Montaña rusa

Las caídas violentas del dólar libre provocadas por el Central son casi tan preocupantes como los saltos espectaculares.

Por Redacción

De haberse previsto hace apenas una quincena que en vísperas de Semana Santa la cotización del dólar se aproximaría a los 2,85 pesos, el gobierno se hubiera sentido presa del pánico: el 19 de marzo, el presidente del Banco Central, Mario Blejer, dijo que si la divisa norteamericana superaba la «barrera», en aquel entonces lejana, de 2,80, habría hiperinflación. Sin embargo, puesto que a comienzos de la semana pasada el dólar había subido por encima de 4,0 pesos, la sensación oficial ante las bajas de los días siguientes era de alivio casi triunfalista, como si todos creyeran que el enemigo hubiera experimentado una derrota contundente. Por desgracia, éste no es el caso. En el contexto actual, las caídas violentas del dólar libre provocadas por las maniobras del Banco Central son casi tan preocupantes como los saltos espectaculares porque reflejan un panorama dominado por la incertidumbre. Aquellos que por querer salvarse compraron dólares por cuatro pesos se sentirán estafados, mientras que muchos otros se verán tentados a aprovechar la oportunidad brindada por una baja acaso efímera. Huelga decir que el clima así supuesto no favorece en absoluto la actividad económica, que para reactivarse necesita contar con un mínimo de estabilidad.

La causa de los altibajos exagerados del peso es conocida. Consiste en la conciencia de que el gobierno del presidente Eduardo Duhalde no tiene un «plan» porque es reacio a asumir los costos que le supondría cualquier programa que pudiera considerarse «sustentable». Descartada la coherencia por ser a su juicio políticamente inviable, ha optado por la incoherencia: si bien los costos de limitarse a improvisar serán llamativamente mayores que los exigidos por medidas sensatas, espera que sean pagados de forma tan confusa que le resultará fácil endosárselos a otros. Se trata de la misma estrategia, por calificarla de algún modo, que han procurado instrumentar virtualmente todos los gobiernos de las décadas últimas, de ahí el estado pavoroso en el que nos encontramos.

Por supuesto que la resistencia de Duhalde a hacer frente a la crisis puede entenderse. Conforme al Fondo Monetario Internacional, el país cuenta con 450.000 empleados de más públicos entre la Nación, las provincias y los municipios. Para colmo, los ingresos de dichos empleados son en promedio sustancialmente superiores a las remuneraciones en el sector privado. Se trata de una situación que tendrá que corregirse: si no lo hace el gobierno, lo hará el «mercado» a través de depresiones, la hiperinflación y el colapso caótico de lo que todavía queda de las economías provinciales y la nacional. Por una cuestión de miedo, son muchos los políticos que preferirían un ajuste anárquico, tal vez sanguinario, a uno ordenado que los obligara a asumir plenamente la responsabilidad para llevar a cabo medidas sumamente ingratas.

Es posible, pero no es demasiado probable, que el FMI haya exagerado, que el superávit de empleados prescindibles sea menos de lo que ha señalado, pero aun así parece evidente que el país continuará girando en el vacío, empobreciéndose cada vez más y aislándose progresivamente del resto del mundo, mientras el gobierno se niegue a afrontar el problema más básico y más explosivo de todos. Ante la alternativa de resignarse a que no habrá solución políticamente concebible por un lado y, por el otro, emprender un programa de reforma auténtica por dolorosa que éste resultara, la lógica sugeriría que en realidad no hay opción alguna, pero la experiencia hace prever que el gobierno duhaldista continuará tratando de convencerse de que debería existir una «solución» menos traumática. De ser así, el alivio que ha ocasionado el repliegue más reciente del dólar frente al peso será breve y el intento de frenar el aumento de precios de una gama amplia de bienes y servicios resultará inútil. Mal que les pese a los comprometidos con el «modelo» político-económico híbrido que se ha construido en el curso de más de medio siglo, conservarlo ya parece imposible. Además, a la larga los esfuerzos por defenderlo no pueden sino ser contraproducentes: cuanto más se demore la puesta en marcha de un «plan» que sea digno de llamarse tal, más brutal tendrá que ser porque con cada día que se pierde la situación se agravará todavía más.