El Concejo de Bariloche se encamina a aprobar el paquete fiscal que le falta a Gennuso

El proyecto de actualización fiscal y tarifario que el Ejecutivo no consiguió aprobar en diciembre pasado, en tándem con el presupuesto 2023, obtuvo hoy dictamen de comisión y podría quedar convertido en ordenanza antes de fin de mes.

El intendente Gustavo Gennuso otorgó alta prioridad a destrabar ese tema, ya que hasta hoy tiene pisada la emisión de boletas de la tasa de Servicios y la recaudación municipal no fluye de acuerdo a lo esperado, debido al rechazo planteado en su momento por los bloques opositores.

Los votos, en lo formal, todavía no están asegurados, ya que en la reunión de comisión realizada hoy el único en otorgar dictamen positivo fue el oficialista Carlos Sánchez. Los concejales de los demás bloques se manifestaron “en reserva” y llevarán su postura a la sesión. Pero todo indica que el Ejecutivo se aseguró los ocho votos necesarios y la aprobación es cuestión de días.

Uno de los factores que cambiaron el escenario fue la aparición de las valuaciones fiscales de los inmuebles, que aporta la provincia, y que es una variable clave para definir el monto de la tasa de Servicios. Ese elemento no estaba disponible en diciembre y por eso los concejales se mostraron reticentes de validar casi a ciegas un ajuste que podía resultar muy oneroso para los vecinos.

El secretario de Hacienda, Diego Quintana, explicó hoy a los concejales que el aumento nominal general que el municipio aplicó en las tasas es del 65%, pero al cruzarla con la valuación fiscal llevaría el impacto en los bolsillos al 75%.

El nuevo paquete incluye subas del 65% para las multas, derechos y otros gravámenes, que quedaron atrasados respecto de la inflación y el Ejecutivo también pretendía actualizar a partir del 1 de enero.

Pero la necesidad de pasar el examen en el Concejo obligó al intendente a resignar otros agregados que había incluido en su plan tributario para 2023 y que contemplaba por ejemplo una nueva tasa de uso de espacio aéreo con un único sujeto gravado: la cooperativa de electricidad, que pagaría un 3% de su facturación. El objetivo era destinar ese dinero a obras de apeo y poda para prevenir cortes de luz y a un plan de soterramiento de cables.

Además de ese gravamen, el Ejecutivo apostó a crear un nuevo régimen para monotributistas, con el fin de incorporarlos como contribuyentes de la tasa comercial y un ajuste en la zonificación de la tasa de Servicios, que hubiera generado incrementos muy por encima del promedio en algunos barrios. Nada de esto contaba con el consenso necesario y el Ejecutivo los retiró, con la idea de plantearlos durante el año en proyectos separados.

Quintana admitió la “urgencia” de contar con la ordenanza general de tasas aprobada cuanto antes. Dijo que la actualización es indispensable “para no dañar la estructura municipal” y mantener la creciente participación de los recursos propios en el total de ingresos.

En relación con la tasa de Servicios, a propuesta de la asesora letrada del Concejo Josefina González Elizondo, el Ejecutivo incluirá una cláusula de retroactividad, ya que de otro modo no podría aplicar los aumentos desde el 1 de enero, como necesita para cumplir con el presupuesto.

Quintana dijo que hasta ahora Hacienda no emitió la facturación de enero de la tasa de Servicios, a la espera de contar con la ordenanza, con lo cual los contribuyentes recibirán dos vencimientos juntos, o separados por muy pocos días, y a valor actualizado.

El proyecto fiscal y tarifario dictaminado hoy podría tratarse en una sesión extraordinaria antes de fin de mes, dada la premura del gobierno. El concejal Sánchez dijo que mañana habrá definiciones sobre ese punto, que dependen de que el Ejecutivo (como autor) lo pida formalmente y también de que los concejales estén en Bariloche y disponibles para sesionar.