No hubo acuerdo para 40.000 afiliados al Ipross

VIEDMA (AV)- Las autoridades del Instituto Provincial del Seguro de Salud y prestadores médicos privados de Viedma no llegaron a un acuerdo para reanudar las prestaciones a unos 40.000 afiliados de esta ciudad.

La segunda ronda de conversaciones se desarrolló ayer en el Superior Tribunal de Justicia que convocó a discutir a las partes, tras varios años de desacuerdo. Sin embargo cerca de las 21 se informó que no hubo acuerdo entre las partes y ahora serán los jueces del STJ quienes deberán resolver la situación.

Como se trata de un amparo colectivo, los jueces tienen un plazo de diez días hábiles a partir de mañana viernes (oportunidad en que serán sorteados los votos), para dictaminar sobre el tema.

Durante la mañana llegaron al máximo tribunal el presidente de la obra social provincial, José Luis Collinao, y el titular del Colegio Médico Zona Atlántica, Osvaldo Galaburry. El encuentro contó con la participación del fiscal de Estado, Alberto Carosio, y de la defensora del Pueblo, Ana Piccinini.

Luego de cuatro horas de deliberaciones, se supo que no hubo coincidencias, dado que una asamblea de médicos rechazó el ofrecimiento de 11 pesos de cápita -por afiliado-, ya que según Galaburry, declaró inadmisible la propuesta porque no cumplía los requisitos económicos.

Plantearon en esa instancia que no se ajustaba a lo requerido debido a que tampoco se reconocía las especialidades médicos y además quedaba ese reconocimiento bajo la potestad de la obra social.

Si bien se les explicó que con todos los adicionales se podría alcanzar un máximo de 23 pesos, los profesionales reclamaron 30 pesos como para mantener el nivel de ingresos del año 1997, rechazándose la oferta que era similar a lo que acordaron percibir los asociados de la Federación Médica de Río Negro.

Los representantes de cada sector se retiraron para reunirse por separado alrededor de las 15, pasando un cuarto intermedio hasta las 20, oportunidad en que volvieron a encontrarse con el presidente del STJ, Víctor Hugo Sodero Nievas, tras lo cual se conoció el fracaso de las negociaciones.

El intercambio a ese nivel se decidió dentro de los términos de un amparo presentado por la defensoría al considerar que se estaba produciendo una situación de iniquidad entre los propios afiliados de la obra social.

Tanto en la zona Atlántica como en El Bolsón, los afiliados se ven obligados a pagar de sus bolsillos casi 50 pesos por consultas médicas y sólo tienen un reintegro de unos 12 pesos, frente a la falta de un acuerdo. En el resto de la provincia, los médicos atienden sólo recibiendo el bono de consulta, que cuesta 2,50 pesos.

Para preservar su interés, tanto Piccinini como los asesores legales de los prestadores hicieron reserva de caso federal.

En su presentación, la defensoría planteó como argumento que se están violando derechos de igualdad de los afiliados, dado que existe un descuento compulsivo de haberes sin la correspondiente prestación de servicios para una importante porción del padrón de ese instituto. En su presentación, la defensora advirtió una desigualdad ante la ley.