Nido de víboras

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Por desgracia, no hay demasiados motivos para suponer que la diputada Elisa Carrió haya mentido cuando afirmaba que, en el 2001, el recién nombrado ministro de Seguridad Arturo Puricelli –el que, como es notorio, en aquel entonces estaba enemistado con el gobernador santacruceño Néstor Kirchner–, le había contado “lo que robaba” el hombre que dos años más tarde se erigiría en presidente de la Nación. En nuestro país, la política es así. Para muchos dirigentes, la gravedad de los actos de corrupción depende de quién los comete. De tratarse de un amigo, aliado o, cuando menos, de alguien que podría serles útil, están más que dispuestos a pasarlos por alto, calificándolos de “anécdotas” sin importancia, pero si lo que quieren es hacer tropezar a un rival, no vacilarán un solo momento en denunciarlos, aseverándose resueltos a ir a cualquier extremo a fin de librar al país del flagelo que tanto ha contribuido a mantenerlo subdesarrollado. Puede que Carrió sea una excepción a esta regla deprimente, pero no hay forma de saberlo. En cuanto a Puricelli, pocos dudarán que sí estaba al tanto de lo que hacían Néstor Kirchner y su cónyuge, Cristina Fernández de Kirchner, para “construir poder”, empresa que, como ellos mismos decían, los obligaba a amontonar muchísimo dinero, y que aprovechaba dicha información para promover sus propios intereses. Al cambiar las circunstancias, los integrantes de la pequeña elite política de Santa Cruz se sintieron constreñidos a elegir entre aferrarse a los principios severos que solían reivindicar por un lado y, por el otro, pactar con el nuevo caudillo nacional. Algunos, ya alarmados por el autoritarismo y falta de escrúpulos del mandatario, optaron por continuar oponiéndosele, otros por hacer gala de su condición de “pingüino” a sabiendas de que el presidente Kirchner sería reacio a correr el riesgo que le supondría poner a prueba su lealtad. En efecto, ya antes de hablar la diputada Carrió de su encuentro con Puricelli en el 2001 en que, dice, el santacruceño le mostró cómo el gobernador “se quedaba con los intereses de la deuda” y usaba “los fondos de regalías de YPF”, muchos habían atribuido la decisión de trasladarlo del Ministerio de Defensa, en el que su desempeño como titular fue lamentable, a Seguridad, al presunto miedo de la presidenta Cristina a lo que sería capaz de decir si fuera echado del gobierno. En una sociedad tan corrupta como la nuestra que, conforme a Transparencia Internacional, es equiparable en este ámbito con ciertos países africanos y asiáticos, es inevitable que haya un superávit de políticos y funcionarios inoperantes que logran hacer carrera en base a nada más que su capacidad para ocasionar problemas a los poderosos de turno; mal que nos pese, formas de actuar que en otras latitudes les impedirían abrirse camino en el mundillo político, aquí les resultan ventajosas. La corrupción se ha institucionalizado en la Argentina no sólo porque la cultura política nacional es llamativamente permisiva –según una encuesta reciente, el 55% de los porteños cree que es “aceptable” que un político sea corrupto con tal que ayude a mejorar la economía y solucionar los problemas del país–, sino también porque los organismos de control se han visto desbaratados y la Justicia propende a adaptarse a las necesidades del movimiento político coyunturalmente dominante. Tales deficiencias se han visto agravadas por la llegada a la presidencia de exgobernadores de provincias poco pobladas, como La Rioja en el caso de Carlos Menem y Santa Cruz en el del matrimonio Kirchner. Si bien es comprensible que Menem y los Kirchner se hayan rodeado de comprovincianos amigos o demasiado peligrosos como para prescindir de ellos, además de integrantes de sus familias respectivas, los ejemplos que nos han brindado deberían servir de advertencia sobre los riesgos planteados por la presencia en el gobierno nacional de tales conjuntos que, a juicio de los desplazados, a menudo se comportan como mafias. Puede que, de ser cuestión de jurisdicciones mayores, como Buenos Aires o Córdoba, los riesgos planteados por el desembarco de un grupo cerrado de provincianos no sean tan graves, pero así y todo convendría que en adelante aquellos gobernadores que aspiran a instalarse en la Casa Rosada tuvieran que esperar varios años en el llano antes de completar la mudanza.