Matriz del Citibank debe responder

La Justicia cordobesa ordenó ayer a la casa matriz del Citibank, con sede en EE.UU, disponer fondos para restituir el dinero de un ahorrista argentino perjudicado por el «corralito», contra el cual se ha presentado un récord de juicios que pone en riesgo los cimientos de los tribunales en lo Contencioso Administrativo del centro porteño.

En Rosario, en tanto, la juez federal Sylvia Aramberri declaró la inconstitucionalidad del decreto 214/02 mediante el cual el Gobierno paralizó los juicios anticorralito. Empero, una norma posterior flexibilizó esa medida, que acarreó varias denuncias penales a Duhalde.

Tribunales de todo el país soportan desde diciembre último el peso de miles de expedientes con reclamos de ahorristas que desfilan en masa por juzgados sin condiciones edilicias para hacer frente a la carga. La principal concentración de público se registra en la sede judicial de Tucumán 1385 de esta capital, donde tramita la mayoría de las causas del fuero Contencioso Administrativo y donde ahora se realizará un peritaje para establecer si hay riesgo de derrumbes.

Mientras, el juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes sorprendió ayer al exigir fondos a la central del Citibank en Estados Unidos para restituir los depósitos por 11 mil dólares que el ahorrista Luis María Fabietti registra en una sucursal local de la entidad.

Así lo reveló el abogado del caso, Jorge Gentile, quien destacó que la medida -la primera que se conoce en el país- sentará un valioso precedente.

El fallo, destinado a preservar dinero para el caso en que Fabietti gane la batalla judicial con el banco, implica que «la restricción de los fondos es dentro de la República Argentina y no fuera del país», razonó Gentile.

«Si la casa matriz no cumple, la sede de Córdoba tiene que pagar por los daños y perjuicios que ocasione», agregó el abogado, quien interpretó que la resolución de Sánchez Freytes abre la puerta para que bancos extranjeros que operan aquí sean obligados a devolver los fondos de sus clientes en Argentina.

Desde Rosario, en tanto, la juez Aramberri falló en favor de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, que interpuso un recurso de amparo colectivo contra el decreto del Ejecutivo que suspendió los juicios anticorralito por 180 días.

Y en la Capital, donde cotidianamente se registran extensas filas de ahorristas que aguardan su turno en los juzgados, fue ampliado hasta las 17.30 el horario de atención al público mientras se esperan los resultados del peritaje que determinará si el peso del «corralito» supera las exigidas estructuras tribunalicias.

Por otra parte, el juez Bonadío amplió las investigaciones de eventuales violaciones del «corralito» bancario al pedir al Central el listado de precancelaciones de plazos fijos en la semana anterior al 3 de diciembre último, se informó en tribunales. (DyN)

De la Rúa faltó a la cita

El ex presidente Fernando de la Rúa faltó a la cita que tenía ayer con el Tribunal de Disciplina de la UCR que analiza su expulsión del partido y, como estaba previsto, envió a su apoderado legal, Guillermo Moreno Hueyo, quien se interiorizó de la causa y pidió un «plazo razonable» para efectuar su descargo.

Un grupo de militantes se acercó con bombos al local del partido para manifestar, entre tanto, su repudio a De la Rúa, quien no asistió a plantear en persona su defensa frente al tribunal de conducta porque, en rigor, nunca fue notificado formalmente.

Sucedió que la cédula de notificación fue enviada al antiguo domicilio de De la Rúa, el de la calle Montevideo al 1600 de esta ciudad, en vez de hacerlo al de su quinta de Pilar -donde vive desde que abandonó el gobierno-, por lo que el ex jefe del Estado no tenía obligación de ir al Comité Capital.

Moreno Hueyo se notificó entonces de las actuaciones al presentarse con un breve escrito ante el tribunal, donde pidió vista de la causa y reclamó un «plazo razonable» para el descargo del ex jefe del Estado, quien lo haría por escrito. (DyN)