adelante con las obras para no tener conflictos laborales.


Ante esos planteos que insistieron en los cambios que existen entre la planificación y la ejecución de una obra, la fiscal Echegaray fue enfática: “No es un kiosco. Hay un procedimiento. La cosa pública es mucho más seria”, afirmó.
La jefa del equipo que llevó adelante la investigación volvió a mostrarse molesta con las críticas que ubicaron la causa Techo Digno como un proceso abierto con claros objetivos políticos.


“Lo único que me interesa es conocer el destino de los fondos. No me hago cargo. No soy ingenua y no son las investigaciones que uno quisiera tener, pero no puedo tolerar que se diga que es una cuestión política”, refutó.


¿Por qué manos pasaban los certificados?

La acusación por el delito de “uso de documento falso” generó uno de los contrapuntos más relevantes de la jornada inicial de formulación de cargos.


Las defensas de los empresarios insistieron en ubicar la responsabilidad por la certificación de los trabajos fuera del sector privado, asegurando que esa tarea se cumplía en los municipios, con pagos que Nación giraba a las administraciones locales, quienes finalmente transferían a las constructoras.


“Sarasola no tenía que hacer las certificaciones. Todos los recibos que firmó Sarasola decían “pagos a cuenta”. Él no incidía en el quantum de las certificaciones. Eso era exclusivo del intendente Montanaro”, indicó el abogado Carlos Gadano.

“Acá el imputado debería ser otro”, dijo el empresario Sarasola.


Más tarde, el propio dueño de Eraiki hizo uso de la palabra y reclamó “que también se vea el perjuicio empresario”.
Pidió tener en cuenta “cómo se hace una obra cuando no se paga en término, cuando no se cumple el contrato” y
“cómo se mantiene las fuentes de trabajo cuando hay un incumplimiento claro de la Secretaría de Vivienda”.
Luego de detallar que para el plan de Cervantes su empresa cobró cinco certificados en un año -cuando el contrato hablaba de pagos mensuales- sostuvo que “acá el imputado debería ser otro, pero no yo”.


También destacó que hay dos pericias que determinaron la diferencia entre lo cobrado y lo ejecutado. Una estableció una brecha del 4,85% y la otra el 1,67%.


“Estar imputado por un 1,67% de diferencia no es de sentido común”, opinó.


Montanaro, el “odio” y las menciones a Pichetto

El exmandatario de Cervantes nombró al exsenador como “el padrino” que guió a los intendentes.

“Estoy muy asustado. Fueron muchas las cachetadas. Estoy preocupado y nervioso. Yo creo que todos piensan que soy un delincuente. No es cierto”.


Así empezó su defensa el exintendente de Cervantes, Gilberto Montanaro.
Más tarde puso en las fiscales Echegaray y Villa el peso de esas sensaciones con las que transitó la audiencia inicial de formulación de cargos por la causa Techo Digno.


Ustedes capaz que consigan la gloria, pero haciendo mierda a este intendente, de 70 años… Quiero que se recapaciten. Que estas fiscales que me han hecho sentir tan mal, que sean más conscientes y benévolas”, les pidió.
Montanaro insistió en su inocencia y aportó en su relato detalles sobre el procedimiento a través del cual se ejecutó el Programa Techo Digno en Río Negro.


Esa descripción dejó expuesto al exsenador nacional Miguel Pichetto.
“Nuestra provincia seguía en manos del gobernador del radicalismo. Venía a Viedma, pedía viviendas y no me daban ni un vaso de agua. Fui a Buenos Aires junto a otros intendentes… Fui de la mano de nuestro senador nacional, Miguel Pichetto, que fue el padrino, el que nos llevó a todos los intendentes”, contó.


Más tarde repitió que “todo se consiguió porque teníamos un senador trabajando en Buenos Aires para conseguir lo que necesitaban los municipios”.


Montanaro aseguró que en esa incursión surgió la idea de hacer convenios directos entre Nación y los municipios.
“Durante mi gestión pude iniciar 266 viviendas. Viviendas que ya son hogares, puesto que han sido todas entregadas. No fueron sólo viviendas para mis vecinos. Fue mano de obra genuina y un gran movimiento económico para nuestra localidad. Nos puso en marcha”, evaluó.


Sin embargo, dijo que no vieron que al mismo tiempo que se hacían las obras “generamos odio”, que “se profundizó con la llegada de la derecha al poder en el país, que acorraló a los intendentes para que no pudiéramos continuar con estos planes”.


El padre de la actual intendenta de Cervantes destacó que siempre estuvieron a derecho en la causa. “No nos escondemos, pero tampoco nos rendiremos”, afirmó.


Y como el resto de los políticos imputados, aseguró que la causa “es una gran campaña de desprestigio, de persecución ideológica y pretende ser la proscripción del 90% del peronismo rionegrino”.
“Al otro 10% quizá le convenga que nosotros estemos en la guillotina”, concluyó.


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