Más allá de la democracia

JAMES NEILSON

SEGÚN LO VEO

Con la excepción de aquellos países islámicos en que militantes religiosos insisten en que el gobierno debería permanecer en manos de los representantes auténticos de la única verdadera fe, es decir en las suyas, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial virtualmente todos los dirigentes políticos del planeta se han afirmado demócratas cabales. Fue por este motivo que los sátrapas del imperio soviético llamaban sus regímenes “repúblicas democráticas”. Asimismo, aquí las dictaduras militares solían justificar sus atropellos con el pretexto de que eran necesarios para eliminar los obstáculos que impedían que la Argentina fuera una democracia genuina. Es que, cuando de elegir entre los intereses personales y la democracia se trata, pocos privilegiarán su adhesión a la modalidad política así calificada, pero puesto que raramente se animan a repudiarla, dan a entender que la versión reivindicada por sus enemigos es fraudulenta, una ilusión burguesa, y que por lo tanto les corresponde mejorarla. A su modo, se asemejan a aquellos generales que, para salvar una ciudad, se han creído sin más alternativa que destruirla. En la actualidad, la presidenta Cristina y sus partidarios incondicionales se saben amenazados por las denuncias gravísimas que están ensuciando la imagen de quienes nos están gobernando, y también por la Justicia que, además de frustrar los intentos oficiales de controlar la información, tarde o temprano comenzará a tomar al pie de la letra las muchas acusaciones en su contra. Como los comunistas y los militares en su momento, ciertos estrategas kirchneristas quieren contraatacar “democratizando” tanto los medios como el sistema judicial, un proceso que, suponen, les permitiría manejarlos. Mientras que políticos opositores y juristas dicen que una prensa libre es una parte esencial de la democracia, militantes kirchneristas sostienen que hay que distinguir entre “la libertad de empresa” por un lado y, por el otro, la de todos a difundir sus propias opiniones sin tener que someterse a la tiranía de un mercado capitalista dominado por “monopolios” antipopulares. En cuanto a la Justicia, arguyen que es en verdad una corporación cerrada y nada representativa, a diferencia del kirchnerismo que, en las elecciones más recientes, consiguió el grueso de los votos. Así, pues, rematan, una Justicia “democrática” sería forzosamente kirchnerista. Desgraciadamente para los deseosos a reemplazar la democracia “burguesa” por una que les convendría más, deberían haber iniciado la ofensiva en tal sentido mucho antes, cuando el gobierno aún disfrutaba de la aprobación mayoritaria. A esta altura, hasta los analfabetos más dependientes de la generosidad de los punteros barriales se han enterado de los bolsos de dinero de Néstor y de las bóvedas presuntamente llenas de oro, dólares, euros y otros valores que harían del lugar en el mundo de Cristina un imán irresistible para buscadores de tesoros. En el contexto así supuesto, todas las iniciativas oficiales contra la prensa y contra la Justicia hacen más convincente el relato opositor que está escribiéndose en la imaginación colectiva. Como tantos otros gobiernos populistas, el kirchnerista logró aprovechar en beneficio propio una coyuntura particular, pero no se le ocurrió que resultaría ser pasajera y que andando el tiempo enfrentaría circunstancias distintas. Antes bien, tanto Néstor como Cristina apostaron a que, merced al poder político y una caja rebosante de dinero, les sería dado prolongar su hegemonía hasta las calendas griegas. Pero, por razones evidentes, el cortoplacismo que es una de las características más llamativas de la gestión kirchnerista, y que, entre otras cosas, está detrás del déficit energético que tanto ha contribuido a provocar una crisis económica incipiente que podría tener consecuencias devastadoras, ha resultado ser incompatible con la fantasía de una “Cristina eterna”, invulnerable frente a los cambios de humor de la sociedad. Aunque los delitos atribuidos a Néstor y sus cómplices fueron cometidos hace varios años y, para más señas, eran en buena medida de dominio público, era de prever que, de flaquear la economía, incidirían en la actitud hacia el gobierno de sectores ciudadanos cada vez más amplios. Muchos coinciden en que la democracia “burguesa”, la única que merece llamarse tal, corre peligro de morir antes de cumplirse el trigésimo aniversario de su recuperación el 10 de diciembre de 1983, cuando el régimen militar por fin entregó el poder a Raúl Alfonsín, de tal manera alcanzando, a regañadientes, el objetivo que, según sus propagandistas, se había propuesto. Algunos, como la habitualmente combativa chaqueña Elisa Carrió, dicen que ya “estamos técnicamente en una dictadura” al pasarse el país “de un proceso de división de poderes, y descentralización de poder, a un proceso de unicato y concentración de poder”. Puede que no sea para tanto, pero no cabe duda de que, si el gobierno continúa por el rumbo que ha elegido, pronto quedará muy poco de las instituciones que son consideradas imprescindibles para una democracia viable, ya que es claramente antidemocrática la lógica de la acumulación del poder, del “vamos por todo” de la consigna kirchnerista. No sólo la presidenta sino también la clase política en su conjunto se ven frente a un dilema imposible. De funcionar de manera más o menos adecuada las piezas judiciales de la maquinaria democrática, el gobierno tendría que modificar drásticamente su conducta, lo que le supondría batirse en retirada y resignarse a derrotas previsiblemente aplastantes en las próximas elecciones legislativas y generales. Pero si el gobierno insiste en tratar de domesticar a la Justicia y los medios periodísticos, perdería la legitimidad que todavía posee, lo que crearía una situación en que sus adversarios no tendrían más opción que intentar movilizar a la ciudadanía organizando protestas callejeras aún mayores que las ya celebradas, con el riesgo de que el país degenere en un aquelarre. La salida menos mala de la situación que está conformándose con rapidez alarmante sería un pacto de gobernabilidad, pero, en vista de que Cristina no parece dispuesta a respetar ningún límite, es de temer que el conflicto de poderes que mantiene al país en vilo se vea resuelto en la calle, no en el marco de las instituciones democráticas que fueron creadas para tal fin.