Moreno frente a la Justicia
De haberse animado un juez federal a procesar al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, hace por lo menos seis años, el país y, si bien no lo entenderá nunca, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner podrían haberse ahorrado un sinfín de desgracias. A esta altura, acusar al personaje de “abuso de autoridad”, como acaba de hacer el juez Claudio Bonadío, suena irrisorio; de acuerdo común, siempre ha actuado como el proverbial elefante en un bazar. Con el aval entusiasta del entonces presidente Néstor Kirchner primero y después, de su esposa, Moreno se acostumbró pronto a burlarse de todas las normas, escritas o no, comportándose a menudo como un matón de barrio. Pudo hacerlo porque a sus jefes les gustaba contar con un sujeto capaz de intimidar, y de humillar, a los empresarios más importantes del país, para que obedecieran dócilmente órdenes a un tiempo disparatadas y muy pero muy perjudiciales que terminarían afectando a millones de familias. Las consecuencias de tanta irresponsabilidad autoritaria están a la vista. Acaso sería injusto culpar a Moreno por la inflación, estadísticas económicas fraudulentas, un déficit energético de dimensiones alarmantes, las dificultades enfrentadas por los productores del campo, el pésimo clima de negocios, la fuga de capitales, la falta de inversiones y otros males que aseguran que el próximo gobierno tenga que encargarse de una “herencia” explosiva, ya que, a pesar de la cantidad insólita de fracasos que el hombre se ha anotado en el transcurso de su gestión alocada, Cristina sigue respaldándolo, pero no cabe duda de que su presencia en el gobierno ha sido nefasta para el país. El que por fin la Justicia haya intervenido para procesar a Moreno, asestándole un embargo de 50.000 pesos y amenazándolo con un par de años entre rejas, más “inhabilitación especial por tiempo doble”, ha sido tomado por evidencia del debilitamiento del poder, hasta hace poco “hegemónico”, de la presidenta, o sea, se supone que los magistrados, envalentonados por los resultados de las primarias de agosto y enfurecidos por los ataques oficialistas contra el Poder Judicial, no están dispuestos a continuar permitiendo que los funcionarios del gobierno violen la ley con impunidad insolente, como, en opinión de Bonadío, hizo el miembro más influyente del quinteto económico al multar una docena de consultoras privadas por difundir información acerca de la marcha del costo de vida, ya que no lo hacía el Indec. Tendrán razón quienes piensan así, pero ello no obstante es muy preocupante que durante tantos años no sólo la Justicia sino también buena parte de la ciudadanía hayan tolerado los estragos perpetrados por un individuo de conducta prepotente y grosera, uno que, para colmo, ha sido absurdamente ineficaz. De ser la Argentina una democracia más sana, la mayoría hubiera manifestado enseguida la indignación que en buena lógica deberían haber provocado los atropellos constantes de una persona de las características de Moreno, pero, hasta mediados del año pasado, el grueso de la sociedad prefirió dejar todo en manos del Poder Ejecutivo. Además de los empresarios, las consultoras independientes, los medios periodísticos porteños no kirchneristas y los consumidores, es decir, una proporción sustancial de los habitantes del país, las víctimas de Moreno –mejor dicho, de la pasividad generalizada frente a las arbitrariedades de los funcionarios gubernamentales–, incluyen a Cristina. Aun cuando la presidenta fuera una administradora nata consciente de la necesidad de rodearse de colaboradores idóneos, le hubiera sido muy difícil resistirse a las tentaciones brindadas por el escaso interés de la clase política nacional, sobre todo del sector que la apoyaba, en asumir responsabilidad alguna. Si bien no se vio constreñida a respetar límites como aquellos que en países democráticos mejor ordenados que el nuestro sirven para impedir que los mandatarios se distancien demasiado de las normas fijadas por la ley o se den el lujo de inventar “modelos” socioeconómicos voluntaristas que, andando el tiempo, estallarán, depauperando nuevamente a sus compatriotas más vulnerables, Cristina no es la autora exclusiva de su propio destino. Pocos querrán reconocerlo, pero el resto de la sociedad ha hecho un aporte mayúsculo al desaguisado que se ha producido.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.031.695 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Lunes 17 de agosto de 2009
