Audiencia en la Justicia: cruda exposición sobre las condiciones de trabajo en el basural de Bariloche

La justicia laboral emplazó al municipio a elaborar junto al Soyem un informe exhaustivo sobre la situación del vertedero y un paquete de medidas de implementación inmediata para preservar la salud de los trabajadores que cumplen tareas en ese espacio.

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Además prohibió el ingreso al basural de residuos contaminantes como desechos de cervecerías, baterias, escombros con asbesto, lana de vidrio, lubricantes y aceites usados. También se deberá limitar al mínimo necesario la dotación de personal y disponer una reducción horaria. Todo esto por un lapso provisorio de diez días, en los cuales las partes deberán buscar una propuesta viable en la que no se vea afectada la salud de los 40 trabajadores.

Luego el juez actuante, el camarista laboral Rubén Marigo, se tomaría no más de 48 horas para dictar sentencia en el amparo ambiental presentado por el gremio.

La secretaria general del Soyem, Brenda Morales, dijo durante la audiencia realizada hoy que debieron recurrir a la Justicia porque la situación en el vertedero para los empleados que allí cumplen tareas es “indignante”. Faltan baños, no tienen agua potable, les retacean la ropa de seguridad, especialmente guantes y calzado, y están expuestos al contacto con residuos tóxicos de todo tipo, según describió. Dijo que la situación es de “maltrato y abandono”.

Desde el gremio dijeron también que más allá de las “variables técnicas” sobre contaminación les preocupa “el daño psicológico de trabajan en un ambiente nocivo”. Señalaron que la decisión de recurrir a la Justicia la tomaron después de fracasar en los intentos por vía administrativa para que el municipio mejore la situación, incluidas varias audiencias en la secretaría de Trabajo.

La inspectora de Seguridad e Higiene de esa repartición provincial, Evelyn Hansen, realizó a pedido del tribunal un relevamiento en el vertedero y un informe escrito, que amplió en la audiencia en forma oral.

Dijo que “hay que hacer un trabajo muy intenso” en el predio que recibe toda la basura de la ciudad, “porque hay baños fuera de servicio, falta provisión de agua” y los trabajadores deben tomar sus refrigerios sin posibilidad de higienizarse. Pero subrayó que lo más grave es la exposición constante a residuos peligrosos como tubos fluorescentes, pañales de geriátricos, chapas de fibrocemento, deshechos de cervecerías, de lubricentros y de talleres mecánicos.

Se rerifió puntualmente a las baterías de celulares que -en su opinión-, podrían ser la causa u origen de algunos de los incendios que periódicamente se desatan en el basural. También cuestionó las llamadas “covachas” que se dispusieron como sitio de descanso y concentración de los trabajadores, improvisadas en cajas de camiones volcadores.

“Si tuviera que encarar medidas inmediatas -dijo la inspectora, ante un pedido puntual del juez- diría que no puede entrar más ningún tipo de residuos contaminantes. Es la forma de cuidar la salud de los trabajadores”.

Pocas respuestas

El municipio estuvo representado por la asesora letrada Karina Chueri, quien habló de algunas medidas parciales para adecuar la relación laboral con los empleados y dijo que algunas políticas ya diseñadas dependen de la aprobación de los concejales.

Chueri se mantuvo a la defensiva, ante el panorama crítico que se encargaron de detallar los representantes del Soyem, la inspectora de Seguridad de Trabajo y hasta el propio juez Marigo, quien más de una vez advirtió que si no hay acuerdo para mejorar la situación podría dictar una medida cautelar de cierre o de limitación severamente de la operatividad del basural.

Chueri se mostró molesta con la difusión pública de la audiencia, dijo que el municipio trabaja en el tema y adelantó un plan de reducción del horario laboral y de traslado de personal.

Un capataz del turno tarde que trabaja en el predio, Juan Hermosilla, tomó la palabra para señalar que reciben con frecuencia residuos patógenos de los sanatorios privados y también del hospital zonal, lo cual está prohibido. Aseguró que él y varios de sus compañeros están enfermos, y que uno murió hace pocos días. Señaló que hicieron aportes para mejorar el tratamiento de la basura pero nunca fueron escuchados.

El abogado del Soyem, Juan Frattini subrayó que si ingresan residuos peligrosos cuyo acopio junto a los residuos domiciliarios está prohibido hay allí una responsabilidad directa del municipio, que debería controlar y sancionar. No solo para preservar la salud de sus empleados, sino “porque la ley está para cumplirla”.

Chueri no pudo comprometer la presencia de inspectores en forma permanente en el lugar y reconoció que hoy la municipalidad no tiene un profesional responsable de Seguridad e Higiene. Esto último después de que el juez Marigo señalara varias veces durante la audiencia la necesidad de que esa área del municipio efectúe un relevamiento más estricto del lugar.

Finalmente el juez Marigo resolvió en forma temporal -y hasta que se expida la comisión mixta- la prohibición del ingreso de material contaminante al vertedero y la limitación horaria para el personal.

Adelantó, como regla general para resolver el amparo, que son necesarias medidas “urgentes” y que a su entender “la gente no puede trabajar ahí hasta que no se den las condiciones”.