No avanza el proyecto de un banco de tierras en Cipolletti

La demora en el tratamiento del proyecto de banco de tierras volvió a mostrar las dificultades que existen entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo cipoleño. La ordenanza, que prevé una herramienta para el área de Catastro a fin de regularizar los asentamientos, lleva más de siete meses en el órgano legislativo y aún se encuentra en la comisión de Obras y Servicios Públicos, que preside la oficialista Marcela Linhardo. Estaba previsto que los integrantes de la comisión se reúnan hoy para avanzar en el despacho, pero finalmente el encuentro se trasladó para el martes próximo.

“Nosotros necesitaremos esa ordenanza porque es una herramienta de trabajo y el Poder Legislativo es el que puede definir cómo vendés el patrimonio público o privado del municipio”, explicó Roberto Bianchi, director de Desarrollo Urbano y Catastro.

El funcionario explicó que por ejemplo necesitan la norma para regularizar Las Perlas, y todas los asentamientos que estén en terrenos fiscales, como El Espejo o los recientemente expropiados – Obrero a y B, 2 y 10 de Febrero y Nueva Esperanza. Hace algunas días le elevaron varias observaciones con pedidos de informes para el Ejecutivo, que le respondió al día siguiente. Una fuente del legislativo municipal advirtió que “se generaron falsas expectativas”.

Muchos ciudadanos creyeron que el banco de tierras preveía terrenos para vender y lo que fija la ordenanza es la regularización de las ventas de terrenos privados y públicos del municipio.

Requisitos Según el artículo 2 del proyecto, pueden acceder grupos familiares “estables” que tengan lazos de parentesco. Todos deberán estar registrados en un relevamiento territorial. Quienes quieran acceder a un terreno no pueden tener ningún inmueble. Dentro del grupo familiar deben tener DNI argentino, con un mínimo de tres años de residencia inmediata en la ciudad.

Ademas, las personas interesadas que no constituyan un grupo familiar deben ser mayores de 30 años. Otro de los requisitos es que los ingresos mensuales deben ser inferiores a la suma de cuatro salarios mínimos vitales y móviles. La condición más polémica del proyecto es el inciso “k” del artículo 2, que establece que es necesario “no haber sido ocupante ilegal de inmuebles de propiedad y/ o del domino eminente de la Municipalidad”.