De haberse animado un juez federal a procesar al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, hace por lo menos seis años, el país y, si bien no lo entenderá nunca, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner podrían haberse ahorrado un sinfín de desgracias. A esta altura, acusar al personaje de “abuso de autoridad”, como acaba de hacer el juez Claudio Bonadío, suena irrisorio; de acuerdo común, siempre ha actuado como el proverbial elefante en un bazar. Con el aval entusiasta del entonces presidente Néstor Kirchner primero y después, de su esposa, Moreno se acostumbró pronto a burlarse de todas las normas, escritas o no, comportándose a menudo como un matón de barrio. Pudo hacerlo porque a sus jefes les gustaba contar con un sujeto capaz de intimidar, y de humillar, a los empresarios más importantes del país, para que obedecieran dócilmente órdenes a un tiempo disparatadas y muy pero muy perjudiciales que terminarían afectando a millones de familias. Las consecuencias de tanta irresponsabilidad autoritaria están a la vista. Acaso sería injusto culpar a Moreno por la inflación, estadísticas económicas fraudulentas, un déficit energético de dimensiones alarmantes, las dificultades enfrentadas por los productores del campo, el pésimo clima de negocios, la fuga de capitales, la falta de inversiones y otros males que aseguran que el próximo gobierno tenga que encargarse de una “herencia” explosiva, ya que, a pesar de la cantidad insólita de fracasos que el hombre se ha anotado en el transcurso de su gestión alocada, Cristina sigue respaldándolo, pero no cabe duda de que su presencia en el gobierno ha sido nefasta para el país. El que por fin la Justicia haya intervenido para procesar a Moreno, asestándole un embargo de 50.000 pesos y amenazándolo con un par de años entre rejas, más “inhabilitación especial por tiempo doble”, ha sido tomado por evidencia del debilitamiento del poder, hasta hace poco “hegemónico”, de la presidenta, o sea, se supone que los magistrados, envalentonados por los resultados de las primarias de agosto y enfurecidos por los ataques oficialistas contra el Poder Judicial, no están dispuestos a continuar permitiendo que los funcionarios del gobierno violen la ley con impunidad insolente, como, en opinión de Bonadío, hizo el miembro más influyente del quinteto económico al multar una docena de consultoras privadas por difundir información acerca de la marcha del costo de vida, ya que no lo hacía el Indec. Tendrán razón quienes piensan así, pero ello no obstante es muy preocupante que durante tantos años no sólo la Justicia sino también buena parte de la ciudadanía hayan tolerado los estragos perpetrados por un individuo de conducta prepotente y grosera, uno que, para colmo, ha sido absurdamente ineficaz. De ser la Argentina una democracia más sana, la mayoría hubiera manifestado enseguida la indignación que en buena lógica deberían haber provocado los atropellos constantes de una persona de las características de Moreno, pero, hasta mediados del año pasado, el grueso de la sociedad prefirió dejar todo en manos del Poder Ejecutivo. Además de los empresarios, las consultoras independientes, los medios periodísticos porteños no kirchneristas y los consumidores, es decir, una proporción sustancial de los habitantes del país, las víctimas de Moreno –mejor dicho, de la pasividad generalizada frente a las arbitrariedades de los funcionarios gubernamentales–, incluyen a Cristina. Aun cuando la presidenta fuera una administradora nata consciente de la necesidad de rodearse de colaboradores idóneos, le hubiera sido muy difícil resistirse a las tentaciones brindadas por el escaso interés de la clase política nacional, sobre todo del sector que la apoyaba, en asumir responsabilidad alguna. Si bien no se vio constreñida a respetar límites como aquellos que en países democráticos mejor ordenados que el nuestro sirven para impedir que los mandatarios se distancien demasiado de las normas fijadas por la ley o se den el lujo de inventar “modelos” socioeconómicos voluntaristas que, andando el tiempo, estallarán, depauperando nuevamente a sus compatriotas más vulnerables, Cristina no es la autora exclusiva de su propio destino. Pocos querrán reconocerlo, pero el resto de la sociedad ha hecho un aporte mayúsculo al desaguisado que se ha producido.
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