Multan a empresas por vender con sobreprecios

BUENOS AIRES (DyN).- El gobierno multó, con más de 70 millones de pesos, a cuatro empresas productoras de oxígeno medicinal al argumentar que simulaban competencia y realizaban acuerdos para elevar los precios. De esta manera el ministro Lavagna sale controlar los sobreprecios que hoy están en el mercado, intentando de esta manera bajar la presión inflacionaria para el segundo semestre del año.

También decidió suspender por 90 días las exportaciones de desechos de cobre y alumino, con el objeto de evitar el robo de cables.

Los anuncios fueron realizados ayer al mediodía por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien junto con el secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, precisó que las multas aplicadas a las empresas productoras de oxígeno alcanzaron los 70,3 millones de pesos. Las empresas multadas, según se informó, fueron Praxair Argentina SA, Air Liquide Argentina SA, Aga SA e Indura Argentina SA

Las multas aplicadas a cada empresa fueron las siguientes: Praxair Argentina 26,1 millones de pesos; Air Liquide Argentina 24,9 millones; AGA 14,2 millones, e Indura Argentina 5,1 millones de pesos. Lavagna -quien se negó a responder preguntas que no estuvieran relacionadas con los anuncios- señaló que las sanciones surgieron luego de «una investigación de más de tres años, con pedido de información a hospitales públicos y sanatorios privados».

El ministro comentó que entre esas empresas «había un acuerdo para mantener artificialmente alto el precio del oxígeno medicinal». También puntualizó que las empresas se presentaban a las licitaciones que se realizan para adquirir los productos, luego de haber «arreglado» entre ellas las propuestas para «asegurarse niveles de precios superiores a los normales».

Tras indicar que se realizaron allanamientos para detectar irregularidades, La

vagna afirmó que «hubo simulación de competencia, reparto de clientes y acuerdos, tanto de precios, como para determinar quiénes se presentaban a cada licitación». Madcur, por parte, comentó que «los allanamientos sirvieron para demostrar los acuerdos de precios» y precisó que el período investigado corresponde a las licitaciones efectuadas entre 1997 y 2002.

En lo que hace a la suspensión de las exportaciones de desechos de cobre y aluminio, el titular del Palacio de Hacienda señaló que un trabajo realizado en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Industria detectó el robo de cables de energía eléctrica, equivalente a 6.300 kilómetros.

«Esto afecta en forma directa a unas 2.330.000 personas», señaló Lavagna, quien indicó que este robo iba directamente a las exportaciones de cobre y aluminio. Por esa razón, indicó, y hasta que se anuncie un nuevo sistema que evite ese tipo de delitos, se suspenderán «por 90 días las exportaciones de desechos de cobre y aluminio».