Más tensión en Choele por el traslado de los policías
Los siete detenidos del caso Daniel Solano fueron alojados en cárceles federales de La Pampa y Neuquén. El gobierno acompañará la investigación judicial “caiga quien caiga”, afirman.
CHOELE CHOEL (AVM).- Los siete policías detenidos por la desaparición y presunto asesinato del joven trabajador salteño Daniel Solano fueron trasladados durante la noche del miércoles hacia diferentes centros de detención, según dispuso el juez de la causa, Darío Soto.
Mientras tanto ayer en Choele Choel el ministro de Gobierno, Hugo Lastra, participó del acto recordatorio a Eva Perón y dijo que había viajado para darle personalmente su apoyo al intendente Daniel Belloso en los “difíciles momentos” que atraviesa la comunidad del Valle Medio. En diálogo con la prensa dijo que acompañarán la investigación judicial “caiga quien caiga”.
Otros representantes de la Policía y del gobierno fueron a la escuela de Suboficiales de Choele Choel que hasta ayer había estado al mando del comisario Luis Jara, pasado a disponibilidad por sus declaraciones públicas sobre el caso Solano (ver aparte). La visita fue para aclarar a los aspirantes que cursan allí que las actividades académicas continuarán con normalidad y bajo la conducción del subjefe de la unidad, el oficial Canela Biondi.
Familiares de los uniformados confirmaron a este medio que los detenidos Pablo Albarran y Ricardo Quindel fueron trasladados a la Colonia Penal Federal Nº 4 de La Pampa, una unidad de mediana seguridad ubicada en la ciudad de Santa Rosa. En tanto los policías Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Diego Cuello y Héctor Martínez fueron trasladados hacia la Unidad Penitenciaria Federal Nº 9, clasificada como de máxima seguridad y ubicada en Neuquén capital.
La medida se concretó discretamente el miércoles por la noche y tomó a algunos por sorpresa, pese a que ya se venía especulando con los traslados porque las autoridades de la Colonia Penal 12 de Viedma habían advertido que no contaban con las condiciones mínimas para alojarlos.
Por caso Viviana Lastra, mujer del oficial Martínez, dijo ayer que el traslado “nos agarró por sorpresa porque no fuimos notificados ni hemos tenido garantías de seguridad”.
Mientras repartía panfletos a la vera de la Ruta 22 junto a otras esposas y allegados a los policías, indicó que “nosotros seguimos creyendo que son presos políticos y no hemos tenido resguardo del gobierno. Ahora hemos abierto una cuenta para juntar fondos para poder ir a verlos y para solventar gastos”.
Por la mañana, el abogado Eves Tejeda, defensor de algunos de los detenidos, había asegurado a medios de la comarca que pedirá “la nulidad de todo el proceso”, planteo que obligaría a instancias judiciales superiores a tomar cartas en el asunto. Es por que considera que hubo una “violación a los derechos humanos y constitucionales” al trasladar a los detenidos a otras provincias, donde tienen jurisdicción jueces que no son los naturales. Lo justificó afirmando que ahora los detenidos quedarían bajo responsabilidad del juez con jurisdicción en la cárcel adonde estén alojados. También criticó al gobernador Alberto Weretilneck y al abogado de los Solano, Sergio Heredia, afirmando que “no hay pruebas concretas en los 21 cuerpos de la causa”.
Por otro lado, planteó, “se está condenando a las familias psicológicamente. A los hijos, a las madres, a todos, que deben tener la preocupación del cuidado y de asistirlos con medios físicos y espirituales. Hasta eso se ha coartado y eso es una verdadera violación a un elemental principio de derechos humanos”.
Por su parte, Ricardo Thompson, defensor de cuatro de los siete policías, dijo que denunciará al gobernador de la provincia y al secretario de Seguridad por sus declaraciones públicas sobre el caso. Además, expresó su malestar para con el juez Soto por haber trasladado a los policías.
El abogado -en alusión genérica a la justicia provincial- volvió a sostener que en Río Negro “no hay garantías”.
Los policías fueron trasladados a unidades penitenciarias de provincias vecinas, pese a la negativa de familiares y camaradas.
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