Mayoría de rechazos en la audiencia por Las Victorias

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Las opiniones contrarias al loteo que el Ejecutivo municipal pretende desarrollar en Las Victorias fueron amplia mayoría durante la audiencia pública realizada ayer para analizar la iniciativa.

Los que se pronunciaron a favor del proyecto no fueron tantos, pero casi todos son representantes vecinales de reconocida identificación con el intendente Alberto Icare.

Alrededor de 50 personas pasaron por el atril para sentar posición sobre el controvertido fraccionamiento, donde está planeado relocalizar a las familias que hoy viven en la Barda del arroyo Ñireco bajo riesgo constante de derrumbes.

El subsecretario municipal de Planeamiento, Raúl Ferrari, aseguró que el proyecto busca «terminar con las políticas erráticas del municipio» en materia de planificación urbana.

También la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Iparraguirre, alegó la necesidad de buscar soluciones ante el peligro que enfrentan los vecinos.

La propuesta del Ejecutivo (que luego deberá pasar por el filtro final del Concejo Deliberante) prevé la firma de un convenio con la empresa Las Victorias SRL, que ya desarrolló una urbanización residencial al Este de la ciudad y mantiene parte de sus tierras como área de Reserva Ecológica Externa.

El acuerdo comprende la cesión en favor del municipio y sin pago alguno de de 117 fracciones de 400 m2 para levantar un barrio social con viviendas cuya construcción prometió Nación.

A cambio, el gobierno municipal autorizaría a la empresa a subdividir y vender otros 347 lotes de la misma superficie en un área que hoy tiene destino de chacras.

Aunque expusieron con planos y diagramas las bondades de la iniciativa, los funcionarios que abrieron la audiencia no alcanzaron a diluir la sospecha de que la operación impulsada representa un gran negocio inmobiliario para Las Victorias.

Esa fue una de las objeciones principales de los vecinos que hoy viven en ese barrio, quienes también apuntaron contra «el cambio de los parámetros originales» de la urbanización.

Advirtieron que compraron sus terrenos en función de ese valor agregado que ofrecía la empresa y que presentarán demandas judiciales si el municipio avanza con el proyecto.

También el presidente de la Junta Vecinal Las Victorias, Donaldo Bran, convocó a «investigar con quién se asocia el municipio», ya que Las Victorias SRL es una empresa que forma parte del grupo Lamota, «el mismo que tiene los barcos embargados porque nunca pagó un canon y el que logró la nueva concesión del cerro Catedral».

También se hicieron escuchar los Vecinos Autoconvocados de la Barda Oeste, quienes rechazaron cualquier iniciativa que implique traslados compulsivos.

Felisa Curamil, entre otros miembros de los autoconvocados, denunció que el proyecto diseñado por el Ejecutivo «no contempló la opinión de los vecinos» ni hubo tampoco «un trabajo social serio» con los damnificados por los derrumbes. «Este es un negocio para algunos y nos usan de escudo», denunció.

En favor del loteo en Las Victorias se expresaron el presidente de la junta vecinal del barrio Lera (al cual pertenece la Barda), Héctor Ojeda, quien aseguró que «el 90 por ciento de los propietarios apoyan el proyecto».

También expusieron su apoyo otros dirigentes vecinales como Héctor Cárdenas, María Leuque y Víctor Vázquez.

Un proyecto «que sólo amplía el barrio»

«No soy radical y tampoco del partido Sur, soy peronista y acepté participar de este gobierno porque tiene sensibilidad social». Así comenzó Raúl Ferrari su alegato final en favor del nuevo fraccionamiento de Las Victorias.

Cuando habían pasado ya unas cinco horas de debate, el subsecretario municipal de Planeamiento volvió a tomar el micrófono cuando se cerró la lista de oradores y se auto otorgó el derecho de la última palabra.

Aseguró, por ejemplo, que el proyecto es «coherente» y propone una solución «integral». Dijo que «no modifica el barrio Las Victorias, sino que lo amplía», en ejercicio del «planeamiento táctico continuo» que promueve el código urbano.

No obstante, eludió hacer referencia a la ecuación económica del acuerdo con la empresa, cuyos detalles el Ejecutivo tardó más de tres meses en enviar al Concejo y aún así no despejó dudas. Las objeciones al «negocio inmobiliario enorme» que estaría realizando la empresa de Lamota y la falta de una licitación o concurso de precios que demuestre que no había otra alternativa siguen sin respuesta.

Tampoco hubo autocrítica a la falta de información y participación que predominó en la concepción original del proyecto. Sólo un militante de indiscutible fidelidad icarista como René Barriga reconoció en la audiencia que «no se convocó a las partes y esto fue un error de fondo».

Si bien la oposición o adhesión a la iniciativa no puede cuantificarse por lo escuchado en la audiencia, los concejales admitieron que el extenso intercambio de ayer puede aportar «visiones distintas».

El presidente del Deliberante, Marcelo Cascón, dijo que analizarán detenidamente todos los apuntes y prometió que la decisión final no demorará más de un mes. (AB)