Neuquén cambia la Constitución para manejar el negocio petrolero

NEUQUEN – En los próximos diez años comenzarán a vencer las concesiones petroleras de las primeras grandes áreas licitadas por la Nación en la década del 80. Para ese entonces Jorge Sobisch pretende ejercer la propiedad provincial sobre los yacimientos y colocarlos nuevamente en producción, pero antes debe reformar el texto de la Constitución porque por ahora tiene prohibido darle participación en el negocio a compañías privadas.

Por este motivo el gobierno ya comenzó a elaborar el proyecto de ley de convocatoria a una convención constituyente provincial que reforme la Constitución. Es muy posible que los diputados reciban la propuesta antes de que termine este año.

El texto de la Constitución, que data de 1957, prohíbe expresamente las concesiones de hidrocarburos, «salvo a una entidad autárquica nacional, que no podrá ceder ni transferir su contrato». Este es uno de los párrafos que se pretende eliminar.

Los temas que incluirá la propuesta de reforma constitucional son varios y durante los próximos meses todas las áreas del gobierno enviarán al ministerio político del gabinete sus propuestas.

El sistema de designación de jueces, la consagración de los derechos del consumidor, la ampliación del período ordinario de la Legislatura y posiblemente la creación de organismos de control, forman parte de la idea preliminar de reforma, según lo adelantó un vocero del ministerio.

Si la Legislatura sancionara la necesidad de una modificación de la Constitución, sería la segunda vez en los 43 años de historia de la provincia que sesiona la convención constituyente.

La primera fue en 1957 y tuvo como misión redactar la ley fundacional del Estado neuquino. En 1993 la Cámara de Diputados cambió la redacción de algunos artículos mediante una ley avalada por un referéndum.

Para que se declare la necesidad de la reforma se precisan dos tercios de los votos de los diputados.

Los 35 convencionales provinciales que se elijan no podrán modificar más que los aspectos que la ley sancionada por la Legislatura, aunque tampoco están obligados a introducir cambios al texto actual.

La urgencia por modernizar el régimen económico de la Constitución está dado por los vencimientos de las grandes concesiones nacionales que operarán entre 2010 y 2015 (ver aparte).

«Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio». Este artículo de la Constitución Nacional le entregó la propiedad del subsuelo a los Estados federales, pero para su aplicación es necesario que se sancione la nueva ley de hidrocarburos, cuyo tratamiento está trabado en el Congreso.

Cuando venzan las primeras grandes concesiones nacionales seguramente estará sancionada la ley de hidrocarburos. Para ese entonces, la provincia debería tener adaptada su Constitución a la realidad del negocio petrolero, que en la provincia moviliza cientos de millones de pesos por año.

A pesar de la prohibición, desde 1989 hasta ahora la provincia pudo licitar ciertas áreas marginales que le cedió Nación. Si bien la mayoría de los veces lo hizo mediante una sociedad anónima del Estado llamada Hidenesa -que participa minoritariamente de las concesiones-, en los últimos años el gobierno entregó áreas en exploración a privados.

El subsecretario de Energía , Ricardo Rodríguez Alvarez, y el director de Hidrocarburos, Enrique Montecino, dijeron que Neuquén peleará por la propiedad de las áreas petroleras y gasíferas cuyas concesiones venzan de acá en adelante, pero reconocieron que para no tener problemas, antes será necesario reformar la Constitución.

Huantraico y Puesto Hernández, primeros en la lista

Las concesiones de dos yacimientos petrolíferos más importantes de la cuenca Neuquina vencerán dentro menos de 15 años. Aunque sus reservas decaerán notablemente, para entonces estas dos grandes áreas pasarán a la propiedad del Estado provincial.

Pero antes el gobierno neuquino podría comenzar a concesionar yacimientos menores, como Cordillera del Viento, ubicado en el noroeste de la provincia, en el que la administración de Jorge Sobisch tiene grandes expectativas.

Mientras el plazo de las concesiones nacionales corre, el traslado de la propiedad del subsuelo a las provincias le permitirá comenzar a ejercer el poder de policía ambiental y controlar la actividad contaminante de la producción de gas y petróleo. Hasta ahora tuvo grandes problemas de jurisdicción para hacerlo.

Desde 1989, Neuquén comenzó a recibir el remanente de las grandes licitaciones nacionales, pero no pudo concesionar todas las áreas y algunas permanecen inexploradas -Piedra Chenque y Cerro Vagón-.

El director de Hidrocarburos de la provincia, Enrique Montecino, adelantó que el gobierno recibió ya grandes demostraciones de interés por el área Cordillera del Viento, que está a punto de pasar a la jurisdicción neuquina.

Huantraico, junto a El Trapial, ambas operadas por San Jorge-Chevrón, forma parte del Plan Houston. La puesta en producción coincidió con la concesión de Puesto Hernández a una UTE liderada por Pérez Companc e YPF.

El primero tenía en 1998 una producción diaria de unos 9.500 metros cúbicos y el segundo, entre 6.000 y 7.000 metro cúbicos de petróleo.

La oposición pide consenso

Los diputados de la Alianza y del PJ ya se pronunciaron sobre la necesidad de una reforma constitucional pero advirtieron que debe ser fruto del consenso.

La mención más reciente la hizo el referente peronista Aldo Duzdevich cuando en el recinto se estaba tratando el acuerdo para el fiscal de Estado. Allí, el justicialista hizo notar que la Constitución neuquina carece de estructuras de control de la administración acordes con el criterio pluralista que se siguió en la reforma nacional.

En Neuquén, los cinco miembros del Tribunal de Cuentas, el fiscal de Estado y el contador general pueden pertenecer al oficialismo, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde la reforma constitucional de 1994 le otorgó este tipo de puestos a la oposición.

De hecho, los siete puestos mencionados -que precisan acuerdo legislativo- fueron propuestos siempre por el Movimiento Popular Neuquino.

Los diputados y los miembros del Tribunal Superior de Justicia serán convocados por el ministerio de Gobierno para analizar junto al Ejecutivo los puntos de la reforma neuquina.